Las tres organizaciones que representan a empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA (AEG-AAA), la Unión Independiente Auténtica (UIA) y la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA) solicitaron que la investigación sobre posibles actos de sabotaje en instalaciones de la corporación pública sea amplia, rigurosa, transparente y libre de señalamientos generalizados contra los empleados de carrera.
La petición surge luego de expresiones públicas de la gobernadora Jenniffer González Colón, relacionadas con incidentes reportados en instalaciones de la AAA, incluyendo la planta de Canóvanas y la estación de bombas de Loíza Valley, donde se informó la presencia de aceites y grasas que pudieron afectar procesos operacionales y el servicio a comunidades servidas por esos sistemas.
Las organizaciones expresaron que respaldan toda investigación seria dirigida a esclarecer los hechos, pero insistieron en que la pesquisa debe evaluar todos los ángulos posibles, incluyendo quién autorizó los trabajos realizados, quién supervisó las labores, qué contratistas participaron, qué protocolos se activaron, qué información recibió la alta gerencia y cómo se atendieron los riesgos operacionales.
“Cualquier situación que pueda comprometer una instalación crítica de la AAA debe investigarse con todo el rigor que amerita. Sin embargo, esa investigación no puede convertirse en una narrativa injusta contra empleados de carrera que por décadas han sostenido el sistema de agua potable del país”, expresaron las organizaciones.
Asimismo, reclamaron que cualquier persona que haya ofrecido información sobre alegados actos de sabotaje sea citada por las autoridades correspondientes para aportar evidencia, nombres, fechas, lugares y detalles que permitan esclarecer los hechos.
“Si hubo actos indebidos, deben investigarse y adjudicarse responsabilidades conforme a la ley. Pero no se puede manchar la reputación de servidores públicos que han dedicado años de servicio a la AAA y que han respondido al país durante huracanes, tormentas, terremotos, sequías, pandemias y emergencias operacionales”, añadieron.
Las organizaciones también señalaron que la investigación debe examinar asuntos estructurales de la corporación pública, incluyendo el mantenimiento de infraestructura, la planificación operacional, la disponibilidad de equipo, la supervisión de contratistas y la participación del personal técnico, profesional y gerencial de carrera en los procesos de toma de decisiones.
“Puerto Rico necesita hechos, evidencia y acciones correctivas. La solución no puede ser culpar al empleado de carrera cada vez que ocurre una crisis. La solución es investigar, corregir, profesionalizar y fortalecer la AAA como corporación pública esencial”, sostuvieron.
Los operadores de plantas de filtración, en su gran mayoría, son residentes de las comunidades a las que sirven. Por ello, resulta irrazonable insinuar que estos empleados puedan prestarse para actos de sabotaje que afectarían directamente el servicio de agua potable de sus propias familias, vecinos y comunidades.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición a colaborar con cualquier investigación local o federal que tenga como objetivo proteger la seguridad operacional de la AAA, garantizar la continuidad del servicio de agua potable y defender el interés público.
La Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA (AEG-AAA), la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA) y la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA) son organizaciones laborales bona fide que representan distintos sectores de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, incluyendo personal gerencial, unionado y profesional. Aunque representan matrículas distintas, las tres organizaciones coinciden en la defensa del principio de mérito, el servicio de carrera, la transparencia administrativa, el cumplimiento con las leyes y reglamentos, y el fortalecimiento de la AAA como corporación pública esencial para Puerto Rico.
