¿A dónde irán los millones de Puerto Rico por la demanda a Meta?

Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo 

El Departamento de Justicia de Puerto Rico solo ha dicho de manera general que al menos la mitad de los $124.7 millones que Meta tiene que pagar a la Isla según ordenó un Tribunal de California en agosto se destinarán a remediar los daños causados a los menores de edad pero no ha querido especificar cómo distribuirá la totalidad del dinero, a pesar de múltiples peticiones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El 26 de agosto, Meta acordó pagar sobre $17,000 millones a 47 estados y cuatro territorios que la demandaron porque las redes sociales Instagram y Facebook generan adicción en los menores de edad y por engañar al público sobre los daños a la salud mental que sus plataformas causan.

Justicia presentó el 11 de septiembre la sentencia por consentimiento, donde se especifica a qué cuentas pasará la compensación y cómo se usará ese dinero. Según el documento suministrado al CPI, los pagos que hará Meta divididos a lo largo de una década se abonarán en una cuenta de fideicomiso establecida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se utilizarán para los fines establecidos en el acuerdo, incluyendo la reparación de daños, y aquellos permitidos por las leyes de Puerto Rico.

Meta no admitió responsabilidad por la adicción que provocan en la niñez y juventud que usa sus redes sociales, pero aceptó el acuerdo para evitar ir a juicio. La indemnización que pagará la empresa podrá invertirse en servicios de intervención de crisis, programas de verano o afterschool, campañas educativas de salud pública y bienestar digital, actividades al aire libre, programas de salud mental para la juventud, contratación de asesores en literacia digital, entrenamiento para proveedores médicos sobre el uso de redes sociales y dismorfia, subvenciones para distritos escolares u otras entidades públicas para cumplir con los remedios que buscó la demanda; investigación, litigación o esfuerzos similares para mejorar la seguridad de los menores en las redes sociales y cualquier otro propósito restitutivo o remedial.

A preguntas del CPI sobre el detalle específico de uso de los fondos, el Departamento de Justicia refirió a las expresiones del fiscal de Asuntos Monopolísticos, Samuel Wiscovitch Corali, quien dijo en conferencia de prensa a finales de agosto, de forma general, que “aunque el acuerdo establece unos parámetros para el uso de esos fondos… también permite que dentro de la política pública, a manera de ejemplo, se pudiera establecer una orden ejecutiva para crear un comité asesor… que pueda delimitar y proyectar el uso correcto de esos fondos”.

Desde que una coalición de más de 40 jurisdicciones lideradas por los procuradores generales de Colorado y Tennessee logró el acuerdo con Meta en agosto, pocos estados han detallado cómo usarán estos fondos. Se espera que Puerto Rico reciba su primer pago por $12,467,026.29 en enero de 2027, según el acuerdo.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, destacó en un comunicado de prensa que aproximadamente el 76% de la niñez puertorriqueña usa Instagram y más de dos millones de residentes de Puerto Rico utilizan alguna plataforma de Meta.

“Me comprometo a trabajar en coordinación con el Departamento de Salud, ASSMCA [Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción] y el Departamento de Educación para lograr el bienestar de nuestros niños y niñas con estos fondos», expresó Gómez Torres desde agosto, aunque no respondió las peticiones del CPI para conocer cómo exactamente se distribuirá el dinero entre las agencias o cómo se va a invertir.

Entre los cambios que prometió Meta en sus redes están limitar el tiempo y los horarios de conexión a los menores, descartar el conteo de likes, y un feed no personalizado por algoritmo y sin reproducción automática. Un auditor independiente verificará el cumplimiento de estos cambios durante cinco años.

En 2025, la multinacional tecnológica reportó más de $200,966 mil millones en ganancias.

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Los planes de varios estados

California, el estado que más dinero recibirá, separó $50 millones de los primeros dos pagos para subvenciones para jóvenes o medidas de reparación para consumidores, a discreción del Fiscal General. Unos $20 millones se destinarán al Fondo de la Ley de Competencia Desleal, $9 millones al Fondo Especial para la Aplicación de Leyes de Derechos Públicos, $1 millón al Fondo de Privacidad y Piratería, y $10 millones pasarán al Fondo General.

Iowa es el primer estado en crear un fondo de restitución, o reserva para compensar a las víctimas, de $25 millones para los usuarios de Facebook e Instagram y otros $10 millones serán destinados a la creación del programa Protect Iowa Students para las escuelas. Otra porción del dinero se destinará a procesar casos de explotación sexual de menores en línea y a modernizar la tecnología de la Oficina del Fiscal General para ayudar a los investigadores a gestionar casos relacionados con las redes sociales. Por otra parte, 49 millones de dólares irán al Fondo General.

Delaware detalló que el 25% de su compensación lo asignará al Departamento de Justicia, y 50% para que el Gobernador y el Fiscal General del estado distribuyan los fondos entre programas remediativos, tales como líneas telefónicas de emergencia de salud mental para jóvenes, programas escolares, educación digital, entre otros.

¿Seguirán el mismo camino otras plataformas?

Si las plataformas de redes sociales TikTok, YouTube y Snapchat adoptan protecciones equivalentes a las que Meta Platforms tuvo que adoptar para hacer cambios en la experiencia de los menores de edad, el Gobierno de Puerto Rico podría recibir $53.7 millones adicionales a los $124.7 millones ya acordados por la demanda, según adelantó Justicia en su comunicado.

El acuerdo estipula que 30% de los más de $17,000 millones serían pagados a los estados únicamente si las plataformas competidoras de Meta, —YouTube, TikTok y Snapchat— implementan nuevas funciones de seguridad similares, como limitar el uso diario a una hora, el bloqueo o modo nocturno y medidas para verificar la edad de los usuarios. Según la empresa matriz de Facebook e Instagram, esta contingencia establecería un precedente en la industria, garantizando que los adolescentes cuenten con protecciones uniformes en las aplicaciones que más usan.

La mayoría de los cambios deben mantenerse vigentes durante una década, pero el límite de tiempo y modo nocturno comenzarán con un compromiso de cinco años. “Si otras empresas del sector se adhieren al acuerdo, dicho compromiso se ampliará a 10 años y se establecerán límites predeterminados más estrictos”, detalló Meta en un comunicado.

TikTok evitó ir a juicio tras acordar un pago de $100 millones al estado de Alabama e implementar límites de tiempo y otras restricciones para los usuarios adolescentes a un mes del acuerdo extrajudicial de Meta. Si otros 40 fiscales generales firman acuerdos similares con la empresa dentro de un plazo determinado, TikTok podría pagar a los estados hasta $300 millones.

Adicción digital o uso problemático

En 2021, la exgerente de productos de Facebook, Frances Haugen, recopiló documentos que filtró al Wall Street Journal tras expresarse frustrada por la falta de transparencia de la empresa sobre el potencial daño que sus plataformas causan y la resistencia a corregir esos fallos.Esa documentación demostró, entre otras cosas, que los ejecutivos sabían que algunos contenidos tóxicos y adictivos a los jóvenes de Instagram se monetizan mejor. La publicación de los Facebook Files dio paso a la demanda multiestatal que se transó el pasado 26 de agosto.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce formalmente el trastorno por uso de videojuegos (gaming disorder) como una enfermedad mental, no clasifica de forma general el uso digital o de las redes sociales bajo una categoría diagnóstica de adicción. No obstante, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconocieron en julio pasado que la sobreexposición digital puede tener efectos sobre la salud física y mental de los adolescentes. 

“Las pruebas disponibles vinculan la sobreexposición digital con la ansiedad, la depresión, la falta de sueño, el aumento de la agresividad y, en situaciones extremas, las conductas suicidas, especialmente entre los adolescentes vulnerables. Asimismo, el marketing digital en las plataformas puede exponer a los usuarios a la promoción de productos nocivos, como el tabaco, las bebidas alcohólicas y las plataformas de juegos de azar”, según la publicación de la OMS.

“Las redes sociales, los videojuegos y la IA pueden agravar la sensación de soledad y restar espacio a las relaciones presenciales. Además, su uso prolongado puede aumentar el sedentarismo y reducir las horas de sueño, dos factores de riesgo conocidos de enfermedades no transmisibles”, añadieron.

El catedrático de la Universidad Carlos Albizu, Andrés Cruz Santos, prefiere hablar de uso problemático antes que adicción digital puesto que “las investigaciones dicen que el tiempo que las personas pasan conectadas no es lo que tenemos que tomar en consideración” sino el tipo y “la calidad de las cosas que están haciendo”, pues al final, “todos somos usuarios”. También planteó que en los diagnósticos de salud mental, el contexto es esencial. “Algo puede detonar la depresión, pero no quiere decir que la depresión se debe a ese detonante. Hay que ver el contexto. ¿Dónde se crió ese adolescente, dónde está la familia, por qué está jugando videojuegos, qué tipo de videojuego?”.

El psicólogo reconoció que hay personas que muestran más dependencia y que se sobreestimulan con el teléfono o con el internet más que otras, pero no quiere decir que sean adictas. “Si hacemos un estudio general, que a todos se nos quede el teléfono un día en nuestras casas y nos fuéramos a trabajar sin teléfono, yo te aseguro que a todos nos van a dar síntomas de ansiedad. En mis investigaciones, las personas con conducta problemática son los adultos, no los niños”, afirmó.

En Estados Unidos el 48% de los adolescentes afirma perder la noción del tiempo que dedica al uso del celular, el 25% utiliza las redes sociales para olvidarse de sus problemas y otro 25% admite pasar una cantidad considerable de tiempo pensando en las aplicaciones de redes sociales, expuso el verano pasado un editorial de la Asociación Médica Estadounidense.

El escrito también destacó que el 17% de los jóvenes intentó reducir el uso de redes sociales sin éxito y que un 11% reconoce que el uso de pantallas afectó negativamente su rendimiento escolar. Para la Asociación Médica Estadounidense estas estadísticas manifiestan la necesidad de estudiar la adicción a las pantallas y sus efectos en la salud para abordar los riesgos que suponen para el bienestar de la niñez y la juventud.

Cruz Santos aludió a otra investigación que llevó a cabo en la que encontró que las personas más jóvenes, de menos de 21 años, tienden a compararse más que los adultos con otros internautas o con los contenidos que otros comparten. 

Antes del acuerdo alcanzado con Meta Platforms, otros países habían tomado medidas para proteger la salud de la niñez en los entornos digitales, según datos ofrecidos por Ghebreyesus y Macron.

En Australia se prohíbe a las plataformas de redes sociales que los menores de 16 años tengan cuentas de usuario. En Francia se impulsó una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años pero el Consejo Constitucional francés la anuló a menos de un mes de su aprobación. En Indonesia se prohibió el acceso a los menores de 16 años. Irlanda colabora con socios de la Unión Europea para establecer restricciones y sistemas de verificación de edad, mientras que en Reino Unido se propuso prohibir que las redes sociales estén disponibles para menores de 16 años, restringir las transmisiones en directo y el contacto con desconocidos. 

Edelson PC

Desde 2021, el Departamento de Justicia contrató al bufete del estado de Illinois, Edelson PC, para servicios jurídicos, asesoría y representar a Puerto Rico en la investigación y el litigio contra Meta a razón de $500,000 al año. La firma también representó a New Hampshire, Utah, Vermont y el Distrito de Columbia.

El medio millón de dólares establecido en la contratación de Edelson fue estimado ya que cobrarán honorarios contingentes, es decir, el bufete cobra solo si se obtiene una sentencia o acuerdo favorable. Tras el acuerdo transado el pasado agosto, el bufete recibirá un 25% de la compensación lograda para Puerto Rico en la transacción de la demanda, es decir $31,167,565.73.

El equipo de Edelson ha “litigado algunos de los casos más importantes y vanguardistas en materia de demandas de clase, litigios masivos, casos de impacto público e investigaciones en representación de entidades públicas… hemos logrado obtener 5,000 millones de dólares y nuestros casos, en conjunto, han contribuido a conseguir 45,000 millones de dólares para nuestros clientes mediante acuerdos y sentencias”, según la página web del bufete. También destacan que cuentan con abogados y expertos en tecnología que investigan y desarrollan nuevos casos.

El 8 de septiembre fue la última renovación del contrato entre Edelson y Justicia, con vigencia hasta junio de 2027.