Como parte de la política pública de la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, junto al director de la Oficina de Incentivos para Negocios, Ernesto J. Zayas García, anunciaron hoy la puesta en marcha de la figura del Profesional Certificado, un mecanismo creado por el Código de Incentivos (Ley 60-2019) que hasta ahora no se había implementado. Esta figura facilitará la tramitación de solicitudes de decretos de exención contributiva mediante la emisión de certificaciones de preelegiblidad, lo que reducirá los tiempos de procesamiento y brindará mayor agilidad para los solicitantes.
“Desde que entró en vigor la Ley 60 en el 2019, se quedó sin habilitar este recurso indispensable para el funcionamiento óptimo de los incentivos contributivos. Hoy damos cumplimiento a esa asignatura pendiente con una estructura moderna que coloca la responsabilidad en profesionales licenciados para certificar de manera expedita la elegibilidad de ciertos trámites. Este paso es fundamental para continuar simplificando procesos, reduciendo burocracia y haciendo de Puerto Rico un destino más competitivo para la inversión”, expresó el secretario.
Los Profesionales Certificados estarán autorizados a emitir certificados de preelegibilidad en solicitudes estandarizadas que no requieran discreción ni negociación por parte del DDEC, lo que permitirá recortar hasta dos semanas de trámite administrativo. Asimismo, en fases posteriores podrán realizar certificaciones de cumplimiento y auditorías, siempre respondiendo con su licencia profesional.
Por su parte, el director de la Oficina de Incentivos destacó que la implementación de este mecanismo de Registro de Profesional Certificado (RPC) se realizó en coordinación con la Administración de Servicios Generales (ASG) y siguiendo modelos exitosos como el Registro Único de Licitadores (RUL) y el Registro Único de Proveedores (RUP).
“Con esto iniciamos una transformación estructural en la manera en que se procesan los incentivos. Estamos creando una dinámica de corresponsabilidad en la que abogados, contadores públicos autorizados y agrónomos licenciados, según corresponda, se convierten en aliados del DDEC para validar la información y certificar criterios de elegibilidad y cumplimiento. Esto agiliza procesos, aumenta la certeza regulatoria y coloca al servicio de los negocios en Puerto Rico un mecanismo mucho más ágil”, sostuvo Zayas García.
Registro y requisitos
El proceso de registro está activo y ya se encuentra disponible a través del Portal de Incentivos del DDEC (http://incentives.ddec.pr.gov). Los interesados deberán entrar a su perfil en línea y solicitar la inscripción en el Registro de Profesionales Certificados (RPC) siguiendo las instrucciones publicadas en la Carta Circular Núm. DDEC 2025-015.
Entre los requisitos para poder acreditarse como Profesional Certificado se encuentra estar admitido para ejercer como abogado licenciado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tener licencia de CPA o ser agrónomo debidamente licenciado, este último para el caso de incentivos contributivos de agricultor bona fide.
La implementación de esta transformación se hará en cuatro fases. La primera fase corresponde a la apertura de la plataforma en línea desde el 1 de octubre de 2025. La segunda fase implica el inicio de adiestramientos para los candidatos a Profesionales Certificados que serán ofrecidos el 11 de diciembre de 2025 en coordinación con el Colegio de CPA. La tercera fase a partir del 1 de enero de 2026 da paso a la apertura para someter certificados de preelegibilidad en casos estandarizados, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de trámite. Y finalmente, la cuarta fase implica facultar a los Profesionales Certificados para realizar evaluaciones de cumplimiento y auditoría de expedientes a partir del 1 de marzo de 2026.
Por su parte, la Administradora de ASG, Lcda. Karla Mercado Rivera dijo estar complacida con “haber podido poner a disposición del DDEC una infraestructura tecnológica moderna, segura y eficiente que permite viabilizar este nuevo sistema para que los profesionales puedan gestionar sus credenciales en un solo portal. La integración de esta nueva plataforma utilizando el Registro Único de la ASG representa un ahorro significativo para el Gobierno y una optimización real de nuestros recursos.”
En paralelo a este esfuerzo de profesionalización y corresponsabilidad regulatoria, la Oficina de Incentivos también culminó otro proyecto estructural que atiende la brecha normativa histórica con respecto a la publicación de las Guías para la Presentación de Informes de Procedimientos Previamente Acordados que deben someter los CPA para la validación de créditos contributivos en desarrollos turísticos y en proyectos prioritarios de zonas de oportunidad. Ninguno de estos dos tipos de créditos contaba con guías estandarizadas, por lo que con estos nuevos documentos el DDEC se asegura que los desembolsos estén estrictamente alineados con lo dispuesto en la Ley 60, eleva el estándar técnico de los informes y garantiza certeza y “accountability” al requerir validaciones uniformes de los gastos probados.
“En el caso de las zonas de oportunidad, la necesidad de esta estructura era aún más urgente, pues no existía procedimiento previo que viabilizara el desembolso de créditos aprobados; con estas guías se habilita finalmente ese proceso”, explicó el director de Incentivos.
“Reafirmamos la disposición y compromiso de nuestro colegio para colaborar en las iniciativas que redunden en el desarrollo socioeconómico de la isla. Nuestros colegiados, cuentan con un peritaje y experiencia que será de mucho beneficio para los asistentes a estos adiestramientos y así lograr la implementación del Registro de Profesionales Certificados”, expresó, por su parte, el CPA David Rodríguez Ortiz, presidente del CCPA.
