El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, defendió la Ley 80-2017 la cual rompió el posible monopolio que tenía el gobierno a través de un proveedor de Internet, PREPA.NET, y el ente regulador, el ahora Negociado de Telecomunicaciones.
“Esta ley vino a atender la gran preocupación de que el gobierno tenga un rol dual en el mercado de las telecomunicaciones, como proveedor (PREPA.NET) y regulador mediante el Negociado de Telecomunicaciones. El permitir participar al gobierno acaparar el mercado al detal de servicios de telecomunicaciones e información podría tener como consecuencia la disolución del mismo porque tendrían unas ventajas que el sector privado no tiene”, comentó el líder del PNP en la Cámara Baja.
“Hoy en Puerto Rico existen sobre 100 compañías de servicios de Internet de alta velocidad, algo que en el 2017 no se pensaba. Hoy el mapa de cobertura de Internet en la isla está casi repleto. Todo eso tiene su génesis en la Ley 80-2017. Haber dejado la estructura como estaba le hubiese dado a PREPA.NET ventajas sobre los demás. Las corporaciones públicas y sus subsidiarias no pagan contribuciones. Las subsidiarias podrían utilizar la infraestructura de su matriz a precio descontado o a ningún costo. La matriz podría subvencionar, de forma directa o indirecta, las operaciones de la subsidiaria a través de subsidios cruzados. Hubiese sido una competencia desleal”, añadió Méndez.
El cuatrienio pasado el Portavoz novoprogresista fue el autor del Proyecto de la Cámara 27, que se convirtió en la ‘Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico’.
En el cuatrienio 2013-2016 hubo un esfuerzo bipartida mediante el Proyecto del Senado 1370, presentado por Ramón Luis Nieves, Ramón Ruiz Nieves, Lawrence ‘Larry’ Seilhamer y Carmelo Ríos)con el propósito de evitar un monopolio de servicios de comunicaciones de fibra óptica en Puerto Rico. Dicha medida fue aprobada en ambos cuerpos pero vetada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla
“Hoy tenemos un mercado de telecomunicaciones en crecimiento vibrante y donde empresas con capital local han podido entrar y ofrecer sus productos y servicios a precios competitivos, para el beneficio de los consumidores puertorriqueños. Ese es el legado de la Ley 80. Continuaremos defendiendo estos parámetros de libre competencia y libre mercado”, concluyó diciendo.
