La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, inició la evaluación del Proyecto del Senado 273 para establecer una exención contributiva aplicable a los equipos y máquinas de generación de energía eléctrica en propiedades de uso residencial, comercial e industrial.
En el proceso de vistas públicas, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), por conducto de su director ejecutivo Javier García Cintrón, mostró reservas ante la medida al señalar que “tiene un impacto directo en los recaudos municipales”, el cual según un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sería de aproximadamente de $12 millones en el 2030.
“La contribución sobre la propiedad constituye una de las principales fuentes de ingresos de los municipios, y cualquier reducción de la base contributiva debe evaluarse con sumo cuidado, particularmente cuando la medida no identifica una fuente de sustitución, ni mecanismo de reembolso que compense la pérdida de ingresos”, dijo el funcionario.
García Cintrón recomendó enmiendas al proyecto, para que este tipo de exención sea aplicada a los equipos para producir energía en las residencias principales, que ya poseen exención contributiva, y que en la actualidad paguen, así como las utilizadas en propiedades destinadas exclusivamente al cuidado de adultos mayores y que tienen licencia vigente del Departamento de la Familia.
Mientras que el Lcdo. Ricardo Rolón, asesor legal de la Federación de Alcaldes, señaló que, aunque la organización reconoce y comparte la preocupación que busca atenderse, “una política pública bien intencionada también debe ser fiscalmente responsable, particularmente cuando sus consecuencias recaen directamente sobre los ingresos de los gobiernos municipales”, por lo que presentó su oposición al proyecto.
Rolón sugirió que “previo a continuar la consideración de la medida, se solicite al CRIM la preparación de un estudio de impacto fiscal que determine, como mínimo, el valor de la propiedad que quedaría exenta, la pérdida estimada de recaudos, su distribución entre los municipios y cualquier efecto que la medida pudiera tener sobre la estructura fiscal municipal”.
A petición del representante Pérez Ortiz, el director ejecutivo del CRIM se comprometió en remitir datos sobre este impacto por municipio.
El deponente recomendó, además, que “la Asamblea Legislativa identifique fuentes de ingreso alternas entre los recursos disponibles del gobierno central, de manera que los municipios no tengan que absorber la pérdida de recaudos que produzca la nueva exención contributiva”.
Entre tanto el ingeniero Ferando Osorio Caño, director de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sostuvo que, aunque la corporación reconoce que el proyecto “constituye un paso importante hacia el fortalecimiento de la resiliencia energética del país, al incentivar la adquisición de equipos de generación o almacenamiento de energía eléctrica, la medida resulta incompatible y contraria a la reforma contributiva impulsada por la Rama Ejecutiva”.
Argumentó que, dado que el propósito de la mencionada reforma es promover la economía y un sistema contributivo “más justo para todos en Puerto Rico, cualquier otra medida debe armonizarse con dicha reforma, por esta razón la AEE se ve imposibilitada de apoyar el proyecto”.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que, ante la situación de intermitencia en el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, esta exención “constituye un acto de justicia contributiva y de política pública responsable. Ello reconoce el esfuerzo de los residentes por fortalecer la resiliencia energética y garantizar la continuidad de servicios vitales en sus hogares”.
Por su parte, Luma Energy favoreció en memorial escrito la propuesta, particularmente ante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales, además del estado actual del sistema eléctrico de la isla.
Michael Juarbe Laffitte, vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Política Pública de Luma Energy expresó en el documento que “considerando el estado actual del sistema eléctrico y la importancia de contar con una alternativa durante una situación de emergencia, LUMA no se opone a la aprobación del proyecto”.
