Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy el análisis La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, que concluye que, tras diez años de improvisación y errores, la Junta de Control Fiscal deterioró las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin atender las verdaderas raíces de la crisis. El documento sostiene que la austeridad impuesta sin medir su impacto, la mayor dependencia en fondos federales, las privatizaciones y el encarecimiento de los servicios sirvieron para lograr acuerdos con los bonistas que resultan impagables y que amarran a Puerto Rico por décadas.
El análisis es una colaboración entre la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right To Democracy, y responde a la narrativa de éxito con la que la Junta presenta su gestión en temas de reestructuración de la deuda, administración pública y gobernanza a una década de su llegada.
«La Junta no nos ahorra, nos cuesta. Además de sus gastos operacionales multimillonarios, lo que llama ‘ahorros’ para el pueblo es un intento fallido de justificar sus verdaderos costos para Puerto Rico. En sus informes omite miles de millones en pagos en efectivo y en bonificaciones extras a los bonistas cuando presenta sus cálculos sobre el recorte a la deuda, lo que hace que sus ahorros estimados sean engañosos. En la práctica, se ha tenido que pagar mucho más a los bonistas de lo que se anunció, desde 10 mil millones en pagos en efectivo a la firma de los acuerdos hasta pagos extras anuales que ya van por más de 1,500 millones», explicó Lcda. Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva, Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.
El documento sostiene que la estrategia de la Junta, no ha sido muy distinta a las administraciones que nos trajeron a la crisis, y se resume en tres ejes: en lo fiscal, medidas de austeridad y una dependencia cada vez mayor de los fondos federales; y, simultáneamente, la promoción de «reformas estructurales» que supuestamente facilitan el crecimiento económico. Según el análisis, dichas políticas solo deterioraron las condiciones de vida en el país.
«La desconexión entre PROMESA y las causas reales de la crisis es evidente. Se priorizó el pago de la deuda y balancear el presupuesto, dejando intacto el modelo económico y político que provocó el estancamiento y creó las condiciones para el endeudamiento público masivo. Diez años después, seguimos con el mismo modelo que nos quebró.» sostuvo Prados Rodríguez.
El análisis plantea que el régimen se sostuvo no por sus propias medidas, sino gracias a la entrada masiva de fondos federales que produjo una leve recuperación económica. Pero en lugar de aprovechar esa coyuntura extraordinaria para sentar las bases de una recuperación fiscal sostenible, la Junta la utilizó para pactar mayores pagos de deuda, priorizando los intereses de los bonistas sobre la sostenibilidad futura del país.
Señalan por ejemplo, que los bonistas que se están lucrando desproporcionadamente, como consecuencia de proyecciones deficientes y de un diseño de instrumentos de valor contingente (IVC) a favor de los acreedores, que les permite pagos extras si aumentan los recaudos del IVU gracias a la entrada masiva de fondos federales.
Por su parte, Cristina M. Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades señaló que el costo institucional se refleja con particular dureza en los municipios y en el debilitamiento del Estado.
«Entre 2017 y 2024, los planes fiscales certificados transformaron el modelo de financiamiento municipal. La eliminación del Fondo de Equiparación avanzó mediante recortes concretos y acumulativos, mientras la Junta prometía alternativas para sustituir esos recursos que nunca llegaron. Se desmontó un mecanismo importante de apoyo fiscal sin establecer otro capaz de compensarlo», afirmó portavoz.
El documento advierte además que, bajo la supervisión de la Junta, la contratación pública y la privatización se consolidaron como principal mecanismo de reforma gubernamental sin atender primero las deficiencias institucionales del Estado. Ello aumentó el riesgo de ineficiencias, captura de recursos públicos, falta de competencia efectiva y debilitamiento de la capacidad del gobierno para proveer, monitorear y evaluar servicios esenciales.
“La Junta ha presentado la revisión de contratos como uno de sus logros en transparencia y disciplina fiscal. Sin embargo, según se desprende de su propio Registro de Revisión de Contratos, menos del 1% de los contratos sometidos a evaluación han sido rechazados. Incluso encontramos contratos aprobados a pesar de que la propia Junta identificó deficiencias en los procesos de contratación, incluyendo problemas de competencia y riesgos asociados a los contratistas seleccionados” afirmó Issel Masses de Sembrando Sentido
Adi Martínez Román, Co-Directora de Right to Democracy, subrayó que “La imposición de la Junta y su poder para anular legislación representan un recrudecimiento del marco legal colonial de EEUU sobre los territorios creado por los Casos Insulares y un quebrantamiento de principios democráticos básicos de consentimiento de los gobernados y del derecho a la libre determinación.” Alertó, además, que el marco legal establecido por PROMESA puede implementarse en otros territorios estadounidenses, lo que representa una amenaza de ampliación del dominio colonial sobre Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
«Después de diez años, el hecho de que la Junta no haya cumplido los beneficios que prometió a las comunidades locales pone de relieve que sus continuas imposiciones sobre la auto gobernanza democrática ya no pueden justificarse, si es que alguna vez pudieron serlo», concluyeron los portavoces.
El análisis completo está disponible en la sección de informes de la página web https://www.comisionauditoriapr.org/
