Por Dr. Edgar León
Puerto Rico no tiene una crisis educativa. Tiene un sistema que funciona exactamente como fue diseñado: producir dependencia, no conocimiento. Y los números ya no dejan espacio para el debate — dejan espacio solo para la indignación.
Cuando Puerto Rico participó por primera vez en las pruebas PISA en 2015, los resultados fueron una sentencia: los estudiantes obtuvieron 403 puntos en Ciencia, 90 puntos por debajo del promedio mundial; 378 en Matemáticas, de un promedio de 490; y 410 en Lectura, muy por debajo del promedio de 4931. Traducido: si Puerto Rico hubiese sido incluido en la clasificación mundial, habría ocupado la posición 54 de 72 países en comprensión lectora2. No estamos rezagados. Estamos en el sótano, compitiendo con naciones que invierten una fracción de lo que aquí se destina a nómina administrativa.
Y no ha mejorado lo suficiente como para que nadie duerma tranquilo. Según su propia Asamblea Legislativa, apenas el 1% de los estudiantes de tercer grado alcanzó el nivel de proficiencia esperado en comprensión lectora en 2021; en años recientes, solo 13% de primer grado, 21% de segundo grado y 40% de tercer grado demuestran dominio adecuado — lo que significa que más de la mitad del alumnado público carece de destrezas lectoras fundamentales. La misma Legislatura reconoce que un estudiante sin fluidez lectora al tercer grado tiene cuatro veces más probabilidades de abandonar la escuela, y aun así la tasa de graduación se sostiene apenas en 73%. Un sistema que graduá a jóvenes que no comprenden lo que leen no está educando: está certificando el fracaso con un diploma.
Mientras tanto, ¿dónde está el dinero? No en el salón. Mire la Educación Especial: el propio Departamento reconoce que cuenta apenas con 4,574 maestros para atender una matrícula de 88,006 estudiantes de educación especial servidos — sobre una matrícula pública total de 250,677 estudiantes, que se ha reducido en 41% en los últimos 30 años. Haga la cuenta: más de un tercio de todo el sistema está clasificado bajo educación especial, y aun así no hay maestros suficientes para atenderlo con dignidad. ¿Por qué? Porque el dinero de los fondos IDEA —$140,227,000 en fondos federales y $6,718,000 en fondos estatales, solo para el programa de Educación Especial— no se está usando para poner un maestro certificado en cada salón. Se está usando para sostener un aparato de «servicios» tercerizados, terapias grupales que deberían ser individuales, y papeleo que nadie audita públicamente.
Ese es el fraude real: casi 147 millones de dólares anuales destinados a estudiantes con necesidades particulares, mientras un estudiante de quinto grado sigue sin poder leer una oración completa porque nadie tuvo tiempo —entre formularios, expedientes y verificación de libretas— de enseñarle a decodificar una palabra.
Si en 2026, con datos de PISA, del propio Departamento de Educación y de su Legislatura confirmando el fracaso, seguimos sin una Ley de Lectura, sin auditoría pública trimestral de los fondos IDEA, y sin reducir la burocracia proporcional a la caída de matrícula — entonces hay que decirlo sin eufemismos: el sistema no está fallando. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar: produciendo un electorado que no lee, no cuestiona, y no exige cuentas.
