Por Angélica Soto Ríos
El Proyecto de la Cámara (PC) 25, de la autoría del representante Carlos “Johnny” Méndez, busca enmendar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico, establecida en la Ley de Muelles y Puertos de 1968, así como la Ley de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigen una moratoria inmediata a la construcción costera y rechazan el PC 25. Sostienen que el proyecto de ley alteraría la definición y limitación de la ZMT, reduciendo las protecciones existentes en un contexto en el que Puerto Rico enfrenta amenazas de erosión costera.
“Puerto Rico está perdiendo playas, dunas, humedales y barreras naturales que protegen nuestras comunidades. Sin embargo, en lugar de fortalecer las protecciones costeras, se promueven medidas que facilitan el desarrollo en áreas cada vez más vulnerables. Es una receta para profundizar la destrucción ambiental y aumentar los riesgos para las futuras generaciones”, expresaron diversas organizaciones en una declaración conjunta.
La integrante del grupo 7 Colindantes, Annette Blasini, indicó a este medio que entiende que la medida favorecería principalmente al sector privado en lugar del interés público y de los recursos naturales.
“No tendríamos acceso a las playas ni cómo protegerlas porque no serían del pueblo. Estamos llegando a un punto cumbre donde las leyes no están favoreciendo para nada a los ecosistemas ni la costa; están sembrando más cemento”, comentó.
Agregó que una de las razones principales por las cuales existe oposición es debido a que el proyecto particulariza la playa seca y fragmenta un activo que hoy funciona como una experiencia turística. Por lo tanto, dijo creer que la definición de la ZMT debe permanecer como está o ampliarse.
Por su parte, la portavoz de la Coalición Paseo Responsable, Carola Acum, expresó en la rueda de prensa: “las costas de Puerto Rico enfrentan una emergencia real. Lo vemos en Rincón, en Isabela, en Loíza, en Camuy y en comunidades alrededor de toda la isla. Mientras las playas desaparecen y las marejadas alcanzan áreas donde antes no llegaban, se pretende debilitar la definición de la Zona Marítimo Terrestre y facilitar más desarrollo en zonas vulnerables. El país necesita liderazgo responsable, planificación basada en evidencia científica y una moratoria que permita detener el deterioro antes de que los daños sean irreversibles”.
Las organizaciones exigen una moratoria inmediata a la aprobación y construcción de nuevos proyectos en las costas de Puerto Rico; el rechazo del PC 25; la definición correcta de la ZMT basada en ciencia y estudios; mayor fiscalización y transparencia en los procesos de permisos y construcción costera; la protección de playas, dunas, humedales, manglares, arrecifes y demás ecosistemas costeros; la adopción de políticas públicas que prioricen salvaguardar la naturaleza y las costas para el disfrute de todos; y la protección permanente del acceso público a las playas de Puerto Rico.
Blasini hizo un llamado a analizar el futuro de las costas, al destacar que este tipo de evaluación es importante y necesaria para evitar daños irreversibles y conservar el encanto de Puerto Rico.
