Con el fin de adaptar la justicia a los retos tecnológicos actuales, la Comisión Conjunta para la Revisión Continua del Código Penal, presidida por el senador Carmelo Ríos Santiago y el representante José «Che» Pérez Cordero, presentó hoy una serie de medidas legislativas y esfuerzos de fiscalización destinados a modernizar el Código Penal de Puerto Rico con el objetivo de abordar los retos emergentes que plantea la inteligencia artificial, el aumento de fraudes cibernéticos y la protección de poblaciones vulnerables, incluyendo a menores y adultos mayores.
Durante la conferencia de prensa, Ríos Santiago reconoció que el ordenamiento penal actual requiere una modernización inmediata para atajar las nuevas realidades del crimen organizado y tecnológico. “La Comisión ha transformado sus facultades de evaluación en una agenda legislativa agresiva, diseñada para cerrar las brechas legales que hoy dejan desprotegidos a los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico. Esta urgencia responde directamente a la falta de tipificación de delitos cibernéticos, la lentitud procesal que revictimiza a los ciudadanos y las marcadas inconsistencias en las sentencias actuales”, expresó el senador del Distrito de Bayamón.
El vicepresidente senatorial indicó que durante los últimos meses, la Comisión ha trabajado en la tipificación de delitos cibernéticos, incluyendo el uso de inteligencia artificial generativa o deepfakes, la destrucción de evidencia digital y la malversación de fondos de recuperación. Según se informó, la falta de herramientas legales adecuadas provocó que más de 1,100 casos de fraude relacionados con el PUA tuvieran que ser archivados por expiración de términos.
Para evitar que situaciones similares se repitan, la Comisión propone fijar un máximo de 20 años para la prescripción de delitos económicos y financieros desde su descubrimiento. Además, busca tipificar la alteración de evidencia digital e incluir el uso de inteligencia artificial generativa como agravante y enmendar las reglas de evidencia para facilitar la autenticación de pruebas creadas con esta tecnología.
Asimismo, Ríos Santiago anunció la radicación de alrededor de 10 medidas legislativas destinadas a combatir el fraude y la malversación de fondos federales por parte de contratistas del gobierno. Esta iniciativa complementará el esfuerzo de educación preventiva digital enfocado en proteger y concienciar a distintos sectores, incluyendo las poblaciones más vulnerables.
Finalmente, la Comisión reafirmó su compromiso de colaborar con la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el sector bancario para garantizar que el Código Penal responda a la realidad tecnológica actual y proteja a la ciudadanía.
