El administrador del Sistema de Retiro, licenciado Luis M. Collazo, admitió en vista pública senatorial ayer miércoles que la Ley 80, que sirvió como esperanza a miles de servidores públicos del gobierno central para su retiro, “no existe”. Las declaraciones las hizo Collazo a preguntas del senador Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno y legislador por el distrito de Ponce.
De 3,890 servidores públicos que habían solicitado acogerse a dicha medida, se le daría paso a 1,240 excluyendo a 1,627 empleados municipales que cualificaban. Quienes finalmente tengan la aprobación, el proceso duraría meses, posiblemente para mediados del 2024. “Lo que buscamos en la vista de ayer fue conocer el estatus de la puesta en marcha de esa Ley 80, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para los Servidores Públicos. Convocados estuvieron la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)”, señaló el legislador.
La Aafaf envió una ponencia en conjunto con la OGP, señalando que la Junta de Supervisión y Administración Financiera presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de de Puerto Rico, para impedir la implementación de la Ley 80, entre otras. El 27 de diciembre de 2021, la Junta de Supervisión y el Gobierno Estatal presentaron una estipulación ante el Tribunal de Tftulo III, la cual fue aprobada por la Juez Laura Taylor Swain, y registrada como orden el 28 de diciembre de 2022, con el propósito de darle fin a la Demanda y proveerle certeza a los servidores público en relación a su
etegibilidad para acogerse a los beneficios de ta Ley 80.
En la Orden, se Ie requirió a la Junta de Supervisión y al Gobierno trabajar en conjunto para explorar la posibilidad de implantar la Ley 80 para ciertos empleados, con la condición de que cualquier implantación tendría que crear ahorros adicionales mas allá de los requistos por el Plan Fiscal certificado del Gobierno. En su exposición durante la vista, Ruiz Nieves señaló que continuará ejerciendo la labor fiscalizadora legislativa con relación a este tema.
El pasado sábado, el gobernador Pierluisi informó que solamente cerca de 1,240 empleados públicos se verán beneficiados luego de llegar a un acuerdo con la Junta para la implementación parcial de la Ley 80-2020, donde los empleados elegibles podrán retirarse con un 50% de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse. “Hay un número importantísimo de servidores públicos que están atentos a esta situación y nosotros vamos a continuar la labor de fiscalización”, finalizó Ruiz Nieves.
