Por Dr. Edgar Leon
El sistema de educación pública en Puerto Rico se ha convertido en un monstruo burocrático que asfixia a las escuelas mientras engorda contratistas innecesarios y despilfarra millones en un sistema eléctrico ineficiente. Es indignante que, año tras año, se destinen presupuestos colosales a pagar una factura de luz que ronda los 400 millones de dólares, mientras los planteles se quedan a oscuras y los fondos que deben ir a la enseñanza se desvían.
Llamado urgente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y agencias federales: Exigimos una intervención firme para frenar el despilfarro y rescatar la educación de nuestros estudiantes.
Auditoría y cancelación de contratos innecesarios: Revisar minuciosamente y rescindir todos los contratos vigentes en el Departamento de Educación que ya no son necesarios, eliminando la duplicidad de funciones y el exceso burocrático.
Cero transferencias a otras agencias: Prohibir tajantemente que se desvíen fondos educativos hacia otras agencias de gobierno que operan como barriles sin fondo y no aportan nada al aprovechamiento académico de los estudiantes.
Reducción de la burocracia al 15% máximo: Obligar a que los gastos administrativos centrales no rebasen el 15% del presupuesto total, destinando el 85% restante de forma directa a las escuelas.
No podemos seguir atados a un sistema eléctrico obsoleto que ahoga las finanzas escolares. Exigimos la implantación inmediata de un programa masivo de instalación de paneles solares y sistemas de baterías en todas las escuelas del país, adoptando el exitoso modelo comunitario de Casa Pueblo para erradicar el pago de la onerosa factura de luz y garantizar resiliencia ante emergencias.
- Protección absoluta del tiempo lectivo: Prohibir que se saque de la sala de clases a ningún estudiante durante las horas lectivas. Todo tratamiento psicológico, terapia o servicio de apoyo debe coordinarse estrictamente fuera del horario de clases (en horas de la tarde, antes de iniciar la jornada o los sábados), evitando afectar el aprendizaje.
- Salones con un máximo de 15 estudiantes, garantizando atención individualizada y un entorno propicio para el desarrollo cognitivo.
- Permanencia y justicia salarial para los maestros, deteniendo la fuga de talento y honrando a quienes sostienen el sistema.
- Tolerancia cero con el rezago académico: Prohibir el pase automático de grado para estudiantes que no dominen las destrezas básicas de lectura, restituyendo la excelencia y el rigor educativo.



