De 46,675 estudiantes que pudieron haber utilizado los vales educativos del Programa de Libre Selección de Escuelas del Departamento de Educación (DE) para trasladarse a escuelas privadas en los pasados seis años, apenas 2,570 lo hicieron, lo que equivale a un 5.5% de ese total.
Los datos provistos por el DE tras una demanda de acceso a información muestran que las solicitudes han mermado sustancialmente desde que inició el programa. Para el año escolar 2020-21, el Departamento recibió 9,027 solicitudes, y el pasado año escolar solo obtuvieron 2,134.
Aunque Educación no ha hecho una evaluación formal sobre la aceptación del Programa, un sondeo virtual que hizo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que el vale no alcanza para pagar la totalidad de los gastos en una institución privada, que el Departamento avisa a los escogidos cuando ya están por iniciar las clases, que hay cierta desconfianza en el sistema de lotería que se usa para la selección de los beneficiados y que se le da poca promoción al Programa.
Un certificado o vale del Programa de Libre Selección de Escuelas cubre en promedio el 53% de la matrícula y las mensualidades en un colegio privado por un año. Las solicitudes para obtener estos vales mermaron significativamente desde el año 2023.
La Reforma Educativa de 2018 estableció que se otorgarán vales para no más del 3% de toda la matrícula estudiantil por año escolar. El presupuesto para los vales nunca ha superado los $1.2 millones en un año. Si se hubiera otorgado el promedio de un vale a ese 3% de la matrícula, el DE hubiera invertido sobre $18 millones en certificados educativos anuales.
Pero Félix A. Pérez Rivera, quien hasta julio fue director interino de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, a la cual se reporta la Oficina del Programa de Libre Selección de Escuelas, indicó que el bajo porcentaje de estudiantes que han recibido vales se debe a que “por lo general, las solicitudes no cumplen con los requisitos”. Sobre la merma en las solicitudes, el funcionario lo atribuyó a que el certificado no cubre un año completo en un colegio.
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Estudiar en una institución educativa privada en Puerto Rico cuesta en promedio $4,403 por año, según estima la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación del Departamento de Estado. El promedio de un vale, que solo se puede usar para cubrir la mensualidad o la matrícula, es de $2,336 por estudiante al año. Los padres o encargados costean cualquier otro gasto para asistir a la escuela privada seleccionada.
Los vales se adjudican mediante un proceso de lotería. Se toman en consideración el ingreso de la familia solicitante, si el estudiante tiene alguna discapacidad severa, si son alumnos adoptados o en albergues, o víctimas de violencia o acoso, tienen un coeficiente intelectual igual o mayor de 130; o según su promedio, priorizando a los estudiantes rezagados. Los padres de los participantes deben asegurarse que cumplen todos los requisitos de la escuela recipiente, incluyendo tomar las pruebas estandarizadas del DE y de la institución privada escogida.
“Solicité una vez y apenas dan información del proceso de lotería. La respuesta es tan tarde que no da el tiempo de uno prepararse para el año escolar. Es como si no quisieran que los vales fueran utilizados”, denunció Leylani M. Colón Grau en un sondeo circulado por el CPI en Facebook. Similar a Colón Grau, Yeidymar Ruiz comentó que solicitó al Programa por tres años seguidos “y nunca me los otorgaban, siempre decían que eso es una lotería”. Otra internauta, Tirzah Rivera, dijo que varios integrantes de su familia han recibido vales, pero que este año no vio ningún anuncio sobre el Programa en la página del DE.
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Son 91 colegios los que han participado del programa desde su creación hace seis años, recibiendo $6,064,118.45 en fondos públicos por parte de la agencia. De esas instituciones, la mitad son colegios religiosos.
Según el reglamento del Programa de Libre Selección de Escuelas, las instituciones participantes no pueden discriminar contra los estudiantes matriculados en la escuela. El CPI preguntó a la directora interina del Programa, Mercedes Gauthier Vélez, cómo se asegura el Departamento de que un colegio religioso no discrimine contra un estudiante o familia no practicante de alguna religión. “Los padres o tutores, de acuerdo a las necesidades de la familia y el interés del estudiante, escogen el colegio. Tenemos colegios de todos los sectores participando. El DEPR no interviene en la selección”, respondió la funcionaria en declaraciones escritas.
Cada vez que una institución educativa privada factura por el o la participante, tiene que entregar los informes de asistencia y progreso académico de cada estudiante. También deben notificar al DE en cinco días si un alumno es expulsado o dado de baja.
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Atropellante el proceso con el DE pero satisfechas con los colegios
Un anuncio publicado en 2019 en uno de los principales rotativos del país motivó a Nélida Flores Sánchez a llegar hasta la sede de Educación para orientarse sobre el Programa de Libre Selección de Escuelas, que ese año comenzaba como un piloto. “Creo que fui de las primeras [en participar]”, cuenta la madre de un joven senior. Con el vale otorgado matriculó a su hijo en el Colegio Nuestra Señora de Altagracia en San Juan.
“La experiencia fue buena, pero contestan muy tarde [en el DE]. Es atropellante”, recordó Flores Sánchez. La agencia le confirmó el mismo día que comenzaron las clases en la Escuela Julián Blanco que su hijo había sido aceptado como participante para ir al colegio privado. “Le fue muy bien allí. Estuvo hasta octavo. El colegio tuvo que cerrar por problemas económicos”, añadió.
Recomendaría participar del proceso para obtener un certificado educativo solo si “pueden pagar adicional, porque una persona que no trabaja no puede pagar un colegio. Y ese [Nuestra Señora de Altagracia] era uno de los más económicos”. Otro detalle sobre el que no orientaron a Flores Sánchez en el DE es que “los nenes pierden el derecho de Educación Especial. Mi nene tenía beca de transportación y la perdió. Por poco pierde las terapias. El colegio no le daba acomodo razonable”.
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De modo similar, Madga Ocasio Borges tampoco supo que su hijo perdería las terapias psicológicas que recibía por ser estudiante del Programa de Educación Especial en el sistema público al aceptar el vale para matricularlo en el Colegio Católico Notre Dame de Caguas. “Las terapias, como eran por Remedio [Provisional], sí las conservó. Las psicológicas las perdió. El Departamento no orientó sobre eso, pero el colegio sí cumplió con el acomodo razonable”, contó.
“Cuando un estudiante entra al Programa de Libre Selección de Escuelas pasa a ser estudiante de ese colegio, y el estudiante y su familia tienen que seguir las directrices, estructuras académicas y disciplinarias, protocolos y currículo del colegio en cuestión. Cada institución define los programas que ofrece. Por lo tanto, si un niño toma terapias en el Departamento de Educación, la institución privada que elija no está obligada a ofrecerlas si no están dentro de su programa de ofertas”, dijo al CPI la directora ejecutiva de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Wanda Ayala de Torres.
La titular de la Asociación agregó que los alumnos inscritos en el Programa de Educación Especial del DE tienen el derecho de continuar sus terapias pero fuera del horario escolar del colegio.
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Ocasio Borges también fue una de las primeras madres que participaron del piloto del Programa de Libre Selección de Escuelas. Su hijo, ahora universitario, es legalmente ciego. “Cuando pasa a superior, pasa a una escuela más grande, la José Gautier Benítez, en Caguas. Nunca tuvo una semana completa de clase. Se me iba por la periferia, el primer día se fue a una pizzería solo”, detalló sobre sus razones para escoger la opción de obtener un vale y matricularlo en el colegio cagüeño, que además, le quedaba mucho más cerca de su trabajo.
Reconoce que el primer año que obtuvo el vale fue estresante porque Educación le notificó que su hijo fue aceptado al Programa mediante correo electrónico un domingo, y el miércoles empezaban las clases. No obstante, en el colegio le dieron los uniformes el primer año y descuento en los libros. “No tengo queja alguna, el trato fue espectacular. Fue lo mejor que pudo haber pasado porque todo lo que le hacía falta para el reto de la vida universitaria allí se preparó”, aseguró Ocasio Borges, quien detalló que tuvo que hacer ajustes y ahorrar para cubrir la mitad de los gastos anuales de la institución educativa privada.
En la página de Facebook del CPI, otra internauta comentó que en el colegio al que asiste su hija “hubo problemas porque se quedaban mensualidades sin pagar y algunos padres alegaban que desconocían que tenían que cubrir lo que faltaba. Si el DE les da $2,500 tendrían una deficiencia que cubrir porque en este colegio la matrícula nada más es $1,000 y mensual $300, más súmale libros y otras actividades compulsorias”.
Participantes de un sondeo divulgado por el CPI indicaron que participaron del Programa y tuvieron que aportar más de $1,500 para cubrir un año completo en la institución de su elección. Otra persona indicó que tuvo que aportar menos de $500.
Los colegios más beneficiados
Los colegios que más fondos han recibido al participar del Programa de Libre Selección de Escuelas son: la Academia Presbiteriana en Carolina, el Colegio San Benito en Mayagüez, la escuela especializada Puerto Rico Baseball Academy & High School en Gurabo, la Fountain Christian Bilingual School en Carolina, y la Academia Cristiana Cohelet de Las Piedras, según surge de un análisis del CPI a partir de los datos provistos por el DE mediante el tribunal.
Estudiar, por ejemplo, en Fountain Christian Bilingual School fluctúaentre $4,085 a $4,835 al año tan solo en matrícula y mensualidades, sin contar libros, uniformes ni cuotas. Desde que el colegio, administrado por la Iglesia Fuente De Agua Viva, participa del Programa, ha recibido a 109 estudiantes procedentes del sistema de enseñanza público. Opera en la antigua Escuela Julia de Burgos en Carolina, cerrada en 2017 por el DE y comprada por $612,000 por Fountain Christian Bilingual School Inc.
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De la página web de Fountain Christian Bilingual School se desprende que para matricular a un alumno en el preescolar sus encargados deben someterlo a una prueba psicométrica con el psicólogo de su preferencia, una entrevista con la directora académica y tomar un examen de ubicación. A nivel elemental, se solicita que el estudiante tenga un promedio general mínimo de 80%, mientras que a nivel de intermedia y superior, de 85%.
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El Colegio Católico San Benito en Mayagüez, inscrito en el Departamento de Estado en 1966, ha recibido 130 estudiantes a través del Programa de Libre Selección de Escuelas desde el 2020. Para el proceso de matrícula, todos los encargados deben firmar un contratoque dice: “Acepto que mi hijo(a) sea matriculado en probatoria durante el semestre en que es inscrito”, y el alumno matriculado debe mantener 2.50 de promedio. El costo anual promedio para libros es de $169.
La Puerto Rico Baseball Academy & High School es la primera escuela superior del país especializada en béisbol avalada por las Grandes Ligas (MLB en inglés). En 2019 estableció un programa de sóftbol femenino. Hasta ahora, ha recibido 132 estudiantes con vales educativos.
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La academia especializada detalla en su página web que para que un estudiante sea admitido debe tener un promedio de 2.50, realizar un tryout “para conocer las habilidades deportivas”, y una entrevista. Según el Manual de Protocolos, Políticas y Procedimientos de la institución, la cuota de matrícula de $750 garantiza un espacio en el proceso de admisión y no es reembolsable. El colegio no cuenta con hospedaje ni transporte, pero tiene un programa de asistencia económica. Esta ayuda no cubre libros, cuyo costo promedio anual fluctúa en $360; uniformes ni cuotas de graduación.
Las tres instituciones educativas reseñadas fueron contactadas por el CPI para conocer su experiencia con el Programa de Libre Selección de Escuelas pero ninguna atendió la petición.
El origen racista de los vales en EE.UU.
Los programas de vales educativos comenzaron en la década de 1950 para permitir la libertad de elección de un segmento del mercado: los padres blancos del sur estadounidense. Hasta 1954, tras la sentencia de Brown v. Board of Education, las escuelas en Estados Unidos estaban segregadas, pero los padres con poder político-económico encontraron la forma de mantener esa segregación racial a través de los vales que usaban para matricular a los hijos en escuelas privadas que evitaban la integración.
A finales de la década del 70, se reformuló la política de los vales para mejorar la educación en los distritos urbanos. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, se afianzó el marco legal y financiero para estos programas a gran escala en EE.UU. Hoy día existen programas de certificados educativos (vouchers) en 30 estados.
Según la Asociación Nacional de Educación estadounidense, estos vales no proporcionan un beneficio económico real para la mayoría de las familias pobres. También argumentan que, a diferencia de las escuelas públicas, las privadas no están obligadas a adaptarse para los estudiantes de Educación Especial, pueden excluir a los estudiantes por sus creencias religiosas, el rendimiento académico, y si el solicitante o un miembro de su familia pertenece a la comunidad LGBTQ+.
Tan reciente como en abril, legisladores de Tennessee aprobaron expandir el programa de vales pero durante el debate alertaron sobre el aumento en costos que representaría la expansión, la falta de acceso al programa en áreas rurales, y un informe de la Contraloría del estado que señaló que los estudiantes participantes de vouchers no tienen mejor rendimiento académico ni mejores resultados en pruebas estandarizadas que los alumnos de escuelas públicas.
Una investigación publicada por ProPublica en julio reveló que la expansión de los programas de vales y las cuentas de ahorro para la educación permitieron el rápido crecimiento de escuelas privadas financiadas con fondos públicos, sin fiscalización gubernamental.
“Durante décadas, ha sido un objetivo de los sectores conservadores reducir el papel de las escuelas públicas y privatizar la educación estadounidense. El auge de los programas de financiación para escuelas privadas registrado desde la pandemia supone un avance significativo hacia esa meta”, señala el reportaje.
El padre no pudo pero el hijo sí
En 1993, bajo la gobernación de Pedro Rosselló González, se aprobó en Puerto Rico la Ley 71, que creó el Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas. Dicha ley concedió $10 millones del presupuesto del Departamento de Educación a este programa piloto que perseguía “ofrecer igualdad de acceso a escuelas privadas que se encontraran fuera del alcance de padres de escasos recursos”. La Asociación de Maestros (AMPR) impugnó la ley ante el Tribunal Supremo, donde se declaró inconstitucional utilizar fondos públicos para el sostenimiento de escuelas privadas.
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Similar a lo que buscaba la ley de 1993, la Ley 85 de 2018 estableció el Programa de Libre Selección de Escuelas que autoriza el otorgamiento de certificados al 3% de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Un análisis de ambas leyes publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico destaca que la única diferencia es que el estatuto de 2018 incluye la modalidad de vales específicamente para estudiantes de Educación Especial.
Aunque la AMPR trajo el mismo argumento ante el Supremo para impugnar parte de la Ley 85 de Ricardo Rosselló Nevares, el Alto Foro decidió que los vales no violentan la cláusula de sostenimiento de la Constitución local, que dispone que no se usará propiedad ni fondos públicos para sostener escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.
El Programa de Libre Selección de Escuelas no arrancó tan pronto se convirtió en ley la Reforma Educativa. Comenzó en 2019 como un piloto, según certificó la directora interina del programa, Mercedes Gauthier Vélez. En junio de 2020 se hizo el primer sorteo de vales que se usaron para el año escolar 2020-21. Ese año, Educación recibió poco más de nueve mil solicitudes, otorgando 411 certificados.
