El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció la aprobación de una medida dirigida a eliminar la proliferación de embarcaciones abandonadas en las costas puertorriqueñas.
“Durante años, se ha denunciado el problema que enfrenta Puerto Rico con las embarcaciones abandonadas. En particular, durante el año pasado, la prensa y varios comunicados oficiales de la Autoridad de Puertos (AP) y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) retomaron el tema y denunciaron nuevamente la situación de las embarcaciones abandonadas y el problema que presenta para la salud, la seguridad pública, el turismo y el ambiente”, señaló Dalmau Santiago.
“Ante la denuncia pública, nos dimos a la tarea de buscar toda la información sobre esta problemática. El resultado de la investigación arrojó lo siguiente:
- En las facilidades de la Autoridad de Puertos existen sobre 12 embarcaciones abandonadas o ilegalmente ancladas en su jurisdicción, sin que puedan tomar acción alguna.
- El DRNA informó que no hay Ley que defina “embarcación abandonada” y que tienen un borrador de protocolo, pero este no ha sido adoptado de forma oficial.
- Informaron que habían localizado 100 embarcaciones abandonadas, sin incluir que no se ven por estar hundidas.
- Surge de otra información que existen cientos de otras embarcaciones abandonadas en lugares como la bahía de Salinas, la Isla de Mona y otras partes del litoral costero de todo Puerto Rico.
- De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés), de los 31 estados y territorios costeros de los Estados Unidos, solo New York, American Samoa y Puerto Rico NO han atendido de manera alguna el manejo de las embarcaciones abandonadas.
- De los 28 Estados, 13 de ellos solo tienen legislación que regula el abandono de las embarcaciones; mientras que los restantes 15 presentan legislación, aportación gubernamental y programas sobre embarcaciones abandonadas o dos de estos mecanismos.”
“Ante este escenario, se hace imperativo legislar para atender este problema que, como expresé antes, incide sobre la salud, la seguridad pública, el turismo y el ambiente. Por tanto, presenté, y hoy el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1101, para enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, expresó el presidente del Senado.
“La medida tiene como propósito:
- definir lo que constituye una embarcación o vehículo de navegación abandonada;
- establecer que la embarcación abandonada no tiene permiso para permanecer en los cuerpos de aguas de Puerto Rico;
- disponer sobre un procedimiento a seguir por parte del DRNA para la remoción, relocalización y disposición de tales embarcaciones y unos criterios de prioridad que debe tener en cuenta al hacer su remoción;
- disponer sobre un procedimiento para que la persona privada pueda apropiarse de una embarcación o vehículo de navegación abandonado en ciertos escenarios.
Este último punto permitiría a pescadores retomar algunas de estas embarcaciones para su uso”, expuso el líder senatorial.
La legislación define embarcación abandonada como aquel vehículo de navegación que ha sido dejado, renunciado o entregado por su dueño, sin la intención de reanudar cualquier interés o derecho en este. Puede estar en buen estado, deteriorado o destruido y podría reunir alguna de las siguientes características: marbete expirado por seis (6) meses o más; no tiene forma de ser identificado; su dueño no puede ser localizado mediante las bases de datos gubernamentales; está amarrado ilegalmente a una boya; se encuentra en un muelle o puerto sin la autorización correspondiente; localizado en puntos de anclaje no autorizados; atracado, varado, hundido o parcialmente hundido; obstruye los canales de navegación; representa un riesgo para la salud pública o los ecosistemas; se encuentra en una condición de deterioro notablemente avanzada como chatarra, sustancialmente dañado o desmantelado entre otras circunstancias.
“La legislación que se consideró como ejemplo para la redacción del proyecto fue la del estado de Carolina del Norte. Así comenzamos a limpiar nuestras costas de embarcaciones que dañan el paisaje y contaminan nuestras playas y bahías”, finalizó Dalmau Santiago.
