Por José A. Bonilla Morales, Th.D, MBA, B.Sc.
Pensador Cívico
El comunicado reciente de Proyecto Dignidad, donde favorece el desarrollo económico responsable, a la vez que exige garantías para proteger el interés público en el Proyecto Esencia, presenta una postura que, a mi juicio, aborda correctamente la tensión fundamental que enfrenta Puerto Rico: la necesidad urgente de promover desarrollo económico sin sacrificar el patrimonio natural, cultural y colectivo que pertenece a todos los puertorriqueños.
Mi única preocupación ante este debate es que, en ocasiones, la discusión pública tiende a caer en posiciones absolutas donde unos presentan todo desarrollo económico como una amenaza ambiental, mientras otros presentan toda oposición ambiental como un obstáculo irracional al progreso. Ambas posturas simplifican excesivamente una realidad mucho más compleja.
La realidad es que todo proyecto de desarrollo humano tiene algún nivel de impacto ambiental. No existe infraestructura, actividad turística o inversión económica completamente neutral desde el punto de vista ecológico. Esto es particularmente cierto en una isla pequeña como Puerto Rico, con recursos naturales limitados, una biodiversidad extraordinaria y un patrimonio histórico y arqueológico que debemos proteger para las generaciones presentes y futuras.
Por eso, el verdadero debate no debe ser si habrá impacto, sino cuál será la magnitud de ese impacto, quién asumirá sus costos y qué mecanismos existirán para mitigarlos. Parte del costo legítimo del desarrollo económico consiste precisamente en reconocer las externalidades que genera una actividad productiva e incorporarlas dentro de la planificación del proyecto. Un inversionista responsable debe entender que la rentabilidad económica no puede desligarse de la responsabilidad ambiental y social.
Desde una perspectiva de economía institucional, el papel del Estado no debe ser sustituir la iniciativa privada ni convertirse en un impedimento para la inversión. Su función esencial debe ser establecer reglas claras, fiscalizar su cumplimiento y garantizar que los costos de una actividad privada no sean transferidos injustamente al resto de la sociedad. La propiedad privada merece respeto, pero también debe ejercerse dentro del marco del bien común.
Por ello, la transparencia y la buena fe deben prevalecer de ambas partes. Los desarrolladores deben demostrar con evidencia técnica que sus compromisos ambientales son reales y suficientes. El Gobierno, por su parte, debe garantizar procesos regulatorios rigurosos, independientes y alejados de intereses políticos. La ciudadanía debe exigir información, pero también debe estar abierta a evaluar evidencia científica, no únicamente posiciones preconcebidas.
La pregunta fundamental en torno al Proyecto Esencia es si estamos ante una situación de suma cero, donde el beneficio de unos necesariamente implica la pérdida de otros, o ante una oportunidad de creación de valor compartido donde la inversión, el empleo, la conservación ambiental y el bienestar comunitario puedan coexistir.
En ese análisis, la voz más importante debe ser la de los residentes de Cabo Rojo, quienes serán los principales afectados positiva o negativamente por las decisiones que se tomen. Un desarrollo verdaderamente responsable no se impone sobre una comunidad; se construye con ella.
Puerto Rico necesita inversión, pero necesita inversión bien hecha. Necesita crecimiento económico, pero un crecimiento que deje un legado positivo y no una carga para las próximas generaciones. El verdadero progreso no consiste en escoger entre economía y ambiente, sino en demostrar que una sociedad madura puede proteger ambos.
