La Cámara de Representantes aprobó unánimemente una pieza legislativa que busca transformar los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS) por una nueva entidad jurídica que será liderada por peritos en violencia sexual de menores.
La nueva organización será denominada Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención (Centros PITI) en reconocimiento a la educadora y defensora de los derechos humanos que lideró este esfuerzo, la exrepresentante Luisa “Piti” Gándara Menéndez.
Son autores del Proyecto de la Cámara 1933 las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
“En teoría, el esquema actual es lo suficientemente severo para disuadir a quien incurra en estos actos violentos. No obstante, sin una estructura de investigación fuerte, adecuadamente financiada y construida conforme a la literatura científica, quienes sobreviven estarán más vulnerables y con menos disposición de colaborar con las autoridades”, reza la exposición de motivos.
La pieza legislativa enmendaría la Ley 158-2013 que habilitó los Centros CIMVAS con el fin de expandir los servicios que brinda la institución, reestructurar el estado de derecho vigente y otorgar mayores protecciones a la niñez.
Entre los cambios más significativos se encuentra la creación de una Junta Reguladora adscrita al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para liderar su funcionamiento. Además, designa un director ejecutivo para supervisar la operación diaria y el cumplimiento estricto de esta reformulación de política pública.
El proyecto también transfiere a esta nueva estructura la autoridad para uniformar y ampliar las normas y protocolos existentes ante la sospecha por posible comisión de un delito contra la indemnidad sexual de un menor.
De acuerdo con estadísticas del Negociado de la Policía, durante el 2022 se suscitaron 1,572 delitos sexuales, incidentes que en el 74% de los casos fueron cometidos contra menores de 17 años. Esta cifra representa un dramático aumento de 18.2% en comparación con el año anterior, según los números compartidos en la exposición de motivos de la medida.
“Una cifra alarmante que no incluye a miles de víctimas que, por temor, limitaciones en el lenguaje o desconfianza en el sistema de justicia permanecen en silencio”, lee la pieza legislativa.
El cuerpo legislativo igualmente avaló el Proyecto de la Cámara 1932 para instituir una pena agregada para los delitos contra la indemnidad sexual consumados contra una persona menor de 18 años con el propósito de extender la libertad supervisada.
Esta pena servirá como estrategia para monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por los delitos de agresión sexual, incesto, actos lascivos, trata humanana con fines de explotación sexual, pornografía infantil. También incluye los delitos de seducción, persuasión, atracción o coacción de menores a través de la internet y medios electrónicos.
De igual forma, la Cámara dio paso al Proyecto del Senado 1289 para añadir los delitos de incesto y trata humana perpetrados contra menores de edad entre las exclusiones para conceder el beneficio de libertad bajo palabra.
