La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el proceso de aprobación de beneficios y pagos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA), las operaciones de los Oficiales Pagadores Especiales (OPE), así como la eliminación de los puntos controvertibles, entre otros, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
El Informe revela que se desembolsaron $12,731,035 de fondos PUA y del FPUC – Federal Pandemic Unemployment Compensation, a 1,039 beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas. Del examen realizado sobre el proceso de evaluación y aprobación de las solicitudes, el Departamento del Trabajo tampoco validó la identidad de los beneficiarios, los ingresos dejados de devengar, la información provista sobre trabajos por cuenta propia, ni la identidad de las personas que trabajaron los casos. Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos.
La OCPR no pudo determinar si personas convictas recibieron beneficios del PUA para los que no cualificaban. El Departamento de Corrección y Rehabilitación certificó que no cuenta con un sistema computadorizado para el control de la población correccional, y que el proceso de ingreso y egreso de los confinados se lleva de forma manual. Al respecto, no se comentan hallazgos por las limitaciones de alcance sobre este objetivo de la auditoría.
Por otro lado, la auditoría señala que el Departamento del Trabajo no había designado una persona ajena a las funciones de la OPE para preparar los comprobantes del Oficial Pagador Especial. Esta falta de segregación de funciones propicia que se cometan errores. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-16-13 del 16 de noviembre de 2015.
Al 8 de julio de 2021, no se habían realizado 11 conciliaciones bancarias de la cuenta del sistema FastPUA (PUA Claim and Payment Services- Portal Suscription) para el pago de desempleo por la pandemia. Además, del sistema SABEN -Sistema Automatizado de Beneficios- se habían realizado, a partir del marzo de 2020, las conciliaciones bancarias de tres meses, hasta un año más tarde. Las conciliaciones deben realizarse en un periodo de tres días laborables tras el recibo de la cuenta bancaria.
Del 2017 al 2021, la OPE había pagado beneficios de seguro por desempleo por la cantidad de $1,372,084,673. Del 27 de febrero de 2020 al 17 de marzo de 2022, se efectuaron desembolsos a 527,341 beneficiarios del PUA por $5,463,215,738.
Durante la pandemia se aprobaron y pagaron beneficios a reclamantes que no cumplían con los requisitos. De una muestra de los 418,558 puntos controvertibles o issues en la reclamación por falta de datos, se detectó que se eliminaron issues sin la evidencia aportada por el beneficiario, ni dar las razones para eliminar el punto controvertible. Al respecto, era necesario que el Departamento del Trabajo tuviese un control previo que asegurara la legalidad, corrección, exactitud y propiedad de las operaciones fiscales.
El Informe comenta los múltiples atrasos del Departamento del Trabajo para entregar la información y los documentos solicitados. La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, notificó 45 días antes mediante carta, la fecha del comienzo de la auditoría así como la documentación requerida. Transcurridos 21 días del comienzo de la auditoría, el 29 de enero de 2021, quedaban 13 asuntos de los 20 requeridos sin entregar; luego de 61 días quedaban 12 de los 20 asuntos sin entregar, y 222 días después, todavía estaban pendiente dos de los 20 asuntos.
Además, el 3 de mayo de 2021 se solicitó al oficial principal de informática del Departamento, las bases de datos de los sistemas SABEN y FastPUA. La información que debió ser entregada a los auditores el 14 de mayo de 2021, se entregó incompleta el 14 de diciembre de 2021. La auditoría le recomienda al secretario del Trabajo y Recursos Humanos que se asegure que los funcionarios o proveedores privados no obstruyan las investigaciones de la Oficina del Contralor y que eviten posibles violaciones de carácter penal de la Ley 37-2004 que tipifica como delito grave la obstrucción, demora o impida la realización de una auditoría del Contralor de Puerto Rico.
La Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del Departamento (UISI) certificó que, al 1 de octubre de 2021, había referido 323 casos por $36,620,171 al Federal Bureau of Investigation, a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Investigaciones Especiales, y a la Unidad de Robo a Bancos. La UISI dirige las investigaciones de posibles fraudes internos o externos de funcionarios del Departamento o beneficiarios de los programas de desempleo.
El Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, contó con un presupuesto federal de $246,881,782 y realizó desembolsos por $157,660,625 para una diferencia de $89,221,157 al 30 de junio de 2023.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2022 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
