Por Dra. Migdalia González, Exsenadora.
Todos los días, miles de familias del oeste de Puerto Rico enfrentan la misma realidad: transitar por carreteras rurales deterioradas, inseguras y abandonadas. Lo que para algunos puede parecer simplemente un problema de infraestructura, para nuestras comunidades representa una carga diaria que afecta directamente su calidad de vida, su seguridad y sus oportunidades de desarrollo.
En pueblos como Añasco, San Sebastián, Moca, Aguada, Hormigueros, Cabo Rojo y muchas otras comunidades rurales de nuestra región, las carreteras estatales llevan años esperando por atención real y mantenimiento adecuado. Los hoyos, derrumbes, falta de iluminación y el deterioro constante se han convertido en parte de la rutina diaria de nuestra gente.
Pero este problema va mucho más allá de la incomodidad de conducir. Las malas condiciones de nuestras carreteras afectan a los envejecientes que necesitan llegar a citas médicas, a padres y madres que diariamente transportan a sus hijos a la escuela, a trabajadores que recorren largas distancias para sostener a sus familias y a agricultores y pequeños comerciantes que dependen de una infraestructura segura para mover sus productos y mantener viva la economía local.
Cada carretera abandonada representa también una barrera para el desarrollo económico del oeste. No podemos hablar de crecimiento, turismo, inversión o nuevas oportunidades mientras nuestras comunidades rurales continúan desconectadas por infraestructura deficiente y peligrosa.
La realidad es que durante demasiado tiempo el oeste de Puerto Rico ha vivido en clara desventaja frente al área metropolitana. Mientras en otras regiones se anuncian proyectos millonarios de infraestructura y modernización, nuestras comunidades rurales continúan esperando soluciones básicas y permanentes. Esa desigualdad se refleja todos los días en las carreteras por las que transitan nuestras familias.
No podemos seguir aceptando que vivir fuera del área metropolitana signifique recibir servicios de segunda categoría. Nuestros ciudadanos trabajan, producen, pagan contribuciones y aportan al desarrollo del país igual que cualquier otro puertorriqueño. Merecen carreteras seguras, accesibles y dignas.
Tampoco podemos conformarnos con reparaciones temporeras que desaparecen con la próxima lluvia. Lo que necesita el oeste es un plan regional serio y responsable para atender el deterioro acumulado de nuestras carreteras estatales rurales y garantizar infraestructura segura para nuestras comunidades.
El abandono de nuestras vías refleja una visión equivocada de país donde demasiadas veces se gobierna mirando únicamente hacia el área metropolitana mientras nuestros campos continúan quedando rezagados. Y esa realidad tiene consecuencias sociales y económicas profundas.
Nuestros pueblos tienen potencial. Tenemos agricultura, turismo, talento, pequeñas empresas y comunidades trabajadoras. Pero ningún país puede aspirar a un desarrollo equilibrado mientras parte de su población enfrenta diariamente carreteras inseguras y olvidadas.
Defender al oeste también significa exigir infraestructura digna para nuestra gente. Porque cada comunidad rural merece ser vista, escuchada y atendida con la misma urgencia y respeto que cualquier otra región de Puerto Rico.
