Por Dr. Edgar León Ayala
Puerto Rico enfrenta una crisis educativa que ya no admite eufemismos ni reformas cosméticas. Los datos oficiales de aprovechamiento académico, apenas alrededor de un 35% de dominio en ciencias, matemáticas y lectura, no describen un sistema que necesita ajustes. Describen un sistema que ha fracasado en su función esencial: enseñar. Y sin embargo, ese mismo sistema continúa promoviendo de grado a estudiantes que no leen, no escriben ni comprenden lo que leen, mientras las agencias que lo administran insisten en narrativas de «mejoría» que los propios números contradicen.
La tesis central de este análisis es que el Departamento de Educación de Puerto Rico no requiere una reforma administrativa adicional, de las cuales ha habido décadas, sino un desmantelamiento estructural completo, seguido de una refundación que invierta la lógica actual del sistema: en lugar de construirse de arriba hacia abajo, debe construirse desde el salón de clases hacia arriba.
Esta distinción no es semántica. Cuando un sistema se diseña desde la cúpula administrativa, los recursos se distribuyen según las prioridades de esa cúpula, y lo que «sobra», casi siempre insuficiente, llega finalmente al estudiante. Esto explica una paradoja documentada: Puerto Rico recibe un financiamiento total considerable en comparación con jurisdicciones de tamaño similar, y sin embargo el gasto real por estudiante que llega al salón de clases se encuentra entre los más bajos de las cincuenta jurisdicciones de Estados Unidos. La brecha entre lo asignado y lo que efectivamente llega al aula es, en sí misma, evidencia de una falla estructural.
Una parte sustancial de los fondos asignados nominalmente a la educación de los niños se transfiere del Departamento hacia otras agencias del gobierno central para funciones que no son académicas: transportación, servicios auxiliares y, de manera particularmente notable, la contratación de cerca de ochocientos psicólogos escolares en un momento en que la agencia enfrenta escasez de maestros certificados frente a estudiantes que no logran las competencias básicas de lectoescritura.
Este no es un argumento contra el apoyo socioemocional al estudiante como tal, sino contra la lógica presupuestaria que lo hizo posible: expandir nóminas de servicios de apoyo con obligaciones salariales y de beneficios que se extenderán por décadas, mientras persiste el déficit de personal docente que determina directamente si un estudiante aprende a leer. No existe evidencia científica robusta de que esa inversión particular, en la magnitud y el momento en que se hizo, produzca mejoras en las competencias académicas fundamentales que el sistema está fallando en enseñar. En la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, los servicios de esa naturaleza se canalizan mediante referidos externos a la escuela, no mediante nóminas internas masivas que compiten por el mismo presupuesto que debería ir al salón de clases.
El diseño actual no solo desvía fondos: fragmenta la autoridad. Cuando el dinero originalmente asignado al Departamento se transfiere a otras agencias del gobierno central, el secretario de Educación pierde la capacidad de decidir cómo, cuándo y dónde se gasta ese dinero. Las agencias receptoras ajenas a la función académica operan con autonomía sobre fondos que deberían estar sujetos a la rendición de cuentas educativa. El resultado es un sistema donde nadie tiene control real ni responsabilidad clara sobre el gasto, y donde la subcontratación de responsabilidades académicas se convierte en la norma en lugar de la excepción.
Un desmantelamiento serio no implica el cierre de las escuelas ni el abandono de los estudiantes; implica el cierre del aparato administrativo central tal como existe hoy y su sustitución por un modelo que otorgue autoridad real, presupuestaria y operativa, al nivel escolar. Esto requiere:
Blindaje presupuestario del fondo por estudiante, de modo que ninguna agencia ajena a la función académica pueda recibir transferencias de fondos asignados a la educación sin justificación basada en evidencia y aprobación transparente.
Autoridad real para el secretario y los directores escolares sobre la nómina y el gasto que afecta directamente su plantel, eliminando la actual fragmentación de responsabilidades entre agencias.
Priorización del personal docente frente a expansiones de servicios auxiliares no sustentadas en evidencia de impacto académico medible.
Un sistema de rendición de cuentas basado en resultados de aprovechamiento, no en el cumplimiento de procesos administrativos.
Puerto Rico ha ensayado reorganizaciones, secretarios y planes estratégicos durante décadas sin alterar el resultado fundamental: el recurso humano joven de la Isla su activo más importante para cualquier proyecto de desarrollo económico o social futuro continúa formándose en un sistema que no le enseña a leer, escribir ni comprender lo que lee. La creatividad y la innovación que Puerto Rico necesita para su próxima etapa no emergen de un aparato administrativo disfuncional; emergen de aulas con maestros, recursos y autoridad para enseñar. Mientras el diseño institucional siga premiando la subcontratación y la dispersión de responsabilidades por encima del aprendizaje, ningún cambio de nombre ni reorganización cosmética revertirá el fracaso continuo.
