Durante la mañana de ayer, viernes, 10 de noviembre de 2023, el juez de apelaciones,
Hon. Ricardo Marrero Guerrero, presentó un recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para hacer valer el aumento de sueldo a los
jueces y juezas de Puerto Rico, esto de conformidad con el Plan de Retribución de los
Empleados del Poder Judicial, según aprobado por la Junta de Control Fiscal. Los
fondos para la puesta en vigor de dicho Plan de Retribución fueron aprobados
mediante la Resolución Conjunta Núm. 39 del 29 de junio de 2023 sobre el
Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico y están separados por la Oficina de
Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
En su recurso, el juez Marrero alega que no es necesaria la aprobación de legislación
ulterior para que dichos fondos sean destinados al Poder Judicial a los fines de
implementar el aumento de salario a sus jueces. En tanto, la Resolución Conjunta
sobre el Presupuesto constituye una ley especial que autoriza el uso de dichos fondos.
Alega, además, que la intención de la Cámara de Representantes de sujetar la
utilización de dichos fondos a un aumento a sus legisladores viola el principio de
separación de poderes y constituye un agravio al precepto constitucional de
independencia judicial.
La demanda del juez Marrero fue presentada por conducto de los licenciados José A.
Andréu Fuentes y Frank C. Torres Viada.
“La pretensión del presidente de la Cámara de Representantes de condicionar la
aprobación del aumento a los jueces de Puerto Rico a la aprobación de un aumento a
los legisladores es una actuación que no solo viola la Resolución Conjunta sobre el
Presupuesto, que fue aprobada previamente por ambas Cámaras y por el Gobernador
de Puerto Rico, sino que constituye un claro atentado a la separación de poderes
establecida en nuestra Constitución y al principio de independencia judicial inherente a
nuestro diseño constitucional. En palabras sencillas, la Cámara de Representantes no
puede mantener de rehén a la Judicatura de Puerto Rico, por mero capricho, con el
único fin de aumentar el salario de sus propios legisladores. En términos prácticos lo
que hace con ello es menoscabar la independencia de la Rama Judicial”, expresó el
Lcdo. Andréu Fuentes.
Por su parte, el Lcdo. Torres Viada indicó que “la importancia de este recurso radica
justamente en vindicar la independencia necesaria para el buen funcionamiento de la
Rama Judicial en nuestro ordenamiento constitucional democrático, la cual no puede
estar de forma alguna subordinada a consideraciones ajenas al fin último de una
adecuada y sana administración de la justicia. Después de todo, no se trata meramente
del salario de los jueces, sino de garantizar los derechos de todos los puertorriqueños”.
