Por Angélica Soto Ríos
Desde el 2008, Ramón Luis Maldonado Rosado opera el negocio La Placita La 100, ubicado en la carretera PR-100, kilómetro 1.8, en el municipio de Cabo Rojo. El pasado 26 de mayo recibió dos cartas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) relacionadas con el cese y la remoción de su negocio, dedicado a la venta de frutas, viandas, entre otros productos.
Maldonado Rosado relató que personal de la agencia llegó de una manera que describió como intimidante. “Llegaron de una manera intimidante, ya que acudieron con la Policía de Puerto Rico.
Cuando vi esta situación me exalté un poquito y dije algunas palabras que no debía haber dicho, pero considero que fue un atropello hacia mi persona”, sostuvo.
La carta entregada por el DTOP, que el comerciante publicó en sus redes sociales expone que “durante la inspección realizada por personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, se determinó que en la ubicación antes indicada se lleva a cabo la operación de un negocio ambulante del derecho de vía estatal”.
De acuerdo con Maldonado Rosado, La Placita La 100 se encuentra a unos 50 pies de la carretera, pero señaló que “se le realizó una enmienda a la ley que establece un retiro de 99 pies”.
“Es casi imposible que pueda moverme 99 pies dentro de una propiedad que no es mía. Tengo un poder que me autoriza estar dentro de los parámetros de la finca, pero tener recursos limitados casi imposibilita el hecho de uno poder moverse hacia atrás”, comentó.
Aseguró mantener al día sus permisos, la patente municipal y las licencias.
El DTOP aclaró en la misiva que “la existencia de patentes, licencias u otras autorizaciones emitidas por entidades municipales no constituye autorización válida para operar dentro del derecho de vía estatal ni limita la facultad del Departamento para ordenar su remoción”.
También se ordena “cesar de inmediato toda operación de negocio ambulante dentro del derecho de vía estatal. Remover toda estructura, equipo, mercancía o instalación asociada a dicha actividad.
Desalojar el área dentro de un término de cinco días calendario a partir de la notificación”.
El comerciante consideró la situación “lamentable”, ya que con su negocio asegura su sustento de vida. Resaltó que también se afectan sus cinco empleados.
Subrayó que La Placita La 100 ha sido de beneficio para múltiples ciudadanos. “Ha impactado grandemente y de manera positiva porque, aunque tenemos un beneficio de esto, el enfoque es que muchas personas obtengan el beneficio de comprar en un lugar accesible. La mayor concentración de mis clientes son personas mayores que no tienen el recurso para ir a un mercado familiar. Por eso lo veo beneficioso para la comunidad”, reiteró.
Un cliente que prefirió no revelar su identidad secundó la importancia del negocio. “Estas personas que están aquí son dedicadas a su trabajo. Nos atienden con respeto y dan un servicio que necesitamos. No molestan a nadie, sino por lo contrario, ayudan al pueblo”, expresó.
Maldonado Rosado señaló que otros comerciantes también han recibido cartas del DTOP, por lo que exhortó a la parte correspondiente a ser más empáticas.
“Tengan más empatía con las personas que quieren luchar y salir hacia adelante en este país, que quieren hacer el bien y brindar un servicio a la comunidad. Entiendan que tenemos necesidades y que lo que hacemos realmente le trae un beneficio al pueblo de Puerto Rico”, dijo.
Expresiones del alcalde y del representante del Distrito 20
El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, explicó en declaraciones escritas publicadas en la red social del Municipio Autónomo de Cabo Rojo que “esta situación responde a requerimientos y disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las vías estatales, como parte de los trabajos de construcción, mejoras de infraestructura y proyectos de seguridad vial que estarán desarrollándose en esta importante carretera”.
Agregó que se estableció comunicación con las agencias correspondientes para evaluar alternativas que pudieran servir de apoyo a los comerciantes afectados, así como evaluar alternativas viables dentro del marco legal aplicable.
No descartó identificar espacios municipales que puedan ser utilizados, conforme a la reglamentación aplicable para ofrecer oportunidades temporeras o permanentes a comerciantes afectados por el proceso.
Mientras que el representante del Distrito 20, Emilio Carlo Acosta, anunció que impulsará alternativas concretas para atender la situación entre ellas: identificar espacios seguros y legales donde los comerciantes puedan continuar operando sin afectar los proyectos de infraestructura; solicitar mesas de diálogo urgentes entre los comerciantes, el Municipio, el DTOP y las agencias pertinentes; evaluar permisos temporeros o medidas transitorias que permitan continuidad operacional mientras avanzan las obras; así como promover incentivos y ayudas para comerciantes afectados que dependan exclusivamente de estas ventas.
