El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez indica que la energía eléctrica confiable a costo razonable tiene que ser el objetivo en la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y todo lo relacionado a la operación y reconstrucción de la red eléctrica. La energía eléctrica es el corazón de la economía de Puerto Rico, por lo que es uno de los temas más importante como pueblo.
Jiménez expone que el gobierno de P.R. propone un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la AEE que impondrá un costo de energía mucho mayor, con cargos adicionales a las facturas de energía eléctrica mensuales para el pago de la deuda negociada y el pago de pensiones. El plan de ajuste de la deuda de la AEE incluye el pago aproximado de $2.5 billones para los acreedores de la AEE y la aportación adicional de efectivo para el pago de las pensiones. Lo que se propone en este plan significa un aumento en el pago del costo de la factura de energía eléctrica de un poco más de 20%, dependiendo si es un cliente residencial, comercial o industrial.
“El aumento propuesto en la tarifa de energía eléctrica representa un desafío significativo para las familias puertorriqueñas y el desarrollo económico de nuestra isla. Este incremento no sólo supone una carga adicional para todos los hogares en el país, sino que también tendrá un efecto devastador en nuestro desarrollo económico. Estos aumentos en el costo de la electricidad a consumidores residenciales, comerciales e industriales lacerarán la capacidad productiva y comercial de nuestro pueblo. Las empresas pasarán los aumentos a los consumidores, muchas ya no podrán ser competitivas y cerrarán o se verán forzadas a disminuir operaciones. Esto también impactará negativamente en la competitividad de atraer nuevas inversiones y por ende en la reducción de empleos y del ingreso en la economía de Puerto Rico”, explicó el presidente de Proyecto Dignidad.
Ante tales circunstancias, como candidato a la gobernación, Jiménez Pérez ofrece dos propuestas concretas posibles, con el objetivo que se pueda cumplir con las obligaciones del plan de ajuste fiscal de la AEE y no tener que pasarlo a los consumidores, en:
- Utilizar parte del exceso de efectivo disponible no asignado en la cuenta general del Departamento de Hacienda del Gobierno de P.R., informado por la Junta de Control Fiscal en el informe sobre las finanzas de P.R. para el primer trimestre 2023-24. Se establece que esta cantidad es de alrededor de $816 millones.
- Redirigir los $250 millones que se han destinado por el gobierno de P.R. para distribuir entre los contribuyentes a la reestructuración de la deuda de la AEE.
Según manifiesta el candidato a la gobernación por PD, estas dos medidas economizarían alrededor de $365 millones en intereses y $975 millones en principal o sea $1,340 millones menos en la carga que se tendría que pagar los consumidores por las irresponsabilidades de los que llevaron a la quiebra a la Autoridad.
Pensiones de los jubilados de la AEE
En cuanto a las pensiones de los jubilados de la AEE, Jiménez Pérez señala que, bajo el PAD, el pago de las pensiones de los empleados de la AEE se incluye como gastos generales de operación del sistema de energía. “El PAD propone un cargo adicional de aproximadamente 2.40 centavos por kilovatios-hora. El Gobierno y la AEE tienen la responsabilidad por la quiebra del plan de retiro, por lo que solidariamente deben absorber este costo, evitando con ello la carga insostenible que tal cargo impondrá sobre las familias, comunidades y comerciantes por los próximos 35 años”, enfatizó el candidato a gobernador de PD.
En la alternativa, Jiménez propone que el Gobierno central adelante esta nómina que asciende a un aproximado $24 millones mensuales – unos $288 millones anuales, recuperando esta suma por vía de ahorros operativos anuales y sostenibles exigidos a LUMA y Genera. “De esta forma toda la comunidad de Puerto Rico no solo evitará un aumento, sino que verá una reducción en su factura. Hay que exigirles a las compañías privatizadoras cumplir con la eficiencia que deben exhibir y por ende la reducción de costos operacionales de la AEE y la maximización de ingresos” expusó el CPA que dirige PD.
Como presidente de la colectividad Jiménez denuncia, que LUMA y Genera tienen que ganarse el dinero administrando y ejecutando eficientemente la operación y generación del sistema eléctrico. Si aquí toda familia en Puerto Rico ha tenido que aprender a hacer los ajustes en las crisis económicas y tiempos difíciles porque las privatizadoras deben estar exentas de ello.
“Hoy el gobierno de P.R. hace lo más sencillo, pasarle los costos al pueblo sin buscar otras alternativas y sin exigirles a las privatizadoras que cumplan con sus propósitos de generar eficiencias operacionales y por ende económicas y eficiencia en su operación. Demuestran la falta de voluntad y empatía con nuestro pueblo. El pueblo necesita una administración pública eficiente, ágil, con poder para transformar y enfrentar los retos de una manera más sensible, llena de visión y de energía. Ese ha sido mi proceder como administrador de la cosa pública toda mi vida, y ese será mi proceder desde La Fortaleza”, concluyó el candidato a la gobernación y presidente de Dignidad.
Proyecto Dignidad es un partido político que busca provocar cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo. Surge como respuesta a las malas prácticas de los distintos gobiernos de las pasadas décadas. Durante mucho tiempo se ha delegado en los partidos tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su dignidad como pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficio para Puerto Rico.
El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a una quiebra moral, social y económica. Como partido civil de valores conservadores Proyecto Dignidad constantemente somete propuestas para todas las áreas de la sociedad, afirmando que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr el bien común para las familias y las comunidades.
