Friday, June 14, 2024
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Caso de las 19,900 llamadas al Sistema 911 evidencia la crisis de salud mental en PR

El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina señaló, hoy jueves, que el reciente arresto de un hombre residente en el municipio quien alegadamente usó indebidamente el Sistema 911 y llamó 19,900 veces en un período de un año, “evidencia la crisis de salud mental en Puerto Rico y la urgencia que tiene ampliar y facilitar  el acceso a los servicios de salud mental de manera preventiva a la población”.

“Hago estas expresiones con mucho respeto porque conozco a la persona implicada y la impresión que se tenía sobre él era que necesitaba ayuda.   Naturalmente un acto ilegal no se justifica, sin embargo, es necesario ofrecer las herramientas necesarias para manejar este tipo de casos”, mencionó Vázquez Molina.

Previo a su elección como alcalde, Váquez Molina, dedicó años de su vida profesional como director de las oficinas de Servicios a la Comunidad y Base de Fe en el Municipio de Guayama.  Según explicó fueron múltiples los casos que manejó en los cuales se evidenciaban problemas de salud mental.

El operativo se desarrolló el pasado jueves en el edificio E-17 del residencial San Antonio Carioca, y se le señala al acusado que llamó casi veinte mil veces al sistema de emergencias en un año. De esas llamadas, se destacan comunicaciones interconectadas donde, en ocasiones, la persona entrelazaba hasta tres telecomunicadores a la vez. De esa manera, el hombre mantenía esas tres líneas ocupadas, usándolas para hablar y alegar falsas emergencias.

Posterior a una querella que el propio personal del Sistema 9-1-1 realizó a la uniformada por un alegado uso indebido se produjo el allanamiento. La incursión en el residencial fue dirigida para ocupar celulares, computadoras, discos duros, documentos y todo aquel equipo capaz de comunicarse con el sistema, por instrucciones de la fiscal Naydik Ramos Montesino.

De ser declarado culpable, se estima que el imputado podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por esos delitos. “Las autoridades policiales y fiscalía son los llamados a llevar a cabo las acciones correspondientes, y deben considerar el insumo médico-social”, finalizó Vázquez Molina.

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