POR DR. EDGAR LEÓN AYALA
Cuando Julia Keleher llegó al Departamento de Educación, no llegó con un plan pedagógico: llegó con una hoja de cálculo. Entre 2017 y 2018, bajo su gestión, se anunció el cierre de cientos de escuelas públicas en Puerto Rico —más de 400 planteles en apenas dos años—, justificado como “ahorro fiscal” tras la caída de matrícula y el paso del huracán María. Los números, sin embargo, escondían una decisión moral: se sacrificó primero a las comunidades que menos voz tenían para defenderse. Y entre esas comunidades, ninguna pagó un precio tan alto como los residentes de las viviendas públicas de Puerto Rico.
Los residenciales públicos no son solo un lugar donde vive gente pobre; son, para miles de niños, el único perímetro donde ocurre algo parecido a una infancia protegida. La escuela dentro o adyacente al residencial no era un lujo administrativo: era el ancla que sostenía a esa comunidad. Era el lugar donde un niño podía caminar sin cruzar una avenida, donde una madre trabajadora sabía que su hijo estaba resguardado, donde un maestro conocía a la familia por su nombre y no por un expediente.
Cerrar esas escuelas no ahorró dinero: trasladó el costo. Lo trasladó a los padres que ahora deben pagar transporte o arriesgar a sus hijos en rutas más largas e inseguras. Lo trasladó a las comunidades, que perdieron —junto con el salón de clases— la biblioteca, el comedor escolar y la cancha, los pocos espacios comunitarios que quedaban en pie. Y lo trasladó, sobre todo, a los propios niños, que hoy transitan por sistemas escolares masificados y distantes, sin el arraigo que antes los sostenía.
La justificación fue siempre la misma: menos estudiantes, menos escuelas. Pero esa lógica de contable ignora una verdad elemental de la política educativa: en las comunidades de mayor pobreza, la escuela no compite con otras instituciones por cumplir una función social —la reemplaza. Cuando se cierra la escuela del residencial, no se cierra un edificio; se cierra la última institución pública que todavía llegaba hasta allí.
No se trata de pedir que regresen intactas aquellas escuelas de hace una década. Se trata de reconocer que el edificio, la ubicación y la necesidad siguen ahí, y de usarlos con una visión distinta: reabrir esos planteles, dentro o junto a los residenciales, como centros de educación para adultos.
Puerto Rico tiene una crisis de alfabetización funcional entre su población adulta que rara vez se discute con la urgencia que merece. Miles de residentes de vivienda pública nunca completaron una educación básica, no tienen un diploma, no manejan herramientas digitales elementales y no tienen, hoy, ningún centro cercano donde remediarlo. Reabrir esas escuelas como núcleos de educación de adultos —alfabetización, equivalencia de escuela superior, certificaciones ocupacionales, adiestramiento digital y alfabetización en inteligencia artificial— no es una obra de caridad: es una inversión con retorno directo en empleabilidad, en salud mental comunitaria y en la reducción del ciclo intergeneracional de pobreza que las propias políticas de cierre ayudaron a perpetuar.
Lo que se propone:
- Inventariar cuáles de las escuelas cerradas bajo la gestión de Keleher estaban ubicadas dentro o a distancia caminable de un residencial público, y evaluar su condición estructural.
- Reabrir por fases los planteles en mejor estado como Centros Comunitarios de Educación de Adultos, administrados en alianza entre el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación y universidades locales.
- Certificar un currículo básico: alfabetización, GED, destrezas digitales e IA aplicada, y adiestramiento ocupacional, con horarios nocturnos y de fin de semana compatibles con el trabajo de los residentes.
- Auditar públicamente, cada semestre, la matrícula, la retención y los resultados de estos centros, para que la reapertura no se convierta en otro anuncio sin seguimiento.
Puerto Rico no puede seguir tratando el cierre de escuelas como una simple línea en un plan fiscal. Cada plantel cerrado en un residencial público fue una comunidad que perdió su ancla. Devolverles esa aula, aunque sea con otro propósito, es la manera más directa de empezar a pagar esa deuda.
