Con una deuda pública pendiente de pago de $40.6 millones, la Autoridad de Tierras solicitó hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes una asignación de $12 millones para poder continuar su funcionamiento durante el año fiscal 2024-2025.
Esta cantidad, explicó la agencia durante la continuación de las vistas públicas de presupuesto, representa un incremento de más de $5 millones a la partida que recomendó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que fue de $6.8 millones.
“Para que la agencia pueda operar eficientemente y cumplir con la política pública y los compromisos programáticos, es imprescindible que se nos apruebe el presupuesto sometido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal 2024-2025”, expresó el director ejecutivo de la Autoridad, Irving Rodríguez Torres, quien estuvo acompañado por el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró.
Rodríguez Torres explicó que las deudas pendientes por pagar al 28 de febrero del 2024 se desglosan, primeramente, en $7.4 millones con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) que corresponden a diversas remediaciones o multas que, en su momento, la agencia no pudo pagar.
González Beiró indicó que administraciones pasadas acordaron saldar las deudas adquiridas en tres de esos casos, pero “no lo hicieron, y eso se ha seguido acumulando”.
La Autoridad también sostiene una deuda de $11.7 millones con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) debido a aumentos en los números de catastro a pesar de que hace unos años el tribunal eximió a la agencia de pagar por sus terrenos. Nunca se ha depurado la lista que se presentó en ese momento con los números de catastro, comentó Rodríguez Torres.
Los funcionarios detallaron que la Autoridad había pagado hasta $2 millones en deuda, pero la corte retuvo el dinero. “Eso que queda ahí es lo que estaba pendiente del pleito. Había una cantidad de dinero consignada en el tribunal y la última gestión fue para que liberaran eso y se le pasara al CRIM”, aclaró González Beiró.
La Autoridad cuenta, además, mantiene una deuda de $2.4 millones con el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y otros $18.9 millones con el sistema de pago directo de obligaciones pensionales PayGo.
Rodríguez Torres destacó que la agencia genera sus propios fondos de los arrendamientos de terrenos con desarrollo agrícola, intereses bancarios, regalías, ventas de terrenos no agrícolas, entre otros alquileres. También recibe un 5% de las asignaciones de la Ley 173-2020.
El agrónomo abundó que la agencia enfrenta retos económicos, por lo que solicitó a la JSF un aumento de $1.5 millones al presupuesto del año fiscal vigente que fueron aprobados por el organismo federal el pasado 11 de marzo. Esta partida adicional elevó el presupuesto a $11.6 millones con una proyección de gasto de un 100% para el próximo 30 de junio.
Sin auditoría del Contralor
González Beiró informó a la comisión cameral que la Autoridad aún no ha recibido el informe de la auditoría encaminada por la Oficina del Contralor sobre el uso de los fondos del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes y tampoco ha recibido una comunicación oficial que desglose las fallas que aún permanecen por atender.
El titular de Agricultura aseguró, sin embargo, que las deficiencias señaladas públicamente por la contralora Yesmín Valdivieso han sido atendidas por la agencia.
“Esas fallas que ella señala son las que yo señalé. Hice referidos a Justicia. Demandé a dos entidades en recobro de dinero. Hicimos el trabajo. Todo lo que ella menciona lo hicimos hace dos años”, dijo González Beiró, mientras afirmó que los señalamientos sometidos a Justicia fueron referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
No obstante, el PFEI determinó pausar las investigaciones hasta que el Contralor culmine su auditoría para evitar una duplicidad de esfuerzos. “Hemos corregido esos señalamientos que ella ha hecho. Si ella entiende en su informe que todavía quedan cosas por hacer, las corregiremos”, agregó González Beiró.
A cuestionamientos de los legisladores, el secretario afirmó que está tomando “todas las medidas para salvaguardar la transparencia” en la distribución de los fondos.
“Aquí lo importante es que no se ha hecho la obra. Es un dinero público que alguien tiene que responder por él”, puntualizó el representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda.
