Cuatro de cada diez adultos en Puerto Rico presentan algún grado de inseguridad alimentaria, según el Informe de Seguridad Alimentaria en Puerto Rico 2026, un nuevo estudio divulgado por una alianza conformada por Espacios Abiertos, Fundación Triple-S y Nutriendo Puerto Rico. Los resultados confirman que la inseguridad alimentaria continúa siendo un importante desafío social, económico y de salud pública en la isla, al tiempo que subrayan la relevancia del concepto de seguridad alimentaria nutricional.
El estudio encontró que 40.8% de los adultos presenta algún grado de inseguridad alimentaria. Ese total se compone de 30.5% en la categoría de seguridad alimentaria baja y 10.3% en la de seguridad alimentaria muy baja. Los resultados apuntan, además, a la necesidad de mirar la seguridad alimentaria nutricional como un componente de la salud de Puerto Rico y no exclusivamente como un asunto de disponibilidad de alimentos, asistencia social o pobreza.
La nueva investigación tiene como finalidad actualizar los datos disponibles sobre el tema y profundizar en las circunstancias que rodean la seguridad alimentaria y nutricional de la población, así como su relación con factores económicos, sociales y de salud.
“Volver a estudiar esta realidad diez años después nos permite contar con información actualizada sobre Puerto Rico, pero también identificar las preguntas que todavía necesitamos responder. La evidencia debe ayudarnos no solo a describir el problema, sino a comprender mejor sus diferencias entre poblaciones y territorios y a orientar decisiones de política pública con información pertinente para nuestra realidad”, expresó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Ataveyra Medina.
Como referente histórico, un estudio del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico basado en datos recopilados en 2015 estimó que 33.2% de la población adulta presentaba inseguridad alimentaria. Sin embargo, Medina advirtió que no debe realizarse una comparación estadística directa entre ese estudio y el de 2026, debido a diferencias en la metodología de recopilación de datos y en otros elementos del diseño de ambos estudios. Según Medina, los resultados de 2026 constituyen un nuevo referente sobre la magnitud actual del problema en Puerto Rico.
La seguridad alimentaria y nutricional existe cuando las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias para llevar una vida activa y saludable. El concepto comprende cuatro dimensiones principales: la disponibilidad de alimentos, el acceso físico y económico, la utilización adecuada de los alimentos y la estabilidad de ese acceso a través del tiempo. El concepto de seguridad alimentaria nutricional evoluciona con el tiempo y, además de la calidad nutricional de los alimentos, considera su pertinencia cultural para la población.
“En Puerto Rico, el reto ya no es solamente tener acceso a alimentos; es poder acceder de manera consistente a alimentos nutritivos que permitan vivir y mantenerse saludable”, dijo Ángela Díaz, directora ejecutiva de Nutriendo PR. “Saber si un hogar tiene alimentos sigue siendo indispensable, pero no nos cuenta toda la historia. Necesitamos comprender qué alimentos están disponibles, cuáles terminan formando parte de nuestra alimentación, cómo los utilizamos, qué tan estable es ese sistema y qué relación tiene todo ello con nuestra nutrición, nuestra salud y nuestro bienestar. Este estudio no cierra esa conversación; nos da una nueva base para profundizarla”.
Los resultados del estudio revelan que las dificultades van más allá de la cantidad de alimentos disponibles. El 51.9% de los adultos encuestados reportó algún grado de dificultad para obtener y consumir regularmente alimentos nutritivos que apoyen la salud y el bienestar de su familia.Entre quienes experimentaron alguna dificultad, 91.7% identificó el alto costo de los alimentos nutritivos como una de las principales barreras.
La presión económica se refleja también en las experiencias reportadas por los participantes. El 46.7% indicó que, durante los últimos 12 meses, los alimentos en su hogar no duraron lo suficiente y no hubo dinero para comprar más, mientras que 43.4% reportó no haber podido consumir comidas balanceadas por falta de dinero. Cerca de una de cada cinco personas —19.7%— tuvo que reducir la cantidad de alimentos que consumía o dejar de comer alguna de sus comidas por razones económicas, y 4.5% reportó haber pasado un día completo sin comer por falta de dinero.
Además, entre quienes tuvieron que reducir la cantidad de alimentos o saltarse comidas por falta de dinero, 73.6% enfrentó esa situación durante más de dos meses del año, lo que sugiere que para una parte importante de esta población no se trata de episodios aislados.
El ingreso familiar aparece como uno de los factores más estrechamente asociados con la inseguridad alimentaria. La prevalencia alcanza 63.9% entre adultos con ingresos familiares anuales de hasta $14,999 y 50.2% entre aquellos con ingresos de $15,000 a $24,999. En contraste, entre adultos con ingresos familiares de $50,000 o más, la prevalencia es de 5.1%.
Los resultados también muestran diferencias por región de salud. La región de Ponce registra la prevalencia más alta, con 67.1%, seguida por Fajardo con 45.3%, Metro con 42.7%, Bayamón con 40.0%, Caguas con 35.3%, Arecibo con 32.0% y Mayagüez/Aguadilla con 24.0%.
“Estos hallazgos abren una oportunidad importante para profundizar en la relación entre alimentación, nutrición y salud. Comprender mejor cómo interactúan estas condiciones puede ayudarnos a identificar oportunidades de prevención y a desarrollar respuestas que integren de manera más efectiva la nutrición dentro de una visión más amplia de salud y bienestar”, puntualizó Lydia Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Triple-S.
Los hallazgos cobran mayor relevancia ante la dependencia de Puerto Rico de alimentos producidos fuera de la isla. Un estudio publicado en 2025 en la revista científica Frontiers in Nutrition por investigadores de la Universidad de Tufts, basado en datos de los años fiscales 2017 a 2019, reveló que Puerto Rico importa el 81% de sus alimentos, con una producción local que cubre apenas el 19% de las necesidades alimentarias de la población. La producción local satisface solo el 13% de la necesidad de vegetales, el 6% de las frutas y el 11% de las proteínas recomendadas.
