A pesar de que la EPA reconoció el riesgo que supone el consumo de pesca de la
bahía a raíz de la investigación del Centro de Periodismo Investigativo, ni el
municipio ni las agencias federales o locales han tomado medidas para evitar la
pesca recreativa y educar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir especies
de este cuerpo de agua.
Por Gabriela Carrasquillo Piñeiro | Centro de Periodismo Investigativo
Son las once de la mañana y Manuel Román, con su cuerpo y rostro envueltos en
camisetas para protegerse del sol, culmina su jornada de pesca que inició a las seis
en la Bahía de Guánica, al sur de Puerto Rico.
La pestilencia que emana de la bahía es insoportable en este lado de la costa, y
aunque son diversos los factores que contribuyeron a su contaminación, la Agencia
federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) investiga desde 2018 la presencia
de un químico que se ha identificado en esas aguas a niveles que representan
riesgo a la salud de la comunidad y el ambiente. Se trata de los bifenilos
policlorados (PCBs, en inglés), una sustancia que solía ser utilizada comúnmente
como lubricante en transformadores eléctricos y que fue prohibida por la EPA en
1979.
Guánica, barrio Ensenada. Crédito: Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo
Manuel Román
A pesar de que desde el 2020 la EPA sabía que la zona contaminada de la bahía es
utilizada por residentes para el consumo de mariscos, la División del Caribe de la
EPA, que maneja la respuesta del caso, negó al CPI durante siete meses que esta
actividad en efecto estuviera ocurriendo. Pero en expresiones días antes de la
publicación de esta investigación, la agencia aceptó que erró al asumir que no se
están consumiendo pescados de la bahía.
“Reconocemos la confusión sobre el consumo de pescado de la Bahía de Guánica
por parte de los pescadores recreativos. Las referencias anteriores hechas por la
EPA, que sugieren que la comunidad no consume pescado de la bahía, pueden
haberse originado de anécdotas ofrecidas por fuentes locales”, dijo la agencia a
preguntas del CPI. “La EPA aconseja al público que tenga cuidado al considerar el
consumo de pescados y cangrejos de la Bahía de Guánica. Estamos trabajando
activamente para abordar estas preocupaciones y garantizar la seguridad y el
bienestar de las comunidades locales”, añadieron por medio escrito sin detallar qué
medidas concretas están tomando.
Correo electrónico
Al momento, los gobiernos, local y el federal, aún no han alertado al público ni han
prohibido la pesca en el lugar que es visitado por pescadores y visitantes de
distintas partes del archipiélago. La EPA dice que el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Salud son las agencias que
podrían intervenir de manera preventiva, mientras el DRNA dice que no ha tomado
acción porque la EPA es la que tiene el control de todo el proceso.
Según los Centros para Control de Enfermedades (CDC) y la misma EPA se ha
identificado que una exposición prolongada a altas concentraciones de los PCBs
podría causar algunas condiciones — inclusive cáncer — de la piel, del hígado;
impacto en el sistema inmune, afectar el desarrollo cognitivo de la niñez y durante el
embarazo. Resaltan que aún hacen falta más estudios sobre los efectos de los
PCBs en la salud humana.
El químico con potencial cancerígeno fue reportado desde 1998 en Guánica por la
Junta de Calidad Ambiental (JCA) en los terrenos donde operó una de las fábricas
de fertilizantes de Ochoa Fertilizer. Los gobiernos, local y federal, tardaron 20 años
en investigar el caso y alertar a las comunidades.
[Mapa comunidad: 60 años de diferencia delimitando ambos lotes y las
fábricas de la zona este de la bahía]
En 2018 la EPA confirmó la presencia del químico en el 43% de los patios de las
casas y negocios incluidos en su muestra en la barriada Esperanza, y en el 2022 lo
incluyó en la lista de prioridades nacionales de su programa de limpieza de terrenos
conocido como Superfondo. En marzo de este año, la empresa W.R. Grace, dueña
del terreno, llegó a un acuerdo para pagar $10 millones por la limpieza. Los trabajos
aún no comienzan, según vecinos entrevistados. A preguntas del CPI, la agencia
indicó que comenzará a principios de enero. Mientras se realiza la limpieza,
catalogada como una de emergencia por la misma EPA, el trabajo de investigación
que se extendería a la bahía está en pausa.
La EPA sostuvo que, a pesar de que los hallazgos de otras investigaciones
científicas sobre el contaminante en este cuerpo de agua fueron la razón por la que
entraron a investigar la zona, no pueden tomar ninguna acción preventiva hasta que
termine su propia investigación.
Por su parte, la Agencia federal de Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades (ATSDR, en inglés), una dependencia afiliada al Departamento de
Salud federal, sí tiene una investigación en curso sobre los riesgos que existen a la
salud pública que incluye las aguas de la zona, pero no tiene estimado de la fecha
de conclusión.
La directora de la división del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero, sostiene que su
agencia no puede tomar medidas de prevención en la bahía a menos que ATSDR
lo recomiende.
“Si supiéramos que hay algún riesgo inminente o algún peligro para la comunidad,
esas medidas preventivas se estarían llevando a cabo. No es necesario que formen
parte de un documento para que yo diga: ‘EPA, tienes que detener esto y evitar esta
exposición’, dijo por su parte el toxicólogo que lidera la investigación de Salud
federal, Luis Rivera González.
Mientras tanto, allí la vida continúa para quienes viven de lo que pescan.
Incierto el impacto a la salud de residentes
Manuel lleva 25 años sosteniendo a su familia con la pesca: mero, sardinas, dorado,
pargo. Aprendió a pescar con su padre, quien no ha podido regresar al mar desde
que inició quimioterapia contra un cáncer de hígado, enfermedad que también
sufrieron tres tíos de Manuel que fallecieron el año pasado, relató el pescador.
“Siempre hemos dicho: ‘eso es la pudrición esta, [que] nos ha matado poco a poco’.
[…] Le coge uno miedo a esto aquí, pero uno, nacido y criado aquí, a veces dice
‘na’, olvídate de eso’”, dice mientras sonríe resignado.
Manuel Roman
Las historias de personas enfermas se repiten en las comunidades que bordean la
Bahía de Guánica: enfermedades del hígado, cáncer de colon, riñones, pero dado a
que el Gobierno de Puerto Rico nunca ha investigado el impacto que tuvo la
contaminación de esta zona que por décadas ha sido una de alta concentración
industrial, se desconoce el número de personas que podrían haber fallecido por esta
causa.
Cuatro expertos en salud pública y ciencias ambientales consultados por el CPI
resaltaron la característica acumulativa del químico en el cuerpo, particularmente en
casos en que las personas han estado expuestas por tiempo prolongado.
“Una vez consumes PCBs a través de comida, aire o agua, no salen de tu cuerpo,
son solubles en la grasa, lo que significa que se adhieren a la grasa de tu cuerpo y
continúan bioacumulándose”, detalló el científico Naresh Kumar, del Departamento
de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami.
“Empiezan en el lado bajito de la cadena alimenticia, como [sucede con] el mercurio,
y se va bioacumulando hasta que llega un punto en que si llega a tu cuerpo, no hay
manera de sacarlo, porque le gusta estar ahí. Así que los PCBs son un problema”,
detalló Ingrid Padilla, profesora del Recinto de Mayagüez de la Universidad de
Puerto Rico, especialista en contaminación en recursos de agua.
Imperativa la participación del gobierno local ante los potenciales riesgos
Cuatro expertos señalaron además que, mientras la EPA concluye sus
investigaciones, el municipio y las agencias locales podrían tomar medidas
coordinadas con la agencia federal para alertar a la población y minimizar la
exposición al riesgo de las comunidades en la zona. Esto puede incluir,
mínimamente, advertencias en el área afectada y gestiones educativas que hagan
accesible la información a la comunidad y el público que visita.
“Esto no puede ser un secreto […] Si ya el gobierno local tiene conocimiento de lo
que está pasando en esa bahía, corresponde también tener unos planes de
comunicación de riesgo y de educación para que haya una reducción de exposición,
minimizar la exposición a esos contaminantes en lo que [la EPA] va haciendo la
limpieza”, denunció Pablo Méndez, profesor de salud pública en el Recinto de
Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Las múltiples fuentes de contaminación a las que han estado expuestas las
comunidades en Guánica, y que han contribuido al estado de deterioro actual
resultan de las actividades industriales negligentes de la zona como el manejo
inadecuado de contaminantes que terminaban en suelos y cuerpos de agua,
coincidieron los expertos.
“Demuestra una práctica de manejo industrial que no era la más adecuada. Hay que
pensar que eran los 50 o 60, y la mayoría de la reglamentación ambiental que
actualmente tenemos vigente no existía”, resaltó el profesor de Salud Pública del
RCM de la UPR, Luis Bonilla.
Por su parte, Méndez comentó que “la acumulación de la mala práctica que se ha
mantenido por el sector privado en la región y la poca información que ha tenido
también la comunidad sobre los riesgos a los que pudo haber estado expuesta
representa entonces que puede existir mayor tipo de exposición a estos
contaminantes”.
A pesar de que las autoridades locales saben de la potencial exposición al
contaminante desde hace casi tres décadas, el CPI encontró que solo se ha hecho
una gestión de educación a la comunidad sobre cómo evitar la exposición a PCBs
en la zona. Fue una colaboración entre el equipo del científico Kumar y la Escuela
Superior Áurea E. Quiles Claudio para educar a la comunidad sobre el
contaminante, su presencia en la bahía y maneras seguras de consumir pescados
de ser necesario.
Durante la investigación de Kumar se entrevistó a más de 300 residentes de
Guánica entre 2014 y 2018, antes y después de la campaña educativa. Encontraron
que el consumo de pescados y mariscos capturados directamente de la bahía
disminuyó de un 57% a un 41%.
“Se estaba bastante serio en decirles a las personas que trataran lo menos posible
de consumir pescados de la bahía, pero que si se iba a comer, que fuera de forma
segura: que solo comieran el filete sin mucho de la grasa, sin la piel, sin la cabeza”,
compartió Michael Gambale, quien participó en la campaña cuando era estudiante
de escuela superior.
Desde la Legislatura, la senadora independentista María de Lourdes Santiago
Negrón presentó una resolución que ordena a la Escuela de Salud Pública del
Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y al Departamento de Salud realizar un
estudio epidemiológico que investigue si existe una relación causal entre la
exposición a niveles elevados de PCBs, diversos metales pesados y otros
contaminantes identificados en la zona. También ordena indagar sobre “las
condiciones de salud que padecen los residentes de Guánica, con énfasis en las
comunidades aledañas a la carretera PR-333, los efectos a mediano y largo plazo y
el impacto de tal exposición en la salud de la comunidad”. La medida fue presentada
y referida a la Comisión de Salud del Senado en junio de este año, sin embargo, no
fue atendida, confirmó el asesor ambiental de la senadora.
Esta gestión se dio en respuesta a una petición de residentes de Guánica a raíz de
la intervención de la EPA en 2018, y ante la poca información que han recibido
sobre la extensión de la contaminación y los posibles riesgos que enfrentan.
Relacionar científicamente la exposición a un contaminante con el desarrollo de
ciertas condiciones de salud en una comunidad es muy retante. La científica e
investigadora principal sénior en la Universidad Northeastern en Boston, Gredia
Huerta Montañez, explicó que, contrario al control que se puede tener en ensayos
clínicos, en el campo de la salud ambiental suele ser difícil estimar los efectos
causados por un contaminante y diferenciarlos de la casualidad de desarrollar una
condición, pues son muchas las toxinas y contaminantes a los que una población
puede estar expuesta a lo largo de su vida.
“Cuando estamos viendo una mezcla de químicos, pues se hace aún más difícil”,
advirtió sobre el panorama complejo de contaminación como el que existe en la
bahía.
Activa la pesca en la bahía ante la negación de la EPA y el Municipio
Aunque la EPA y el Municipio de Guánica se amparan en que quienes practican la
pesca recreativa en la bahía no consumen lo que capturan, datos del DRNA
muestran lo contrario. Desde julio de 2020 hasta julio de 2023 se entrevistaron 114
personas quienes practicaban la pesca recreativa en la Bahía de Guánica. Los
datos fueron suministrados por biólogos del DRNA que trabajan para el Bosque
Seco y analizados por el CPI, y de estos se desprende que 56% de las personas
que tuvieron éxito en su pesca, se llevaron los pescados. Del total de personas
entrevistadas, el 75% son de Guánica y Yauco.
Los datos compartidos al CPI sobre la pesca de orilla son recolectados como parte
de un proyecto del Bosque Seco de Guánica. La metodología de la investigación,
que aún sigue en curso, utiliza la encuesta como herramienta, realizadas en
horarios y días aleatorios.
Aunque la EPA aún no ha entrado a investigar la bahía, varias entidades e
investigadores sí lo han hecho desde los años 90, incluyendo la JCA, la Oficina
Nacional de Administración Oceánica (NOAA, en inglés) y la Universidad de Miami.
En el proceso, se descubrió en 2014 que la Bahía de Guánica tenía la segunda
concentración más alta de PCBs en el mundo, peces contaminados y
eventualmente se confirmaron altos niveles del compuesto en el cuerpo de
residentes de Guánica. Luego de los huracanes en 2017, además se encontró que
la concentración ambiental del contaminante había aumentado cuatro veces en la
bahía.
El administrador del Municipio de Guánica, Omar Pacheco, sostuvo que la única
medida tomada en la bahía por el DRNA para proteger la salud de las personas fue
la cancelación del evento de cruce a nado de la Bahía de Guánica en los ochenta
tras declarar las aguas no aptas para bañistas. Indicó que para aquel tiempo se
instalaron rótulos que advertían sobre la contaminación del recurso.
Pero en múltiples recorridos por la bahía, el CPI pudo constatar que no hay nada
que alerte sobre el riesgo a la salud que tiene consumir lo que se pesque o bañarse
allí. Residentes de la zona tampoco han visto letreros de advertencia en los últimos
años. Apenas hay un letrero ubicado en el malecón, que no es donde la mayoría de
los pescadores van, y que expresa en términos generales y letra pequeña que se
prohíbe la pesca y el nado en el área sin dar razones. El letrero es ilegible, porque
está escondido tras otro rótulo y tiene letras sumamente pequeñas.
letrero en la bahía de Guánica
“[La pesca de orilla] se dejó de dar por la misma situación de la aparente
contaminación de la bahía que muy probablemente sí sabemos que está
contaminada”, dijo el funcionario municipal, pero aclaró que permanecen a la
expectativa sobre el curso a seguir a partir de lo que han encontrado las
investigaciones científicas en el lugar.
En respuesta a los hallazgos sobre la actividad y consumo de pescados capturados
en la bahía que le presentó el CPI, el Administrador dijo que contactará al DRNA
para ver cómo el Municipio puede cooperar en la orientación a los pescadores y el
público en general.
La EPA y el DRNA se reparten culpas por la falta de diligencia en Guánica
La agencia encargada de identificar a las partes responsables y asegurar que se
concrete la limpieza del contaminante en la bahía y los terrenos afectados en
Guánica es la EPA; la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad
Civil Ambiental (CERCLA, en inglés) es la que guía el proceso Superfondo, y no
establece términos de tiempo específicos para atender un caso.
Guerrero y el gerente de proyecto David Cuevas responsabilizan a la burocracia y
alto volumen de casos por la tardanza extrema de la agencia para atender el asunto,
realizar los estudios y tomar las acciones correctivas necesarias para lidiar con la
contaminación en Guánica.
No obstante, Guerrero sostuvo en entrevista con el CPI que, mientras la EPA espera
por las recomendaciones de Salud federal, el DRNA y el Departamento de Salud de
Puerto Rico sí pueden tomar medidas de prevención para evitar la pesca en la
bahía.
Carmen Guerrero
Calce: Carmen Guerrero, directora de la división de la EPA en el Caribe; David
Cuevas, gerente del proyecto; José Font, en el momento subdirector de la división; y
Luis Rivera, toxicólogo de ATSDR durante la primera reunión con la comunidad el
28 de marzo de 2023.
Crédito: Foto suministrada por el Municipio de Guánica
El CPI solicitó al Departamento de Salud datos sobre su participación, si alguna, en
la limpieza del área, pero no hubo respuesta.
La única división del DRNA que dice tener conocimiento de la situación es su
División Superfondo porque ha sido contactada por la EPA como parte del trámite
formal del programa. Sin embargo, el gerente del área a la que pertenece esta
división, Edwin Malavet, aseveró que desde está área no se toman el tipo de
medidas que hacen falta en la bahía para alertar al público. El gerente de proyecto
de esta división, Pascual Velázquez, quien participó de la investigación original de la
JCA en los años 90, sostuvo que él no recuerda los detalles de la investigación de la
cual participó dado que tomó a la EPA 18 años volverles a contactar. Dijo que su
agencia, además de recomendar varias acciones a la EPA, no tomó otras acciones
sobre los hallazgos de 1998 porque esta dependencia federal es la que “tiene el
comando de todo”.
La directora del Bosque Seco de Guánica, Darien López Ocasio, lamentó que la
EPA no tome en consideración las experiencias de las comunidades y de su equipo
de trabajo. Reconoció que la burocracia en el DRNA ha obstaculizado el proceso
desde sus oficinas centrales, pero dijo estar dispuesta a apoyar con la instalación de
avisos que mitiguen cualquier riesgo a la ciudadanía.
La bióloga dijo al CPI que se enteró de los detalles del proceso de limpieza durante
un encuentro entre la comunidad científica local y el gobierno municipal, y no
directamente de la EPA. Allí fue invitado el gerente de proyectos de remediación de
la división de la EPA en el Caribe, el geólogo David Cuevas, para ofrecer los
detalles de su intervención en el lugar y recibir comentarios.
“Me preocupé y levanté la bandera porque de la presentación [de la EPA] no sale
que ellos estén considerando que la pesca recreativa y el consumo de estos peces
era un problema. Pensaban que los pescadores comerciales se van mar afuera,
pero hay una población de pescadores recreativos que sí está visitando”, dijo al CPI.
Resaltó que, a diferencia de la pesca recreativa que se da en los embalses, en la
costa es más común que las personas consuman lo que capturan.
Sin respuestas la EPA sobre contaminación de pescados
En 2015, un equipo del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la
Universidad de Miami, liderado por el científico Kumar, encontró altas
concentraciones de PCBs en dos pescados en la bahía como parte de un estudio
que buscaba mapear la distribución de este contaminante en este cuerpo de agua.
En un pez pargo (Lutjanus analis) se encontró una concentración de 1.6 ppm o
partes por millón. Mientras que en un pez mojarra (Eucinostomus gula) se encontró
3.7 ppm, que excede los niveles que recomienda la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA, en inglés) para el consumo de pescado y mariscos (2 ppm).
Naresh Kumar
No obstante, Guerrero dijo al CPI que la EPA no puede depender del trabajo de
otros científicos para tomar medidas preventivas. “Ahora mismo no hay una
determinación para una advertencia de pesca. Para eso se requieren estudios
adicionales”, indicó.
Ante la preocupación sobre los hallazgos de la Universidad de Miami en cuanto a
peces contaminados, el toxicólogo que lidera la investigación de salud pública en la
zona, Rivera González, dijo a la comunidad que hasta ese momento el hallazgo de
ese estudio no era un problema por haberse usado una muestra pequeña. Esto
ocurrió durante la primera reunión con la comunidad el pasado mes de marzo, la
cual el CPI cubrió.
Ciudadanos de la comunidad
Ciudadanos de la comunidad escuchan orientación sobre la intervención de la EPA
en el sitio de Ochoa Fertilizer en Guánica.
Foto suministrada por el Municipio de Guánica
La Lista de Prioridad Nacional del programa Superfondo de la EPA incluye los
lugares más afectados por contaminantes peligrosos para la salud humana y el
ambiente en Estados Unidos y sus territorios que atiende la EPA.
Décadas de espera mientras sigue el riesgo de contaminación
Posterior a los hallazgos de los años 90, y en un esfuerzo no relacionado, biólogos
marinos de la NOAA encontraron en 2007 PCBs en tejidos de corales y sedimento
en una línea de costa de cerca de 14 millas, siendo la bahía donde encontraron
significativamente la mayor concentración. Este fue el inicio de un proyecto piloto
que hoy lidera la organización Protectores de Cuencas y que se dio sin
conocimiento de los hallazgos de la JCA sobre la Ochoa Fertilizer, ex subsidiaria de
la empresa W.R. Grace, dueña del terreno que es parte del Superfondo.
El trabajo de la NOAA lo continuó la Universidad de Miami para identificar la posible
exposición mediante el consumo de pescados potencialmente contaminados; el
trabajo tomó más de 10 años. La EPA no formó parte de todo este esfuerzo, de
modo que la decisión de atender el caso de Guánica en 2018 se concretó luego de
que la comunidad científica redescubriera los altos niveles de PCBs en el ambiente
en Guánica, encontró el CPI.
10 veces más alta la concentración en residentes muestreados
“Es obvio que si los PCBs están en el ambiente, en el sedimento, obviamente,
estarán en los mariscos, estarán en el aire, el agua y, por supuesto, las personas se
verán afectadas”, opinó Kumar en entrevista con el CPI.
“La concentración de PCB en la población del municipio de Guánica es más de diez
veces la concentración encontrada en la población de los Estados Unidos”, advirtió
Kumar, quien tomó 150 muestras de sangre de residentes guaniqueños y cuya
investigación aún no está disponible al público.
En busca de que su trabajo aportara a que la EPA investigara la zona y la incluyera
en su lista de prioridades nacionales del Superfondo, el científico recuerda haber
compartido su trabajo con el gobierno municipal, y entiende que hubo una
preocupación política por el impacto que tendría en el turismo y otras fuentes de
ingresos en esta área. “No fueron [la EPA] muy receptivos a esta idea” de que el
sitio fuera declarado como parte del Superfondo, señaló.
A pesar de la importancia del proyecto de Kumar por la protección de la salud de la
población de Guánica, la beca del Instituto Nacional de Salud (NIH, en inglés) que
financiaba su proyecto se terminó, y el investigador no ha podido volver al lugar
desde el 2020.
El científico, quien desde 2014 investiga el impacto del contaminante en la
comunidad, dijo que hace falta continuar el trabajo para conocer el impacto que ha
tenido el contaminante en residentes que ya tienen altos niveles de PCBs en su
sistema.
Ada Vélez
“¿Realmente tienen una incidencia elevada de ciertas enfermedades? Y si es así,
¿Cuál es? Al menos físicamente, aquellas personas que tienen niveles elevados,
deberían ser el objetivo de la intervención”, concluyó.
“Tití Aidé, cáncer en riñones, cabeza y seno; tití Mirian, un cáncer rarísimo y le cogió
los riñones; tío Atino, hígado; tío Rumboldito, en la piel; mi mamá, melanoma [un
cáncer de piel]; y después tenemos el hígado, todos tenemos problemas en el
hígado”, resumió Ada Vélez, vecina cuya residencia se ubica justo frente al malecón
de Guánica.
“Mi sobrino murió hace unos años atrás, un muchacho jovencito, de los riñones y
cáncer”, sumó.
Este es uno de varios testimonios que recogió el CPI en los barrios Pueblo y
Ensenada sobre muertes y casos de diferentes tipos de cáncer. Según datos del
Departamento de Salud analizados por el CPI, el barrio Ensenada, al oeste de la
bahía, lideró las incidencias de mortalidad por cáncer con una incidencia de 75
muertes como causa principal respecto a otros barrios — que no superaron las 44
muertes — en el período entre 2015 y 2022. Ensenada tiene una población de 1,172
habitantes, según el censo de los Estados Unidos de 2021. Es el segundo barrio
menos poblado de Guánica. Por el contrario, el área Superfondo sujeta a
investigación por la EPA se ubica en el extremo opuesto de la bahía, alejada de
Ensenada.
En el limbo las comunidades
Luego de la consolidación de agencias en 2018, la JCA, desde su Área de
Emergencias Ambientales y Superfondo del DRNA, sigue siendo la que colabora
con EPA.
El CPI tuvo que acudir al tribunal tras siete meses de espera para que el DRNA
entregara el expediente del caso de Ochoa Fertilizer Co. El CPI encontró que la
única gestión del DRNA fue en 2021 en apoyo a la EPA para incluir el área en su
Lista de Prioridad Nacional del programa Superfondo mediante una carta firmada
por el entonces secretario Rafael Machargo Maldonado.
[Foto barriada Esperanza]
Calce: Vista aérea de la barriada Esperanza hacia el pueblo de Guánica.
Crédito: Foto por Jorge Ramírez Portela | Centro de Periodismo Investigativo
“No tenemos quién cuide o quién esté pendiente de la situación de la calidad
ambiental del país. Así que la situación de Guánica dramatiza esa incapacidad que
el Estado ha ido construyendo para [asumir] esa responsabilidad básica que es
fundamental de cualquier gobierno en toda sociedad democrática que asegura la
salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, denunció el planificador Félix
Aponte.
También expresó sus reservas sobre el trabajo de ATSDR, particularmente en
cuanto a la confiabilidad de sus investigaciones previas de salud pública en otras
áreas Superfondo en Puerto Rico.
“Hay que agradecer que la EPA trajo esto a la luz pública, pero entiendo yo que hay
que profundizar mucho más en la situación del problema de contaminación de
Guánica. La Caribe, La González, La Ochoa, con todos los nombres que ellos
estuvieron, le robó a Guánica su patrimonio, porque lo más hermoso que tiene
Guánica es la bahía, y tenemos una bahía que puede estar abierta a veinte mil
actividades y no puede ser porque está contaminada y nadie habla de cómo vamos
a descontaminarla”, reflexionó Vélez, quien reside frente al malecón. “Dejarle al
futuro una bahía que continúa contaminándose no tiene sentido”, dijo.
Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de
Formación Periodística del CPI y fue posible en parte gracias al apoyo de Para
La Naturaleza.
