La Ley 51 resulta ambigua por lo que persisten serias dudas sobre artículos envasados o empacados en plásticos cuyo consumo es indispensable para el puertorriqueño por estar relacionados con la higiene y salud. Además, afectaría productos como muebles, enseres, entre otros, de no aplazarse su entrada en vigor.
La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) y otras entidades del
sector privado comparecieron a las vistas públicas convocadas por la Comisión de
Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico para solicitar que se
apruebe el Proyecto del Senado 1374. Este busca posponer la entrada en vigor de las
prohibiciones contenidas en la Ley Núm. 51-2022, conocida como “Ley para prohibir el
expendio y utilización de plásticos de un solo uso”, que comenzará el próximo mes de
junio.
Como es sabido, la Ley 51 provee para que a partir del mes de junio quede prohibida la
venta y expendio de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido, comúnmente
conocido como foam. Sin embargo, la ACDET presentó serias preocupaciones y varios
puntos que profundizan en por qué dicha ley debe aplazarse y pasar por un proceso de
enmiendas que permitan su viabilidad y efectividad, ya que, aunque la discusión
pública se ha limitado a productos como sorbetos, platos y cubiertos desechable, su
impacto al consumidor sería de mayor alcance.
El sector privado señaló que la Ley 51 resulta ambigua y carece de claridad. Si bien
están de acuerdo en apoyar programas y medidas para frenar el impacto del
calentamiento global y en promover la responsabilidad empresarial en torno a la
conservación del medioambiente, debe hacerse de forma ordenada, planificada y en
fases.
“Estamos a favor de implementar medidas dirigidas a aminorar el impacto ambiental.
Sin embargo, esto debe hacerse de forma ordenada, en fases y contando con una base
legal clara. A menos de cinco meses de que entre esta ley en vigor, ni siquiera se ha
promulgado el reglamento que regirá la implementación de la misma y que debería
aclarar todas las lagunas que la ley tiene”, expresó José González, presidente de la
ACDET.
Existe gran preocupación sobre los materiales que estarán permitidos al entrar en vigor
la prohibición, pues la Ley 51 guarda silencio sobre el particular y aun no se ha
promulgado ni adoptado el reglamento que viabilizará su implementación. Dicho
reglamento es responsabilidad conjunta del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Al presente, el comercio y los distribuidores cuentan con inventario para satisfacer las
necesidades del consumidor para todo el 2024, tanto con materiales que estarán
prohibidos como otros que razonablemente se presume que podrían estar autorizados
para la venta. Es decir, el impacto de la implantación de esta ley, de la forma que hoy
está redactada, sería de grandes proporciones. Esto provocaría pérdidas millonarias en
las operaciones de todo el comercio, desde las PyMes hasta cadenas multinacionales,
impactando así el costo y la oferta al consumidor.
Otro aspecto importante es que como secuela de la falta de claridad de la Ley 51 y de
la aprobación de un reglamento, se han dilatado las compras que deben realizar los
suplidores y comercios para satisfacer la demanda de productos de consumo diario.
“Hoy no podemos garantizar que, si la prohibición entra en vigor en junio, contemos con
inventario suficiente para suplir las necesidades del consumidor puertorriqueño y los
comercios, en especial los pequeños que sabemos dependen de toda la cadena de
distribución. Una implementación a destiempo y poco planificada, creará una escasez
de productos riesgosa e innecesaria”, acotó José González.
“Además, hemos levantado bandera de que existen dudas sobre determinados
artículos que están empacados o que tienen que ser servidos en plásticos. Por
ejemplo, debido a la reglamentación federal, los productos de uso médico y
medicamentos tienen que ser empacados o dispensados en plásticos. Otros productos
como los electrónicos, muebles, agua embotellada, productos de higiene personal,
entre otros, ya vienen empacados con plásticos o foam, y estando éstos en el comercio
interestatal e internacional, no pueden ser regulados por las autoridades de Puerto
Rico”, añadió González.
Otras preocupaciones esbozadas por el sector privado giran en torno a la competencia
desleal por las ventas por internet y la falta de capacidad del gobierno para el manejo
de compostables, ya que en la isla solo operan unas cinco plantas de composta, que
no cuentan con la capacidad para procesar la inminente avalancha de productos
compostables que generaría la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un
solo uso y foam.
