Por José A. Bonilla Morales Th.D, MBA, B.Sc.
Pensador Cívico
Recientemente, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) anunció un proyecto para identificar unas 55,000 propiedades supuestamente “sin dueño” en Puerto Rico. Sin embargo, detrás de este anuncio no hay un deseo genuino de resolver la falta de vivienda ni de ayudar a las comunidades. Lo que hay es pura hipocresía política y una excusa para seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente.
Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes se han entusiasmado con la idea, pero no por justicia social, sino por cobrar más contribuciones. Tras la pérdida de fondos centrales, los municipios prefieren buscar de dónde sacar más dinero antes que hacer lo correcto: recortar gastos innecesarios o consolidar servicios. Eso no es seriedad ni buena política pública; es voracidad fiscal.
Cuando fui candidato al Senado en 2024 y caminé la seca y la meca por las comunidades de los once pueblos del oeste, vi de cerca esta realidad. Por eso hablo con propiedad: hay que deshacer dos grandes mentiras de este debate.
Primero, decir que estas propiedades “no tienen dueño” es una falacia. El propio gobierno sabe que la inmensa mayoría sí tiene titulares, pero están atrapadas en la burocracia de herencias no resueltas o procesos familiares inconclusos. Además, si una casa está habitada por algún familiar o heredero, por definición no está abandonada. Pretender clasificarlas a todas por igual es un engaño.
Segundo, hay que diferenciar claramente lo que es un verdadero estorbo público de lo que es la propiedad privada.
Cuando una casa se abandona, se llena de maleza, hongos y sabandijas, se convierte en un problema para la comunidad. Ahí el Estado tiene el deber de intervenir, dar un tiempo razonable al dueño para limpiar y, si no responde, actuar legalmente para proteger la salud y la seguridad de los vecinos.
Pero una cosa es un estorbo público y otra muy distinta es una casa sin ocupar cuyo dueño le da mantenimiento y la mantiene limpia. Si el propietario decide tenerla guardada, no venderla o no alquilarla, está en todo su derecho. El gobierno no puede empujar ni presionar indebidamente a ese ciudadano para obligarlo a vender, ni mucho menos culparlo por la escasez de vivienda.
La verdadera causa de que no haya casas asequibles en Puerto Rico no son los ciudadanos que cuidan su patrimonio. La culpa es de un gobierno incapaz de eliminar permisos ahogantes y trabas que permitan a los desarrolladores construir viviendas a precios razonables.
El respeto a la propiedad privada es sagrado. En lugar de cazar ingresos a costa de la gente, los alcaldes y el CRIM deberían ponerse a trabajar en agilizar procesos y liberar el mercado. Ya basta de buscar chivos expiatorios para tapar la ineficiencia del gobierno.
