Hace seis años que Efranys Rodríguez Calvo no vive en Puerto Rico. Desde 2018 reside en Estados Unidos, donde participó de los eventos electorales en 2020. Al escuchar sobre los problemas con las inscripciones y las deficiencias del Registro General de Electores (RGE) en Puerto Rico revelados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), decidió verificar su estatus electoral mediante la aplicación web Consulta del Elector de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y sorprendida leyó que había votado en las elecciones de Puerto Rico en noviembre de 2020.
“Eso es imposible porque para el 2020 yo vivía en Washington y voté en las elecciones para la presidencia de Estados Unidos”, relató Rodríguez Calvo al comunicarse con el CPI. También envió evidencia de la página web que muestra que en 2020 estaba inscrita en el estado de Washington y que votó allá.
Desde febrero de 2022, Rodríguez Calvo está inscrita para votar en Texas, pero la CEE le permitiría votar en Puerto Rico puesto que no la ha inactivado del Registro Electoral. En la misma situación se encuentra un número no determinado de boricuas activos en dos jurisdicciones al mismo tiempo. Muchos puertorriqueños no hacen el trámite de desactivarse en el Registro Electoral en Puerto Rico cuando se mudan porque no saben si regresarán. No obstante, la CEE podría hacerlo, al menos con los puertorriqueños que se han ido a alguna de las 15 jurisdicciones con las que la agencia tiene acuerdos colaborativos, pues estas le envían la información de los votantes que se activan allá.
Tras la publicación del CPI hace una semana, Rodríguez Calvo le informó al secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón, sobre la información incorrecta que tiene la CEE de que votó en Puerto Rico en las elecciones pasadas y exige que se aclare si hubo un voto fraudulento usando su identidad.
“Por medio de esta carta le exijo que me envíen la lista de firmas del colegio (en el) que supuestamente voté en (Carolina) Puerto Rico y requiero que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico investigue y me envíe prueba del acta de mi voto y mi firma en las elecciones del 2020 en Puerto Rico”, indicó la electora en una carta a la que el CPI tuvo acceso.
“Estoy asombrada como todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos y siento que el pueblo no se da cuenta”, dijo la puertorriqueña residente en Texas, a quien le preocupa aparecer votando en dos jurisdicciones a la misma vez, lo que es ilegal, cuando ella ni siquiera estaba en la Isla para las elecciones de 2020. “Yo no tengo nada que certifique que vivo en Puerto Rico”, dijo, porque tampoco tiene alguna propiedad registrada a su nombre aquí.
“¿Quién votó por mí? Mi nombre es muy poco común [por lo que es difícil confundirlo]”, dijo Rodríguez Calvo. “Tengo la evidencia que estaba en Estados Unidos”, afirmó la boricua, quien se pregunta cómo es que se validan los datos, las actas y los votos en el sistema electoral puertorriqueño.
Otra electora de Puerto Rico que habló con el CPI y con el programa televisivo Rayos X de Telemundo, pero que para proteger su identidad y por razones de trabajo prefirió que solo se mencione su segundo nombre, Beatriz, relató que la CEE le creó dos cuentas distintas con números electorales diferentes.
La tarde del viernes 13 de septiembre, Beatriz inició su inscripción como nueva electora en la plataforma web del Registro Electrónico de Electores (eRE), pero ante los problemas y el retraso de transacciones que escuchaba existían en ese registro, y ante la cercanía del cierre de inscripciones, el miércoles 18 de septiembre decidió ir personalmente a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Hato Rey. Allí notificó que hizo el proceso de registro electrónicamente, y que fue personalmente para obtener su tarjeta física, o que le indicaran cómo obtenerla. En la JIP la inscribieron y salió con la tarjeta en mano.
El 24 de septiembre recibió un correo electrónico de la CEE indicando que tras el proceso que inició en el sistema eRE, estaba registrada para votar. Cuando accedió al Registro Electrónico, vio que tenía una tarjeta electrónica con la foto que envió y un número electoral, distinto al de la tarjeta que le había entregado la JIP en la CEE una semana antes. La transacción que hizo personalmente no canceló ni consolidó el proceso iniciado en el eRe.
“Fue una gran sorpresa el saber que tengo dos números electorales”, dijo Beatriz. “Ambos números aparecen [en el Registro Electoral] con mi información y aparecen como activos”.
La nueva electora Beatriz aparece con dos números electorales con su nombre. Foto suministrada
La electora dijo que le preocupa “que esto se preste para fraude con mi identidad. Me preocupa que en teoría, aunque yo sé que en Puerto Rico ponen un tinte ultravioleta (en el dedo), eso se presta para votar dos veces. Si yo fuese una persona inescrupulosa, yo podría ir, en teoría, y votar dos veces”.
“Estoy bien segura de que no soy la única persona que se encuentra en esta situación”, manifestó Beatriz. “Me enoja y me frustra la ineptitud de la Comisión Estatal de Elecciones de no poder reconciliar o sincronizar, porque lo que aparenta es que son dos sistemas diferentes y no tienen la capacidad de reconciliar los dos sistemas”.
Beatriz dijo que, a partir de su experiencia, desconfía del avance que en pocos días tuvo la CEE en la cantidad de inscripciones y reactivaciones electorales. El 21 de septiembre, según datos divulgados en la prensa, se habló de cerca de 35,000 transacciones sin atender hechas a través del Registro Electrónico. Para el 29 de septiembre la CEE dijo que solo restaban por validar 4,779.
“Qué me garantiza que ellos verdaderamente revisaron no solo mi documentación sino la documentación de todas las personas que se inscribieron o todas las transacciones que se realizaron a través de eRE, porque por la prisa y su falta de preparación, las cosas están saliendo mal”, dijo Beatriz.
La electora dijo que irá nuevamente a la JIP para eliminar uno de sus registros electorales aunque le frustra que la responsabilidad de aclarar su récord recaiga en ella cuando el error es de un sistema ineficiente de la CEE. “¿Por qué tengo que hacer una tercera diligencia para que mi voto cuente?”, cuestionó.
Marcos Noel tenía 34 años de edad cuando falleció en 2019 en Ohio. Su acta de defunción, que la familia compartió con el CPI, lo comprueba. Lo que a sus parientes les extraña no es tanto que aparezca en el Registro Electoral como activo, sino que el Registro Electoral muestre que votó en noviembre de 2020, lo que evidentemente es imposible.
“¿Cómo es posible que la CEE no pueda depurar las actas?”, dijo la madre de Marcos Noel, quien prefiere que no se mencione su nombre y dijo que sintió indignación cuando leyó en el Registro que su hijo había votado en 2020 a pesar de que murió un año antes del evento electoral. “Me dio un poquito de tristeza también”.
Dice que será en conversación con su otro hijo que determinarán si pedirán a la CEE que aclare el asunto. Le parece importante “que no sigan utilizando la información de los seres que amamos, que ya no están, y que se investigue hasta el fondo porque sería un fraude si aparece la firma de mi hijo y si pasa lo mismo con el otro y el otro, pues es un robo de elecciones, independientemente del partido que sea”.
Documentos relacionados al caso de Marcos Noel, quien falleció en Ohio.
Foto suministrada.
Tras la publicación la semana pasada de la investigación del CPI sobre las irregularidades en el proceso electoral, que incluyen el robo de votos, vaciado de listas de electores para endosos y sufragio, y el uso de certificados médicos fatulos para el voto a domicilio de encamados, entre otras anomalías, el CPI ha recibido cientos de correos electrónicos y mensajes en las redes sociales que relatan casos de información falsa en los datos oficiales del Registro Electoral. También se han recibido miles de respuestas a un formulario en línea que publicó el CPI para conocer el estatus electoral de familiares fallecidos o personas que estaban fuera del País para la fecha de las pasadas elecciones.
La reacción inmediata de la Presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, fue negar en un comunicado de prensa que fueran ciertos los datos publicados por el CPI, pero no explicó las discrepancias entre la información del Registro Electoral y la realidad de personas que figuran como votantes en fechas posteriores a su fallecimiento o a su mudanza de Puerto Rico. Tampoco dijo qué acciones tomará la institución, si alguna, para evitar el vaciado de listas el día de las elecciones y para asegurar que el voto que llegue por correo, en efecto, corresponde a electores vivos. Tampoco explicó por qué los datos de los electores excluidos por muerte del Registro General se comparten con los partidos políticos. Lo que sí dijo Padilla Rivera es que tomará acciones legales contra el CPI y se sostuvo en que solo faltaba excluir del Registro Electoral a 16,000 fallecidos de 2023.
La funcionaria dijo que “no descarta la posibilidad de incoar una acción legal en contra del Centro de Periodismo Investigativo, esto, a raíz de las admisiones contenidas en la historia publicada este pasado martes, 24 de septiembre, en donde claramente reconocen haber tenido acceso a información confidencial y privilegiada de ciudadanos que obra en el Registro General de Electores”.
La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, catalogó de indignante el intento de amedrentar a las periodistas del CPI ante los hallazgos tan escandalosos sobre las fallas históricas de la CEE.
“Este trabajo lo único que busca es que se atienda con urgencia el problema del robo de votos que claramente se ha estado dando y que se podría repetir en noviembre próximo. Si la Presidenta alterna opta por cumplir su amenaza de acción legal, estamos más que preparados para enfrentarla”, dijo, y recalcó que recibir información y documentos de fuentes anónimas es parte esencial del trabajo periodístico en Puerto Rico y en todo el mundo, algo que está protegido como parte de la libertad de prensa.
Cambio de versiones
Las justificaciones a lo que dice el Registro Electoral sobre votos de fallecidos o personas con fechas de nacimiento del siglo XIX que han circulado desde la oficialidad de la CEE o de exfuncionarios y contratistas de la agencia han variado, a la vez que aumenta la cantidad de testimonios de personas cuyos récords dicen que votaron pero no lo hicieron.
Primero se dijo al CPI que no había posibilidad de que en el Registro hubiese personas nacidas en el Siglo XIX. Se dijo que el año de 1800 se usó como año de nacimiento de todo elector cuyo récord carecía de fecha de nacimiento. También, que los electores que aparecen como votando aunque no lo hicieron, formaban parte de un grupo de electores cuyas listas usadas en el salón de votación se perdieron. La excusa más reciente son errores en el sistema electrónico.
Para el próximo viernes, 11 de octubre, la Presidenta alterna tendrá que entregar un informe al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, sobre la depuración del Registro Electoral de personas fallecidas o que no residan en Puerto Rico.
“El pueblo de Puerto Rico reclama un proceso electoral libre de toda posibilidad de fraude”, indicó Varela. “Es importante que la juez Padilla nos provea un informe detallado y completo sobre el tema de la depuración de las listas de fallecidos, de modo que podamos brindar certeza y confiabilidad al electorado”, añadió.
Políticos y analistas vinculados principalmente al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático han cuestionado las denuncias y a los denunciantes en lugar de reconocer que los problemas existen y proponer soluciones a las irregularidades.
Anadys Félix fue una de las personas que relató al CPI que su abuela fallecida aparece en el Registro Electoral como votante en 2016, fecha para la que ya no estaba con vida. A pesar de que el deceso ocurrió hace 13 años, la mujer no ha sido excluida del Registro. Asimismo, dijo que la CEE registra que su abuelo ejerció su derecho al voto en las elecciones de 2020, lo que tampoco pudo ocurrir porque se encontraba en República Dominicana para noviembre de ese año. En una segunda entrevista con el CPI, Félix dijo estar indignada con las afirmaciones que ha leído para desacreditar su denuncia, en las que se alega que su abuelo de 95 años, Florencio Fernández Martínez, se reactivó para votar motu proprio y que no solo acudió personalmente a reactivarse a una JIP sino que también votó presencialmente.
“Mi abuelo está muy seguro y mi familia está muy segura que mi abuelo no hizo ninguna de las dos cosas”, dijo Félix, quien se orienta legalmente para saber qué pasos seguir. “Creo que no lo vamos a hacer a través de la Comisión, porque la Comisión no tiene ningún interés en esclarecer todo esto… queremos que nos abran los libros y [ver] quién votó por él”, advirtió.
Félix dijo que entre la prueba que tiene están los ponches del pasaporte de su abuelo Florencio que lo ubican en la República Dominicana para esa fecha, donde reside hace varios años. En junio de 2020 visitó la isla para pasar el Día de los Padres, volvió a la República Dominicana, y en diciembre regresó a Puerto Rico para pasar la Navidad.
Foto por Gabriela Michele Ros | Centro de Periodismo Investigativo.
Asimismo, Federico Castellanos Diloné denunció en un correo electrónico enviado al CPI que en la CEE lo trataron como mentiroso a pesar de las pruebas que entregó sobre los trámites electorales que hizo para votar por correo en 2020. Castellanos Diloné denunció en marzo de 2024 a El Nuevo Día que en 2020 solicitó voto adelantado por correo debido a la pandemia del COVID-19, pero nunca recibió la papeleta y no votó. Sin embargo, en el Registro Electoral aparece como un votante en esa elección.
La CEE afirmó que Castellanos Diloné solicitó votar presencial y no acudió. Castellanos Dilone niega esa aseveración y compartió con el CPI el documento que envió para solicitar el voto. La Comisión dijo que si lo registró como votante de 2020 probablemente sea porque la lista de su colegio se perdió y se marcó como votado, según supuestamente disponía el Manual de Procedimientos de los funcionarios electorales. Se explicó en ese reportaje que tanto las papeletas como las actas de escrutinio de ese evento se decomisaron, lo cual hizo imposible determinar la veracidad de las alegaciones.
Funcionarios y exfuncionarios de la CEE han dicho también a otros medios y en la redes sociales que asignan la fecha del 1 de enero de 1850 a aquellos electores que no tienen en el registro una fecha de nacimiento. No obstante, el problema de la fecha también se debe a la falta de acción de la CEE para corregir sus datos.
Por ejemplo, Jovito González Carambot se comunicó con el CPI y explicó que su tarjeta electoral tiene esa fecha de nacimiento, aunque no es la correcta. “Cuando fui a sacar mi tarjeta en el 2004 me la entregaron con esa fecha y me dijeron que es por un error de la máquina, pero que podía votar de todos modos, y he estado votando desde entonces con esa tarjeta”, señaló. Aunque el error de la máquina fue hace 20 años, la CEE no ha corregido la información de este elector aunque tiene su dirección y teléfono en el Registro, y González Carambot sabe su fecha de nacimiento.
Reaccionan los partidos y las organizaciones de prensa
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) dijo al CPI en expresiones escritas que, para confirmar que no hayan electores fallecidos entre los votos adelantados recibidos por correo de aquí a noviembre, la CEE debe “comparar contra la lista de excluidos según lleguen los sobres con las papeletas votadas”.
En el futuro, para evitar fraude en el voto a domicilio, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, dijo que la CEE debe “exigir certificaciones médicas a los solicitantes de voto a domicilio y establecer una fecha límite de solicitud de 90 días antes de la elección, para que puedan ser evaluadas y aprobadas por las comisiones locales”. Estos cambios requerirían enmiendas al Código Electoral de 2020.
Por su parte Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el PPD, dijo a la prensa que la investigación del CPI presenta “denuncias serias”. A su juicio, “quien ha sido denunciado por cometer fraude ha sido el PNP”. La investigación del CPI menciona un caso de dos funcionarios del PPD en Villalba en 2012, que resultaron convictos por vaciar listas en una primaria para favorecer a ciertos aspirantes a la Asamblea Legislativa.
El candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, expresó su oposición a cualquier acción legal contra el CPI o sus periodistas.
“La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer nuestro sistema electoral. En lugar de intentar silenciar a los medios, debemos prestar atención a las denuncias presentadas y trabajar en conjunto para corregir las debilidades de cara a las próximas elecciones”, dijo Jiménez. “Los periodistas juegan un rol crucial en nuestra democracia y las denuncias sobre irregularidades en el registro electoral deben ser atendidas con seriedad, no con represalias legales. La actitud de la CEE debería ser de colaboración y transparencia, no de intimidación. Respaldamos al Centro de Periodismo Investigativo y su labor de informar al pueblo”, añadió.
La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González, no contestó las peticiones de comentarios sobre la investigación enviadas por el CPI.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) catalogó las expresiones de la Presidenta de la CEE como muy cuestionables y preocupantes. La organización deploró el intento de censura contra la prensa.
“Rechazamos este intento de mordaza de la Presidenta alterna de la CEE y jueza, Padilla Rivera. Los periodistas no vamos a bajar la guardia, no nos vamos a amedrentar, continuaremos con nuestra función informativa y fiscalizadora con los más altos valores que guían el ejercicio de nuestra profesión para que nuestro pueblo tenga toda la información, sin tapujos”, afirmó la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.
El Overseas Press Club dijo que la conducta de Padilla Rivera es inaudita.
“Con su conducta, la jueza Padilla Rivera, se suma a la poco honrosa lista de funcionarios que amenazan con usar el poder judicial para censurar e impedir la labor investigativa de los periodistas”, dice el comunicado. “Revelar información de interés público es la médula del quehacer periodístico y no está sujeto a gustos particulares. El CPI hizo su trabajo, y llama la atención que la Presidenta alterna, en lugar de discutir los pormenores del reportaje, se dedique a amenazar a periodistas”, expresó la presidenta de la entidad, Gloria Ruiz Kuilan.
