Por Luis Y. Ríos Silva
MBA, PhD (c)
Profesor universitario
A los 85 años, nadie debería enfrentar la incertidumbre de dónde dormirá mañana. Sin embargo, esa es la situación de María Magdalena Ortiz Rosado, quien, después de 27 años viviendo alquilada en Hato Rey, enfrentó un proceso de desahucio. Su historia nos obliga a preguntarnos si Puerto Rico está preparado para proteger a una población que envejece aceleradamente.
Según el Negociado del Censo federal, aproximadamente una cuarta parte de nuestros residentes tiene 65 años o más. Las proyecciones demográficas indican que esa proporción podría superar un tercio para 2050. No se trata de un problema lejano: es una realidad que exige atención ahora.
Detrás de esas cifras hay personas que trabajaron, levantaron familias y contribuyeron al desarrollo del país. Muchas viven con ingresos limitados, enfermedades o soledad. Algunas no tienen hijos; otras han perdido a sus familiares o los tienen lejos debido a la emigración. Perder su hogar puede significar perder también seguridad, independencia y recuerdos de toda una vida.
Pero nadie debe pensar que está exento de una situación semejante. En Florida, algunos jubilados propietarios de condominios enfrentan gastos extraordinarios de mantenimiento, reparaciones y seguros que amenazan su capacidad de permanecer allí. En California, los incendios han dejado familias sin vivienda. En distintos países, las crisis económicas y los conflictos sobre propiedad muestran que tener un techo hoy no garantiza conservarlo mañana. Son circunstancias diferentes, pero comparten una advertencia: la vulnerabilidad puede alcanzarnos inesperadamente.
A esos riesgos añadimos una barrera creada por nosotros mismos: la tecnología. Cada vez más gestiones médicas, bancarias y gubernamentales requieren aplicaciones, contraseñas y portales electrónicos. ¿Qué sucede con quien no sabe utilizarlos, carece de internet o no tiene quien le ayude? Modernizar los servicios es necesario; excluir a quienes no dominan la tecnología, no. Deben mantenerse alternativas presenciales y telefónicas accesibles.
Las soluciones existen. Japón organiza servicios comunitarios para personas mayores; Singapur desarrolla viviendas con apoyos; España ofrece teleasistencia y Dinamarca cuenta con mecanismos municipales de atención. Puerto Rico no tiene que copiar modelos completos, pero sí aprender de sus medidas preventivas y adaptarlas a nuestros recursos.
Se argumentará que los fondos públicos son limitados y que existen otras prioridades. Ciertamente, todo presupuesto exige decisiones difíciles. Precisamente por ello, la atención a los niños y adultos mayores vulnerables debe tener un lugar central. Alimentación, vivienda, salud y seguridad no son privilegios: son necesidades esenciales.
El Departamento de la Familia y las demás agencias concernidas deben traducir sus responsabilidades en coordinación, prevención y respuestas oportunas. No debería hacer falta que una situación aparezca en televisión para activar la asistencia. Respetar los derechos de los propietarios y las decisiones judiciales es compatible con evitar que una persona vulnerable quede sin alternativas seguras.
También corresponde actuar a municipios, vecinos, iglesias, universidades y organizaciones comunitarias. Identificar voluntariamente a personas mayores aisladas, acompañarlas en gestiones y conectar servicios disponibles puede hacer una diferencia sin requerir siempre grandes inversiones.



