Por Dr. Edgar León
En 1952, la Rama Ejecutiva de Puerto Rico contaba con 52 agencias; para el año 2000, la cifra ascendía a 145 y los empleados públicos pasaron de 25 mil a más de 208 mil. Un estudio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) documenta este crecimiento hipertrofiado y admite un mal estructural: en la Isla no existe una tradición de evaluar si las entidades públicas realmente funcionan. Se crean, se financian y se heredan sin medir jamás sus resultados, sosteniendo un aparato burocrático descomunal para poco más de tres millones de habitantes.
El ciudadano enfrenta un laberinto entorpecedor de procuradurías ineficaces y trámites redundantes. Las agencias operan como archipiélagos aislados que no comparten información, forzando a la gente a llevar el mismo documento de ventanilla en ventanilla. Lejos de proteger, la sobrelegislación ha convertido muchas estructuras en meras fuentes de empleo político. Frente a este colapso, dependencias como la OGP deberían integrarse como una división técnica reducida dentro del Departamento de Hacienda, operando bajo un único sistema digital centralizado.
A este desorden interno se suma la rigidez externa de la Ley de Cabotaje, la cual, según estudios de la Universidad de Purdue, representa un costo anual aproximado de $1,400 millones para la economía local. Asimismo, resulta engañoso atribuir la llegada de fondos de FEMA a gestiones partidistas; los desembolsos responden a asignaciones federales por desastre y su ejecución continúa paralizada por la propia incapacidad gubernamental, reteniendo miles de millones de dólares en reconstrucción tras casi una década del huracán María.
La verdadera reingeniería no vendrá de las cúpulas políticas ni de nuevos comités, sino de la exigencia ciudadana. Resulta urgente consolidar o eliminar agencias duplicadas, digitalizar e integrar plataformas de información, transparentar la medición de desempeño mediante auditorías públicas e involucrar a municipios, universidades y al sector privado en el rediseño del Estado. Puerto Rico no necesita un entramado hipertrofiado que le diga cómo vivir, sino un gobierno ágil, interconectado y orientado a resultados. El país ya pagó un precio demasiado alto por una burocracia ineficiente; es momento de exigir un servicio público verdaderamente funcional.
