Amircal Gerena Román
Alguacil y presidente de la
Asociación de Empleados Judiciales
La Dama de la Justicia sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra. Su imagen promete equilibrio, firmeza y respeto por la ley. Pero hay una pregunta que ya no puede seguir esquivándose: ¿quién vigila a quienes administran el Poder Judicial?
Puerto Rico tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La idea es evitar que el poder se concentre en una sola mano. Ese principio de pesos y contrapesos es indispensable. Pero también exige algo más: que ninguna institución se considere intocable.
La independencia judicial es necesaria para proteger a los tribunales de presiones políticas. Sin embargo, independencia no significa impunidad, aislamiento ni ausencia de rendición de cuentas. Tampoco significa que quienes dirigen la Rama Judicial puedan actuar como si su autoridad surgiera directamente del pueblo. La jueza presidenta no fue electa por los ciudadanos. El Poder Judicial tampoco fue electo como cuerpo político. Su legitimidad proviene de la Constitución y de la ley, no de un mandato electoral directo.
Precisamente por eso debe existir mayor transparencia, mayor sensibilidad y una responsabilidad pública mucho más clara. No basta con hablar de dignidad judicial mientras los empleados que sostienen los tribunales enfrentan salarios insuficientes, aumentos en el costo de vida y condiciones laborales que no reflejan la importancia de su trabajo. Ellos abren las puertas, reciben al ciudadano, organizan expedientes, custodian las salas, procesan documentos y mantienen funcionando una estructura que muchas veces solo se recuerda cuando colapsa.Mientras tanto, las decisiones administrativas se toman desde arriba, lejos de la realidad diaria de quienes cargan con las consecuencias.
La presencia de la Junta de Supervisión Fiscal agrava el problema. Sus miembros tampoco fueron electos por el pueblo de Puerto Rico, pero ejercen una influencia enorme sobre el presupuesto, los servicios públicos y los recursos disponibles para los tribunales. Así, dos estructuras con poder decisivo operan sin responder directamente ante los electores puertorriqueños. Eso no puede normalizarse.
El Poder Judicial necesita una nueva visión. No una visión impuesta por ideologías, partidismo, agendas culturales o intereses particulares. Tampoco una visión diseñada para complacer a grupos de presión. Necesitamos una visión institucional, práctica y humana: tribunales accesibles, procesos ágiles, empleados justamente compensados, tecnología eficiente, transparencia presupuestaria y decisiones administrativas explicadas con claridad.
La justicia no puede convertirse en una torre de autoridad desconectada del pueblo. No puede hablar de equidad mientras ignora las dificultades de quienes hacen posible su funcionamiento. No puede exigir respeto sin demostrar responsabilidad.
La Dama de la Justicia no fue electa. Por eso debe recordar, más que nadie, que su poder no es propiedad personal. Es un encargo público y todo encargo público tiene límites. La justicia no solamente debe impartirse. Debe rendir cuentas, escuchar al pueblo y sentirse justa para quienes todos los días hacen posible que funcione.
