En momentos en donde ha salido a relucir fallas en el sistema de rehabilitación y corrección de acusados de violencia doméstica, la Dra. Ada Álvarez Conde, reconocida activista contra la violencia de género y candidata al Senado por acumulación en la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD), propuso la paralización de los programas de desvío y denunció irregularidades recurrentes.
“Ivette Joan Meléndez ha muerto por las fallas del gobierno, otras también. En este caso de Hermes Ávila Vélez vemos burlas a la ley, un posible caso de corrupción e inversionismo político y sobretodo impunidad. Estamos en un Estado de Emergencia por Violencia de Género en el País y tenemos un sistema que no funciona atendiendo al feminicida y agresor, es hora de que pongamos atención. Hay tres situaciones fundamentales a atender aquí: las fallas de Physician HMO y la impunidad de un error que ha costado sangre, la realidad de que están enviando agresores a programas de desvío y ni sale en el registro de ofensores y ni siquiera está la junta que se supone que los reglamente en funciones y añado, las faltas de investigaciones ante los confinados muertos y violaciones de derechos humanos a los mismos. Como dicen: no pueden poner al cabro a velar las lechugas”.
La compañía Physician HMO fue la encargada de general el informe médico que supuestamente certificó al asesino como parapléjico y según el Contralor Electoral el DCR otorgó un contrato de $73.7 millones, $16 millones más que el año anterior. Se ha constatado además que la persona encargada de esto es un donante recurrente, pero el problema no es donar, el problema es que lo que ha salido es que se va a investigar y no se ha hecho nada para paralizar y evaluar los servicios, esto a pesar de que este contrato es oneroso y pone en manos privadas un servicio del gobierno. Ante esta falla que le costó la vida a Ivette, lo que escuchamos es al gobernador defender los servicios, a pesar de que fueron señaladas irregularidades en el pasado. En 2016, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) evaluó al confinado Hermes “Harry” Ávila Vázquez y determinó que no merecía un pase extendido a la libre comunidad por motivos de enfermedad terminal, pero en 2023, la misma agencia sí le concedió la libertad bajo la ley que beneficia a pacientes terminales. El domingo pasado, Ávila Vázquez supuestamente degolló a una mujer, su segundo feminicidio, sin dar muestras de padecer alguna condición incapacitante.
“¿Cómo uno explica que un panel de médicos certifique a alguien como parapléjico que no lo es? El otro argumento del caso es que la “silla era cara”, eso es peor, se pueden comprar varias sillas con $77 millones. El problema aquí es que Hermes Avilés no es el único feminicida que este año ha pasado por Corrección o por un programa de desvio. ¿Cómo siguen dando la opción de desvío a agresores acusados si ni siquiera la junta que los regula está en funciones?”, expresó Alvarez.
Los programas de Reeducación y Rehabilitación para Personas Agresoras están bajo la lupa, en especial, por la falta de la constitución de su junta reguladora que los fiscalice y establezca sus reglamentos. La Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica en Puerto Rico dispone que agresores que no tengan un récord criminal o incidentes previos, pueden ser parte de los programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras o los Programas de Desvío, si ellos lo desean o así lo determine un juez.
La junta debe estar compuesta por siete miembros, pero actualmente hay cuatro vacantes. Al no estar constituida la Junta, no se pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejorías en los programas o modificar su reglamento y currículo. Al momento, la junta tiene al representante del DCR, Alex Joel Torres Guzmán; la Procuradora Interina de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria y, acaba de ser nombrada la abogada, Lcda. María del Rosario García. El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del Departamento de Corrección, del Departamento de Familia, Directora Ejecutiva o Comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, de la Adminstración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
“Aquí es que viene el escándalo, no solamente falta data de cómo funcionan y el contenido de los programas, sino que la junta no está constituida y aparentemente ni se puede reunir. Como restan las vacantes de ASSMCA, Familia, el trabajador social y el psicólogo, confirmó el DCR. Esto constituye a cuatro puestos de siete. Según el DCR, es necesario tener un mínimo de cinco miembros para reunir la junta. Estamos hablando que mujeres asesinadas este año, en donde hay personas que participaron del programa de desvío, son culpa del estado. Es una barbaridad”.
La Dra. Alvarez recordó que en el periodo del 2013 al 2016 trabajó como Directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer y en aquel entonces hubo denuncias ante la falta información y regulación sobre los programas de desvío. Alvarez no es la única que ha denunciado la necesidad de explorar lo que pasa con el acusado de violencia, varias organizaciones llevan años denunciando irregularidades y recientemente, la psicóloga Katherine Angueira, quien estuvo en el proceso de creación de Ley 54, expresó también el cuadro complejo de la corrección de un agresor y la inefectividad de la regulación de los mismos. En el 2021, se publicó el nuevo reglamento de los programas de corrección llamado el #9242 y no habla nada específico sobre los programas de rehabilitación y corrección del DCR. Alvarez es además capellana licenciada y especialista en acompañamiento en salud mental y rehabilitación, además de educar y asistir a víctimas de maltrato.
Por último, la Dra. Alvarez exigió que se investigue la situación actual de los confinados, ya que hace varias semanas se hizo un informe de señalamientos de violaciones a derechos humanos. La ACLU de Puerto Rico presentó un informe el 1 de febrero este año hallando las múltiples violaciones de derechos humanos y civiles que la población confinada sufre actualmente. No sólo eso, En Puerto Rico, se registraron entre 2020 y 2021 un total de 59 muertes de presos, entre 2021 y 2022 hubo un aumento en este dato, alcanzando los 94 fallecimientos, y desde el inicio de 2023 ya habían 58 decesos, según las cifras del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Esta semana surgió una noticia sobre la muerte de un confinado nuevamente.
“Exijo que se detenga la otorgación de estos programas, se investiguen los posibles actos de encubrimiento relacionados a inversionismo político, que se le haga justicia a las víctimas de violencia de género pero sobre todo, que por el bien del País, le expliquen a Puerto Rico, cómo se va a atender a los agresores y se cumple con la rehabilitación de los mismos, al final también se le debe cumplir a los confinados también”
