El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, levantó una bandera de alerta ante la orden ejecutiva que autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a realizar “compras de emergencia” para atender la crisis de agua que enfrenta el país.
“La emergencia del agua no puede convertirse en una emergencia para repartir contratos entre amigos, allegados de la gobernadora. Una cosa es actuar con rapidez para atender una necesidad urgente y otra muy distinta es utilizar la emergencia como excusa para evadir controles, competencia y transparencia en la contratación pública”, advirtió Ferrer Santiago.
El Portavoz señaló que la orden ejecutiva contempla una amplia gama de servicios, incluyendo construcción, inspección, filtración, potabilización, rehabilitación y reparación de infraestructura, así como adquisición de equipos y otros servicios profesionales.
“Cuando se abre la puerta a contrataciones de emergencia de esta magnitud, hay que prender todas las alarmas. No estamos hablando de uno o dos contratos aislados; estamos hablando de múltiples proyectos y servicios que podrían representar millones de dólares en fondos públicos. No vamos a permitir que esto se convierta en un nido de corrupción”, sostuvo.
Ferrer Santiago reclamó que cualquier contratación bajo este mecanismo esté acompañada de justificación pública, criterios objetivos de selección, transparencia en los costos, divulgación de los contratistas y estrictos controles de fiscalización.
“Emergencia no significa ausencia de controles. Y mucho menos significa que la gobernadora pueda escoger a quién beneficiar con contratos públicos”, expresó Ferrer Santiago al tiempo que adelantó que desde la Cámara de Representantes estará atento a las contrataciones que se realicen al amparo de esta orden.
“La crisis de agua que vive nuestro pueblo es demasiado seria como para permitir que alguien la convierta en un negocio privado. Los recursos públicos tienen que utilizarse para resolver el problema del agua, no para pagar favores políticos. Vamos a fiscalizar esos contratos, porque si alguien pretende utilizar esta emergencia para lucrarse, que sepan desde ya que los estaremos velando”, subrayó Ferrer Santiago.
