La Cámara de Representantes aprobó una resolución, a viva voz, para ordenar la celebración de una Comisión Total y sesión especial de interpelación a la designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.
La Resolución de la Cámara 1163, de la autoría de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, propone citar a la funcionaria para que conteste preguntas a una Comisión Total integrada por los 51 representantes.
“Es importante que conozcamos y que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está pasando en el DCR. Queremos información sobre los contratos, sobre las partidas en los contratos, sobre la ejecución del departamento; hay múltiples preguntas que podemos plantear. Me parece que la medida va dirigida más allá de un caso que es terrible y esperaríamos tener respuesta”, mencionó el representante Dennis Márquez Lebrón.
Por su parte, el legislador Héctor Ferrer Santiago sostuvo que la Cámara de Representantes tiene el poder constitucional de fiscalizar y asegurar de que se conozca la verdad. “Esta Cámara tiene el poder de llamar a los secretarios de las agencias para hacerle preguntas con el propósito de que rindan cuentas al pueblo de Puerto Rico”.
Ante esto, Ferrer Santiago destacó que esta interpelación se debe a los ascensos que ha dado la Secretaria de Corrección y la forma de ejecutar la agencia gubernamental. “Queremos saber sobre el cumplimiento de sus deberes en la fiscalización de la labor del DCR y sus contratistas, y obtener respuestas en cuanto a qué se está haciendo para atender las numerosas problemáticas que enfrenta dicha agencia”, apuntó.
La medida destaca varios señalamientos contra la actual Secretaria de Corrección, y su negligencia en la supervisión del personal del DCR, sobre todo de los servicios de salud ofrecidos por Physician Correctional.
De igual forma, señala que durante la gestión de Escobar Pabón, se ha registrado un aumento en la cantidad de muertes en instituciones correccionales, de unas 47 para el año fiscal 2018-2019 y 59 en el 2019-2020, a 80 en el 2020-2021, 94 en el 2021-2022 y 61 hasta el 17 de mayo de 2023.
“En abril de 2023, fallecieron 10 confinados. Cerca de la mitad de las muertes que han sido clasificadas se atribuyen a causas no naturales, incluyendo por sobredosis con opiáceos cuya entrada a las instituciones parece haber aumentado y la cual aparenta ser la causa principal del incremento en fallecimientos”, reza la exposición de motivos.
Asimismo, la pieza legislativa también resalta varias deficiencias que ha experimentado el departamento, así como numerosas problemáticas que enfrenta la agencia, las cuales abarcan todos los aspectos del sistema penitenciario, desde la provisión de servicios de salud, la transmisión de enfermedades y las dietas médicas, hasta la disponibilidad de programas educativos, seguridad y personal.
Por otra parte, se aprobó un proyecto de ley multipartidista con el fin de permitir a los estudiantes orar y/o participar de actos religiosos durante las horas escolares.
El Proyecto de la Cámara 1951 establece la “Ley de Libertad Religiosa de Estudiantes, Padres, Encargados y del Personal Escolar de las Escuelas del Sistema Público de Enseñanza”.
La pieza legislativa, además, ordena al Departamento de Educación (DE) identificar y habilitar espacios públicos dentro del plantel para que los estudiantes y demás miembros de esa escuela puedan, de forma voluntaria, realizar un discurso o manifestación religiosa enmarcada en el respeto.
También, dispone que un estudiante puede usar ropa, accesorios y prendas que muestren un mensaje o símbolo religioso, de la misma forma y manera que, se permite a otros estudiantes usar ropa, accesorios y prendas que muestren mensajes o símbolos seculares.
Una de las enmiendas incluidas, aprobada en sala, incluye que: “el DE no puede discriminar a un estudiante por motivos de éste brindar un punto de vista o expresión religiosa. El Departamento tratará la expresión voluntaria de punto de vista religiosa de un estudiante de la misma forma y manera que trataría la expresión voluntaria de un punto de vista secular de otro estudiante”.
Por su parte, el representante, Márquez Lebrón expresó que “este proyecto, en vez de beneficiar al país, podría promover la existencia de derechos que auguro traerá más problemas que resultados. Estoy a favor de la libertad religiosa y de que las personas tengan una formación ideológica basada en la religión. Sin embargo, este proyecto cita la Constitución Norteamericana pero deja de lado aspectos de nuestra propia Constitución. La legislación que debemos promover en esta legislatura debe ser lo más neutral posible y debe tener parámetros que no afecten el ejercicio de la libertad religiosa ni de ideas no religiosas”.
“¿Cuál es el problema en las escuelas de Puerto Rico que requiere promover desde la legislatura miradas religiosas? No conozco ningún problema, y no creo que sea correcto ponerle este peso al DE sobre algo que no existe. La realidad social de nuestro país no necesita este proyecto de ley, lo único que va a hacer es crear más problemas”, añadió el legislador, quien votó en contra de la medida.
En cambio, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien votó a favor resaltó que las enmiendas presentadas y aprobadas en sala excluyen a todo personal docente y no docentes de las escuelas de esta ley, y le da facultad solamente al DE para que no se discrimine en contra los estudiantes. “Este proyecto de ley está dirigido a los estudiantes”, aclaró.
Asimismo, la legisladora Deborah Soto Arroyo resaltó que este proyecto es uno de petición de un grupo de pastores y pastoras.
“Como educadora que fui y creyente que soy, creo en todo proyecto que promueva los valores en las escuelas. Estamos garantizando lo que ya está estipulado en la Constitución de Puerto Rico. Nos corresponde a todos seguir promoviendo lo que da paz, y aunque sí hay leyes que cobijan y aún así la Constitución lo estipula, hay quienes todavía violan los derechos de los estudiantes y maestros en las escuelas”, apuntó la legisladora.
Por otro lado, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 1941, de la autoría del representante, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con el propósito de otorgar una deducción contributiva a toda persona responsable de pagar la educación de sus hijos o hijas en escuelas privadas, instituciones escolares privadas o colegios privados por la cantidad de 500 dólares.
La exposición de motivos destaca un preocupante descenso en la matrícula estudiantil durante los últimos 12 años. Entre las cifras más sobresalientes, se revela que la disminución ha sido de aproximadamente el 30%, pasando de 160,991 estudiantes en el año académico 2010-2011 a 108,843 en el 2022-2023, representando una reducción de 52,142 estudiantes.
“El problema demográfico en Puerto Rico es serio, y aunque el tema se discute en diferentes foros, la solución no es tan sencilla ni se alcanza cambiando uno o dos parámetros únicamente. Es un problema multifactorial, que requiere de muchos esfuerzos diferentes dirigidos a mermar el impacto poblacional. Este proyecto tiene el alcance de implementar una ayuda en esa misma dirección, y aunque no solucionaría la totalidad del problema, colaborará incentivando a los padres que tomen la decisión de criar y educar sus hijos en Puerto Rico y llevarlos a colegios privados”, sostuvo el legislador, Méndez Núñez.
La Cámara de Representantes cesó sus trabajos hasta el próximo martes a la una de la tarde.
