Los estudiantes de medicina, médicos residentes, en programas de internado y los que participan en adiestramientos post graduados de las instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, incluyendo los de los Centros Médicos Académicos Regionales, podrán contar con una protección para que no sean acumulados como demandados en reclamaciones legales, luego de que la Legislatura aprobara un proyecto de ley a esos efectos, de la autoría de la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas.
La legisladora indicó que la medida pretende aclarar el alcance del estatuto que creó los Centros Médicos Académicos Regionales al incorporar un lenguaje que provea la protección que estaba contenida en la intención legislativa, lo que evitará el caos que provocaría el haber dejado desprovistos de inmunidad a los estudiantes, médicos-residentes y médicos en adiestramiento post grado a partir del próximo 1 de julio del 2023.
“Confío que este proyecto aprobado por ambas cámaras sea firmado por el Gobernador, para evitar que nuestros estudiantes de medicina en instituciones privadas se vean en riesgo de ser demandados y cargar con una responsabilidad que le corresponde al médico docente o supervisor. Esta ley evitará un éxodo masivo de estudiantes de medicina al extranjero, lo que agravaría nuestra ya precaria capacidad de retener médicos en Puerto Rico pública y además permitirá garantizar la existencia de suficientes talleres de enseñanza para aumentar los programas de educación médica graduada en Puerto Rico”, sentenció.
González Huertas, quien además es senadora por el Distrito de Ponce, agregó que luego de la privatización de los hospitales públicos, el Departamento de Salud estableció acuerdos con hospitales privados alrededor de todo Puerto Rico para mantener talleres privados de enseñanza. Aun cuando los hospitales privados con programas de internado cumplen con una política pública y un importante rol social, sus médicos en internado y médicos residentes, carecen de inmunidad.
La medida, que pasa ahora para la firma del Gobernador establece que se habrá de enmendar la “Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico”, la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”; y el “Código de Seguros de Puerto Rico”. El resultado de estas enmiendas es extender las limitaciones a los Centros Médicos Académicos Regionales y miembros de la facultad de éstos por los procedimientos médicos que se lleven a cabo en dichos Centros en el ejercicio de sus funciones académicas y docentes. Dicha protección además mantiene el tope máximo de $75,000 por los daños sufridos por una persona y hasta $150,000 cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado.
Además, el proyecto establece que se extenderá la inmunidad para que no sean acumulados en un pleito ante los tribunales o cualquier foro con competencia, a todos los estudiantes, médicos residentes, médicos en programa de internados y médicos en adiestramiento postgraduado y/o en entrenamiento de las instituciones médico hospitalarias públicas y privadas. Se trata de extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico hospitalaria a todos aquellos que ofrecen servicios como parte de un contrato como médico residente con el Departamento de Salud de Puerto Rico o en un Programa de Educación Médica Graduada acreditado por el “Accreditation Council of Medical Education” (ACGME). También se establece que en los casos en donde aplica la inmunidad absoluta los médicos en programa de internado y residentes estarán exentos de mantener una póliza de responsabilidad por impericia médica según dispone el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico.
En la votación en el Senado, el proyecto 1197 recibió 21 votos a favor, ninguno en contra, uno abstenido y cinco ausentes; mientras que en la Cámara 43 representantes votaron a favor, uno en contra, tres abstenidos y cuatro ausentes.
