por José Manuel Encarnación y Wilma Maldonado Arrigoitía | Centro de Periodismo Investigativo
Aunque no dijo cuándo, el Departamento de Hacienda informó este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que iniciará un nuevo proceso de competencia para seleccionar a la compañía de publicidad de la agencia y el Negociado de la Lotería. Esa fue una de las razones que dio para solicitarle al Tribunal la desestimación de la demanda que le puso la agencia de publicidad Digimedia, que alega que Hacienda violó su derecho al debido proceso cuando no le notificó sobre la adjudicación del contrato a otra compañía pese a que Digimedia obtuvo la puntuación más alta del comité evaluador.
A pesar de la información ofrecida en la vista realizada ayer de manera virtual, ante la jueza Katarina Stipec Rubio, Hacienda todavía no ha comenzado el nuevo proceso competitivo de propuestas para la nueva contratación, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Vilmar Trinta Negrón, directora de la Oficina de Comunicaciones de Hacienda.
El abogado de Hacienda, Carlos Sagardía Abreu, dijo que el contrato que se cuestiona venció el 30 de junio. Hacienda se proponía renovarlo por un año más y una cuantía que casi duplica el contrato original, pero la Junta de Control Fiscal lo aprobó de manera condicional a un término de 90 días (hasta el 30 de septiembre) y a que se inicie un nuevo proceso de competencia. Ante esa situación, según Sagardía Abreu, Digimedia no tiene otra opción que no sea competir en el nuevo proceso que se iniciará para obtener el contrato de la publicidad de la agencia, añadió.
“Nada queda aquí que adjudicar”, sostuvo Hacienda en la moción de desestimación por academicidad que presentó. “La Junta de Supervisión Fiscal ordenó, bajo PROMESA, que toda contratación futura de estos servicios pase por ‘a new fair competitive procurement process’ —un proceso nuevo, justo y competitivo— con récord completo y aprobación previa de la Junta”, añade la moción del Gobierno.
El abogado de Digimedia, José Morales Boscio, solicitó al Tribunal 10 días para contestar en oposición a la solicitud de desestimación. Luego de la vista, Morales Boscio señaló en el programa Primera Pregunta “que hubo, en efecto, una mano manipuladora que amañó el proceso”, pero reconoció que no cuenta con evidencia que señale presiones indebidas de La Fortaleza para favorecer a la agencia de publicidad que recibió el contrato, Veintinueve de Febrero.
Sagardía Abreu hizo la salvedad al Tribunal de que la decisión de favorecer a Veintinueve de Febrero se sostenía por la existencia de una orden ejecutiva firmada en 2021 por el exgobernador Pedro Pierluisi, que ordena que previo a otorgar un contrato de servicios profesionales por $250,000 o más, se tiene que publicar un aviso de necesidad de servicios, pero según el abogado le otorga discreción al Secretario en la selección del contratista.
En enero, Hacienda presentó otra moción de desestimación en la que esencialmente sostenía que Hacienda no tenía que enviar a las agencias de publicidad proponentes ninguna notificación sobre la adjudicación realizada por tratarse de un proceso distinto a una subasta. En esa ocasión, el TPI rechazó la moción de desestimación, determinando que Hacienda estaba obligada a notificar formalmente a Digimedia sobre la adjudicación del contrato. Esa controversia pasó al Tribunal de Apelaciones y está pendiente de ser resuelta.
Durante la vista de ayer, la jueza Stipec Rubio le llamó la atención y apercibió a Sagardía Abreu porque en tres ocasiones en sus mociones ha hecho “representaciones incorrectas” sobre el expediente del Tribunal, es decir, menciona entradas o eventos que no constan de esa forma en el expediente judicial. Strategia Legale LLC, que es la compañía profesional a la que pertenece Sagardía Abreu, le cobra a Hacienda entre $125 y $100 la hora por sus servicios. Desde marzo de 2025 a julio de 2026, los contratos del bufete con Hacienda casi alcanzan $260,000.
Digimedia demandó cuando, luego de haber sido la agencia de publicidad de Hacienda por varios años, no se le renovó el contrato y se le otorgó a la agencia Veintinueve de Febrero, que llevó la campaña eleccionaria de la gobernadora Jenniffer González. El Secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, firmó el contrato con Veintinueve de Febrero a pesar de que había sido la compañía peor calificada entre las tres que pasaron la última etapa de evaluación de las propuestas publicitarias. Digimedia alcanzó la mejor puntuación del comité.
Una investigación del CPI reveló en septiembre pasado que Hacienda le encargaba a Digimedia el montaje y la coordinación de fiestas, desayunos y almuerzos, así como de gestionar la compra de materiales de promoción para el Negociado de la Lotería —que luego se personalizaban para regalarlos entre los propios empleados de esa dependencia—. Digimedia cobraba 15% en comisiones y tarifas por estas gestiones, que se le encargaban aún cuando Hacienda cuenta con las facultades para gestionar esas compras y eventos, evitando así gastos innecesarios. Los contratos de Digimedia superaron los $47 millones entre 2019 y 2025.
Asimismo, parte de los funcionarios que conformaron el comité de evaluación que, en principio, favoreció a Digimedia —incluyendo a su actual secretaria auxiliar Heidi Hernández Olivo—, estaban a cargo de la administración del Negociado de la Lotería y fueron quienes firmaron y aprobaron las facturas de desayunos, almuerzos, regalos y actividades para beneficio de los propios empleados.
En la misma comunicación en la que ordenó acortar el término del contrato, la Junta de Control Fiscal indicó que la elección de Veintinueve de Febrero “plantea serias preocupaciones de transparencia”. Dice que en el expediente de la solicitud de necesidad no consta documentación que respalde la determinación del Secretario de ignorar la recomendación de su comité y tampoco se la presentó a la Junta a pesar de que se le requirió. Asimismo, alertó que el manual utilizado por Hacienda para adjudicar el contrato de publicidad fue modificado sustancialmente el mismo día que se emitió la solicitud de propuestas y que esas modificaciones no fueron consultadas con esa entidad federal. No obstante, en la carta la Junta no atiende ninguna de las denuncias expuestas por el CPI desde el año pasado.
Durante la vista de conferencia inicial celebrada el miércoles se acordó un plan de manejo de caso mediante, allí se indicó que se le tomará deposición al Secretario de Hacienda. El abogado de Hacienda adelantó que limitará a los abogados de Digimedia el ámbito de las preguntas de la deposición bajo el argumento de que al Secretario le cobijan unos “privilegios” sobre discusiones de asuntos “deliberativos”.
En el informe para el manejo de caso con fecha del 17 de agosto, se adelantó que además del Secretario, los integrantes del Comité Evaluador del Departamento de Hacienda serían testigos en este pleito. Asimismo, “oficial(es) del Departamento de Hacienda a cargo del proceso (comunicaciones/compras)”, quien para ese entonces era Vilmar Trinta Negrón.
Además de Pantoja, en el informe firmado por ambas partes y sometido al Tribunal sobre posibles personas a deponer o testificar se encuentran Trinta Negrón y Hernández Olivo. Así también, los integrantes del Comité Evaluador Iris Ríos Rivera, Carlos Calderón Ayala, Johana Rohena Quiñonez, Jayson Torres y Josué Cardona Hernández. José Chaves, Sebastián Negrón Reichard, Norberto Almodóvar Vélez, Lissette Rodríguez Tomasini y María Isabel Rodríguez también están en esa lista.
En la vista, Sagardía Abreu dijo que también se le tomará deposición a un exfuncionario que tiene asignado un Fiscal Especial Independiente (FEI), que no identificó.
Tanto el exsecretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, como el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, son investigados por FEI. Ambos están relacionados con este caso. Almodóvar Vélez porque presuntamente intervino en la OGPe para que Digimedia tampoco obtuviera un contrato de publicidad con esa agencia y así favorecer a la compañía JJ Investment, según una investigación interna del DDEC que incluyó testimonios de funcionarios públicos. A Domenech se le han imputado intervenciones indebidas dentro de esta controversia por alegadamente tratar de detener las medidas disciplinarias y los referidos contra funcionarios de la OGPe señalados por favorecer a JJ Investment en el proceso competitivo.
La controversia generó la salida del entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard.
En octubre de 2025, Hacienda firmó un contrato con Veintinueve de Febrero por $8,580,000 y tres meses después lo enmendó para añadirle $146,612. Según la Junta, en marzo de 2026 Hacienda solicitó enmendarlo para añadirle $3,157,604, para un total de $11,884,216. Al sobrepasar los $10,000, por disposición de la Ley PROMESA, tiene que ser evaluado por la Junta. Aunque inició la revisión, la Junta la detuvo cuando Digimedia presentó su demanda. A mediados de junio, la Oficina de Gerencia y Presupuesto presentó a la Junta un nuevo contrato para su revisión y aprobación. El contrato tendría una duración de un año y el monto máximo a pagar sería $14,891. Ese contrato está vigente y fue el que aprobó la Junta de manera condicional, pero no está presentado en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
