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Evalúan medidas para detectar el fraude en inscripción de propiedades

Por Vanessa Colón Almenas, José Carlos Sánchez y Damaris Suárez | Centro de Periodismo
Investigativo y Rayos X

En septiembre de 2025, el Tribunal de Primera Instancia de Guayama ordenó a un pescador demoler un ranchito de madera que había construido en un terreno que no era suyo y que estaba en desuso en el Barrio Jobos.

Miguel Ángel Álvarez Pérez, quien juró ser el titular de las 1.78 cuerdas de terreno, demandó al pescador porque estaba utilizando el solar sin que hubiera un contrato de arrendamiento entre ellos. Álvarez Pérez solicitó al Tribunal que el pescador desalojara el terreno y removiera la estructura de madera. Así ocurrió.

Sin embargo, el verdadero dueño de esa tierra en la costa de Guayama es el Departamento de la Vivienda, arrojó una investigación conjunta entre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Rayos X.

El negociante Miguel Ángel Álvarez Pérez alega que el Departamento de la Vivienda le vendió por $68,000 un terreno en Guayama mediante una escritura pública en 2006.
Captura de pantalla | Rayos X

La escritura con la cual Miguel Ángel Álvarez Pérez supuestamente compró el terreno al Departamento de la Vivienda, y que menciona en su demanda, no aparece en el índice notarial correspondiente del abogado que se supone que autorizó la compraventa, Esteban García Malatrasi. Vivienda indicó al CPI y a Rayos X que la agencia no realizó esta transacción. Y el exfuncionario Carlos Gerardo Laboy Díaz, quien aparece en la escritura autorizando la venta en representación de Vivienda, aseguró que no compareció ante ese notario, que el número de Seguro Social que se le adjudica en el documento está incorrecto y que él tampoco ocupó el puesto de Administrador de la Administración de Propiedades del Departamento de la Vivienda como se indica en la escritura.

La escritura burló los controles del Departamento de la Vivienda y del Registro de la Propiedad al quedar inscrita. Además, como parte de la demanda se presentó al Tribunal una certificación registral, que es un documento expedido por el Registro de la Propiedad que se admite como prueba en los tribunales. Nadie se percató de que la escritura era falsa ¿Por qué? Porque todo documento que lleve la firma y el sello de un notario se presume que es cierto y correcto.

El Registro de la Propiedad, una dependencia del Departamento de Justicia, es donde se inscriben, de forma electrónica o presencial, los documentos relacionados a las transacciones de bienes inmuebles (terrenos y edificaciones).

Los funcionarios que reciben una escritura en el Registro de la Propiedad la dan por buena sin evaluar la legitimidad o certeza de su contenido, porque el sistema registral puertorriqueño está diseñado sobre la fe pública registral, explicó Vivian Godineaux Villaronga, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Es decir, sobre la premisa de que el notario ya verificó lo que hace falta verificar, y ese instrumento público goza de la ‘fe pública registral’”.

“Habría que explorar mecanismos para que, de manera interagencial, se puedan detectar situaciones de fraude. Como por ejemplo la validación cruzada con el Registro Demográfico para detectar el otorgamiento de escrituras a nombre de personas ya fallecidas, mediante cotejo automatizado antes de la inscripción”, sugirió Godineaux Villaronga.

La profesora Belén Guerrero Calderón explicó que los notarios son garantes de la veracidad y tienen la responsabilidad de asegurar que un hecho o un documento es auténtico y verdadero.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo

El Estado delega en los notarios esa ‘fe pública’ notarial para que éstos le den una formalidad y autenticidad a un negocio jurídico, añadió Belén Guerrero Calderón, quien ejerce la notaría hace 49 años y es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Un negocio jurídico pueden ser contratos, un poder o un testamento.

“La fe notarial es una investidura que yo tengo. Todos los notarios la tenemos. […] Los de excelencia la tenemos, pero los de cuneta también, porque ellos tienen la misma fe notarial que tengo yo, porque el Estado se las dio. Y ese es el problema”, señaló Guerrero Calderón, quien entiende que el problema no es la ‘fe notarial’ sino que lo que “hay que repensar es quiénes están teniendo acceso a la notaría”.

En Puerto Rico, existen unos 8,300 notarios y notarias. Para ejercer la notaría, se tiene que juramentar y ser admitido como abogado. Además, tiene que aprobar una reválida adicional, de derecho notarial, para ser autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la notaría, entre otros requisitos.

La buena fe del tercero

Así como se presume que una escritura notarial es correcta y cierta, cuando ésta se inscribe en el Registro de la Propiedad se activa lo que se denomina la ‘fe pública registral’. Es decir, se presume que lo que publica el Registro de la Propiedad es verdadero y se activa una protección para quien compra un terreno o una casa, porque confió en lo que consta en el tracto registral, según establece la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Si surge alguna irregularidad o se anula una escritura de quien vendió la propiedad, el comprador, que se denomina el tercero adquirente, tiene una protección sobre su adquisición debido a la fe pública registral, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos como que la transacción se realizó entre personas vivas y que se pagó un precio.

“La buena fe del tercero se presume siempre que haya actuado con una mínima dosis de diligencia y mientras no se pruebe que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro”, establece la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Joaquín del Río Rodríguez, director administrativo del Registro de la Propiedad, dijo que para cancelar una inscripción el Registro tiene que recibir una orden por parte de un tribunal.
Foto suministrada

Joaquín del Río Rodríguez, director administrativo del Registro de la Propiedad, dijo en declaraciones escritas al CPI y Rayos X que “el Registro no da ni quita derechos”, implicando que si una escritura es nula o ilegal, el registrarla no la convierte en válida.

“El registrador de la propiedad no está presente al momento del otorgamiento de la escritura ni le corresponde examinar su identificación. El notario es quien da fe de que la persona que

otorga la escritura es quien dice ser y que el documento cumple con las leyes aplicables”, indicó Del Río Rodríguez.

Según la ley que creó el Registro de la Propiedad, la agencia debe tener 36 registradores a cargo de distintas áreas geográficas.

Dijo que el Registro se encarga de corroborar que el notario esté activo en el Registro Único de Abogados y en la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).

Pero el CPI y Rayos X identificaron un caso en el cual la inscripción en el Registro de una propiedad en Santurce se realizó mediante una escritura suscrita por el notario Humberto Ramírez Ferrer con fecha del 4 de enero de 2006. Sin embargo, Ramírez Ferrer había sido suspendido de forma inmediata e indefinida desde mayo de 2005 y nunca fue reinstalado tras la determinación del Tribunal Supremo, según la Oficina de Administración de los Tribunales. Por lo tanto, Ramírez Ferrer estaba inhabilitado de redactar la escritura de 2006 que quedó registrada en el Registro de la Propiedad. Murió el 18 de diciembre de 2008.

“El Registro tiene la obligación de calificar y publicar los documentos para que surtan efecto frente a terceros. Pero cabe señalar que la inscripción de un documento no convalida los actos o contratos nulos”, apuntó Del Río Rodríguez. Es decir, que el hecho de inscribir un documento en el Registro no convierte en válido un contrato que es nulo.

Un registrador no tiene la facultad en ley para investigar ni para anular los documentos que se le presentan. Si tiene conocimiento de que un documento presentado es producto de fraude o delito, tiene la responsabilidad de informar por escrito al fiscal de distrito y al director administrativo, dijo. Este año se han hecho “aproximadamente siete referidos a las fiscalías de distrito para investigación”, añadió Del Río Rodríguez, aunque no precisó si los referidos fueron por este motivo.

Repensar las certificaciones como instrumento

Tras los hallazgos de la investigación del CPI y Rayos X que develó irregularidades en la venta de bienes públicos y privados en Puerto Rico mediante certificaciones y escrituras falsas inscritas en el Registro de la Propiedad, legisladores y notarios plantearon cuestionamientos sobre los procesos de venta, presentación e inscripción de propiedades.

María de Lourdes Santiago Negrón, senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, cuestionó de entrada si las agencias del Gobierno deben realizar transacciones de compraventa mediante certificaciones “que ofrecen muy pocas garantías y que es mucho más fácil de falsificar que las escrituras”. Santiago Negrón dijo al CPI y a Rayos X que, a partir de los hallazgos presentados, está trabajando en un proyecto de ley para eliminar la certificación como instrumento de transmisión de titularidad y en una resolución para investigar estas irregularidades.

En 1977, el Gobierno de Puerto Rico autorizó al Departamento de la Vivienda a otorgar títulos de propiedad mediante certificaciones, que son documentos que no son firmados por los compradores o notarios ni llevan la cancelación de sellos de impuestos.

En ese momento, se autorizaron “para atender la situación de más de 16,000 personas que estaban ocupando parcelas y el Estado no estaba en condiciones de otorgar 16,000 escrituras. Surgió como una situación de emergencia para atender a gente necesitada”, expuso Santiago. El propósito de las certificaciones era agilizar los procesos y reducir gastos al fisco.

El presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico, Ismael García Ortega, dijo que las certificaciones deben eliminarse. “No deben existir”, expresó tras conocer los hallazgos de la investigación.

García Ortega dijo que piensa someter un proyecto de ley a través del Colegio de Notarial para que si una escritura pública se presenta en el Registro de la Propiedad tres o cinco años después de otorgada requiera una certificación de ODIN que valide que consta en el protocolo del notario que la autorizó o que el Registro se comunique con ODIN para que la certifique.

La senadora Santiago Negrón y el senador Carmelo Ríos Santiago fueron enfáticos en que las transacciones fraudulentas que involucren bienes de dominio público son nulas. “Se llama nulo ab initio [nulo desde el inicio]”, dijo Ríos Santiago.

El presidente del Colegio Notarial recalcó que “si la propiedad es un bien de uso público, no es susceptible de transferencia. Por lo tanto, es nulo. Así que no importa lo que haya, ahí no hay oportunidad, porque usted no puede vender una carretera, usted no puede vender un cuerpo de agua, usted no puede vender la Zona Marítimo Terrestre, usted no puede vender una reserva natural”.

El senador Ríos Santiago adelantó que presentará una resolución en la Legislatura para hacer o identificar el inventario de propiedades del Departamento de la Vivienda. Al funcionario le parece indudable que hubo funcionarios en las agencias que ayudaron en el esquema revelado por el CPI y Rayos X.

La senadora Santiago Negrón coincidió en que pudo haber complicidad o negligencia por parte de los funcionarios de las agencias. Cuestionó si se necesitan más controles, mejor preparación y más suspicacia de los funcionarios.

¿Perdimos garantías de confiabilidad?

La directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, dijo que es meritorio cuestionar cuánto han afectado las medidas para agilizar los procesos de calificar en el Registro de la Propiedad, como la Ley 216-2010, aprobada durante la administración de Luis Fortuño.

Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, cuestionó cómo es posible que estas irregularidades no hayan sido detectadas cuando existen tantas instituciones que se supone que estén mirando este tipo de negocio jurídico.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo

“En los últimos años, del 2010 para acá, dado un atraso sustancial que ha habido con el Registro de la Propiedad, ha habido un proceso de buscar hacer expedito el proceso de inscripción [de escrituras], en parte porque había un retraso en un momento de más de medio millón de documentos que habían sido presentados y no calificados, y esos documentos empezaron a entrar al Registro de la Propiedad de forma automática”, explicó Godreau Aubert.

La abogada expuso que la Ley 216-2010 autorizó que se consideraran inscritos todos los documentos presentados hasta el 30 de abril de 2010, con algunas excepciones.

Planteó que se debe evaluar si en ese proceso de tratar de ser más ágil se han perdido garantías de confiabilidad, y destacó que luego de la Ley 216-2010 se implementó la plataforma digital Karibe en 2015 en el Registro de la Propiedad. Mencionó que la Junta de Control Fiscal dijo en 2018 y 2019 que había un retraso de 480,000 documentos notariales. 

La profesora Guerrero Calderón describió la implementación de la Ley 216-2010 como “una desgracia tremenda”.

“Contrataron a unas personas para que hicieran el trabajo de inscribir, inscribir, inscribir”, denunció Guerrero Calderón, quien también explicó que las inscripciones realizadas al amparo de esta ley carecían de información detallada y necesaria de las transacciones, como los documentos complementarios.

“Cuando uno va a ver esas fotos o esos documentos digitalizados en esos libros, uno sencillamente se queda patidifuso”, añadió Guerrero Calderón, al referirse a las transacciones que entraron en el periodo de la ley, las cuales no están detalladas como se supone.

Coincidió además en que, al agilizar los trámites para aumentar la cantidad de documentos calificados en el Registro de la Propiedad, se comprometieron las garantías de seguridad del proceso.

ODIN verifica la forma, no el contenido

La Oficina de Inspección de Notarías, adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico, está encargada de fiscalizar y orientar a los notarios. Cuenta con 24 inspectores de protocolos y notarios que trabajan dependiendo del proyecto de examen de obra notarial que se establezca, explicó Manuel E. Ávila De Jesús, director de la ODIN.

Los inspectores de ODIN evalúan aspectos de forma en los documentos redactados por los notarios. Por ejemplo, en una escritura verifican que estén consignadas las firmas e iniciales de todos los comparecientes, el número de la escritura, la fecha y el lugar donde se autorizó, entre otras formalidades. “El cuerpo de inspectores tiene la directriz de examinar los notarios de mayor volumen o de mayor retraso”, explicó.

El director Manuel E. Ávila De Jesús dijo que ODIN no tiene ninguna facultad en ley para determinar si un documento es nulo.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo

El Tribunal Supremo es el que determina referir un asunto para investigación a ODIN. Igualmente, puede referir las quejas a la Oficina del Procurador General, que tiene la facultad de requerir documentos y entrevistar personas para realizar investigaciones.

Cuando un notario muere, es suspendido o cesa sus funciones, su obra notarial es custodiada por los archivos notariales durante 60 años.

¿Qué hacer ante sospecha de fraude?

Si una persona sospecha que compró u otra persona vendió su propiedad de forma fraudulenta, debe someter una querella en la Policía y buscar asesoría legal para evaluar la posibilidad de llevar un caso ante los tribunales con el fin de anular una escritura o activar protecciones como la defensa del tercero registral, entre otros remedios.

También puede presentar una queja contra un abogado si piensa que participó del fraude o actuó con negligencia. Para ello, debe llenar un formulario o escribir una carta que explique los motivos de la queja. “Deberá juramentar su queja ante un notario o una notaria, en la Secretaría del Tribunal más cercano a su residencia, o en la Secretaría del Tribunal Supremo”, según indica el Poder Judicial.

Las quejas pueden presentarse en la ventanilla de la Secretaría del Tribunal Supremo o enviarlas por correo una vez estén juramentadas. No pueden presentarse ni tramitarse por correo electrónico.

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