El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, informó hoy lunes la presentación de un recurso apelativo ante el Tribunal de Apelaciones, ante los 229 casos que el Departamento de Justicia cerró sin informar los detalles.
“Eso está se trata de un recurso que busca que se revoque una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dictaminó que este senador no tenía legitimación activa para acudir en auxilio a los tribunales a exigir información sobre casos archivados por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Este es un mal precedente ante la importancia que tiene la transparencia en la gestión pública”, expuso el legislador.
Desde el pasado mes de mayo, Hernández Ortiz ha solicitado tener acceso al listado de casos que fueron cerrados en la División de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. La petición inicial se hizo a través de un requerimiento de información del Cuerpo Legislativo, no obstante el Departamento de Justicia se negó a proveer la información.
“Eventualmente, el Senado de forma unánime aprobó una moción otorgando un plazo de 24 horas para que la agencia sometiera la información y de no hacerlo, se me autorizaba al a acudir a los tribunales. Nuestro reclamo es muy sencillo, que el Foro Apelativo pueda revisar esa determinación del Tribunal de Primera Instancia, toda vez que no estamos de acuerdo con ella y nos parece que no es correcta en derecho. El Senado aprobó una moción donde se nos faculta a comparecer y hacer valer nuestra prerrogativas” detalló el portavoz popular.
El también abogado añadió que “la lectura que el juez de primera instancia le da al Artículo 34-A del Código Político implicaría que un senador de minoría no puede comparecer a hacer valer por sus derechos constitucionales. La decisión del juez Anthony Cuevas Ramos implicaría que nosotros tenemos que tomar de la mano, casi obligatoriamente a un presidente de un Cuerpo Legislativo, en este caso del Senado, para que sea quien lleve nuestro reclamo a los tribunales, eso sencillamente es minimizar los derechos de las minorías que incluso están reconocidas desde la Sección 7, del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Para el portavoz de la delegación popular en el Alto Cuerpo, los eventos recientes en el poder ejecutivo hacen más meritorio que el Senado pueda auscultar el proceder del Departamento de Justicia. “Durante el pasado año y medio de esta administración y desde el Senado hemos denunciado los males de este Gobierno. Lo dijimos y nos reafirmamos: estamos ante una inundación de corrupción, cuyo centro de operación es La Fortaleza. Desde Justicia se han cerrado 229 casos ¿por qué razón?, ¿qué análisis se hizo previo a dicha cierre? son preguntas que solo pueden contestarse si el Departamento de Justicia actúa con transparencia”.
Finalmente, Hernández Ortiz confirmó que ya el recurso judicial le fue notificado a la Oficina del Procurador General y que el caso será evaluado por el Panel XI del Tribunal de Apelaciones. “Esta situación es de fácil solución, que se aplique de manera seria el concepto de transparencia en las decisiones gubernamentales. Con ese concepto, nosotros tememos un compromiso serio”, finalizó.
