A dos semanas de la visita del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, los vecinos de la comunidad Cimarrona de Guayama no tienen información de cuándo serán removidas las montañas de material polvoroso depositadas ilegalmente junto a sus residencias, mientras las familias siguen expuestas al polvo que, según denuncian, entra diariamente a sus hogares.
La situación resulta aún más grave porque el propio DRNA ya documentó violaciones ambientales relacionadas con el manejo y almacenamiento del sedimento proveniente del dragado de la bahía Las Mareas, emitió una Notificación de Violación y una multa ascendente a $25,000.00 contra Bellagio General Contractors.
Entre las deficiencias identificadas por la agencia, tras varias querellas comunitarias, se encuentran la ausencia de controles adecuados para evitar la erosión y sedimentación, emisiones de polvo fugitivo que alcanzaban las residencias, remoción de vegetación sin los permisos correspondientes y deficiencias en los mecanismos de control de contaminación atmosférica.
“Han pasado dos semanas y nuestras familias siguen respirando el polvo de ese material cuya composición continúa bajo cuestionamiento y que un análisis independiente ha identificado como compatible con cenizas tóxicas de carbón. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar la comunidad de Cimarrona para que el gobierno haga lo que le corresponde?”, cuestionó Cathy Rivera, residente de Cimarrona.
Mientras el gobierno mantiene el material en el lugar, y aún no han realizado un estudio para determinar la presencia de cenizas de carbón, un análisis independiente realizado por el laboratorio Eurofins, a solicitud del doctor y asesor en química Osvaldo Rosario López, identificó en las muestras elementos como arsénico, cromo, plomo, níquel y vanadio, entre otros. Rosario López ha señalado que la combinación de estos elementos, junto con las características físicas, es consistente con residuos de combustión de carbón. Sin olvidar que la procedencia del material lo ubica cerca de la montaña de cenizas de carbón de la AES y de los procesos de exportación de los residuos.
“Para depositar en junio cientos de camiones de ese polvo tóxico fueron bien rápidos. Ahora el Secretario del DRNA quiere que sigamos esperando por un proceso administrativo que no se sabe cuándo terminará. Que saquen ese sedimento contaminante, lo monten en las barcazas de AES y se las lleven fuera de Puerto Rico. Cimarrona no puede convertirse en otra zona de sacrificio”, exigió Rivera.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, advirtió que el DRNA podría estar contemplando disponer en un vertedero el sedimento contaminado depositado en la comunidad de Cimarrona.
“La agencia se ha resistido a realizar un análisis que permita confirmar científicamente la presencia de cenizas de carbón en el sedimento y tampoco reconoce los resultados del estudio independiente realizado sobre el material. Sin embargo, por lo que hemos podido conocer, todo apunta a que pretenden disponer de este material, que contiene residuos asociados al carbón, en un vertedero. De concretarse esa acción, podría constituir una violación de la Ley 40-2017, que prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón, así como de cualquier mezcla que las contenga, en Puerto Rico, incluyendo los vertederos”, explicó Alvarado Guzmán.
Según el líder ambiental, durante la reunión sostenida con el secretario del DRNA surgió la posibilidad de que el vertedero de Peñuelas fuera utilizado como destino para el sedimento removido de Cimarrona.
“En una conversación aparte con una de las personas que acompañaba al secretario, se nos indicó que el vertedero al que pretenden llevar el sedimento sería el de Peñuelas. De ser así, parece que no han aprendido nada de nuestra historia reciente. Hace apenas unos diez años, más de un centenar de personas fueron arrestadas en Peñuelas como parte de la lucha comunitaria contra el depósito de cenizas de carbón en el vertedero de ese municipio. Ahora, aparentemente, el secretario Waldemar Quiles pretende repetir una historia que provocó una profunda indignación y resistencia comunitaria. No solo podría estar encaminándose hacia una posible violación de la ley, sino que estaría provocando nuevamente un enfrentamiento con las comunidades peñolanas. Alguien tiene que detener esa intención antes de que se materialice”, manifestó Alvarado Guzmán.
Ante este escenario, los líderes comunitarios y ambientales insistieron en que la alternativa más rápida y segura para remover el sedimento mezclado con residuos de carbón sería utilizar el mismo mecanismo mediante el cual se exportan las cenizas de carbón de AES Puerto Rico.
“Actualmente, el pueblo puertorriqueño paga, a través de su factura de electricidad, por la exportación de las cenizas generadas por AES. Por tanto, es razonable y justo que se utilice ese mismo mecanismo para sacar de Cimarrona el material que fue depositado allí. El gobierno no debería tener que asumir un costo adicional. Corresponde a la empresa Bellagio, responsable del depósito ilegal, remover el material del lugar y transportarlo hasta las barcazas utilizadas por AES para su exportación. Esa sería una solución rápida, responsable y coherente con la obligación de retirar el material de la comunidad. Ahora esperamos que el secretario del DRNA responda y actúe con la urgencia que exige esta situación”, concluyó Alvarado Guzmán.
