El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge ‘Georgie’ González Otero, hizo pública una misiva dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón con relación al impuesto al inventario. “El 30 de octubre de 2025, se designó un Comité Multisectorial para identificar fuentes de recaudo que sustituyan el impuesto al inventario. Dicho Comité, presidido por la Secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, estuvo compuesto por diversos sectores y organizaciones del sector privado y público, además, de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
“Nuestra organización estuvo representada por el Hon. Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo, y la Sra. Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva, quienes participaron activamente en las reuniones con apoyo de nuestro asesor legal. No obstante, según surge de notas tomadas de dichas reuniones, nunca se nos informaron las recomendaciones finales, a pesar deexistir un compromiso a esos efectos. Ha trascendido públicamente que la secretaria del Departamento de Estado le rindió un informe con recomendaciones a la Gobernadora, cuyo contenido nuestra Asociación desconoce”, señala la carta firmada por el alcalde de Jayuya.
Se señala además que el comité del impuesto al inventario no ha sido convocado nuevamente. “Como es de su conocimiento, la participación de los alcaldes es vital para lograr los objetivos del Comité, por lo que solicitamos: (1) copia de las recomendaciones finales y el informe rendido; y (2) que se convoque al comité para discutir dichas recomendaciones, previo a la radicación de cualquier medida legislativa”, expuso González Otero.
El impuesto al inventario es una contribución sobre la propiedad mueble que representa una fuente vital de ingresos para garantizar servicios esenciales en los municipios.
Los alcaldes defienden este impuesto y advierten que no se puede seguir afectando los servicios que se ofrecen a nuestra gente más vulnerable ni afectar el mantenimiento, las obras y mejoraspermanentes locales. Durante años, los primeros ejecutivos municipales han advertido que eliminar o congelar dicha aportación sin un sustituto adecuado y recurrente, dejaría a los municipios sin fondos suficientes para operar, y ofrecer servicios como seguridad, manejo de desperdicios sólidos, promoción deportiva, cultural, educativa y de salud, entre otros.
