Por Bárbara Josefina Figueroa Rosa, Carmen Enid Acevedo y Vanessa Colón Almenas | Jay
Fonseca PR, Bonita Radio y Centro de Periodismo Investigativo
Cuando el abogado del bufete principal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Juan Ramón González Galarza, supo el 16 de junio del 2026 de las imputaciones de extorsión de ERock en contra de la compañía Power Expectations, no se lo reveló a su otra clienta, Mary C. Zapata Acosta, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Zapata Acosta escribió a la Junta de Control Fiscal posteriormente que ella nunca fue notificada. La funcionaria continuó la relación con Power Expectations ajena a las acusaciones de la compañía ERock en contra de esa empresa. Enchanted Rock, cuya matriz es ERock, y Power Expectations son dos de las empresas que firmaron el contrato de $5,800 millones con la AEE para proveer energía temporera en Puerto Rico.
En lo que va del cuatrienio, el bufete González & Martínez Law Offices, del que González Galarza es socio principal junto al licenciado Juan Martínez, ha obtenido $10.4 millones en contratos con la AEE y la AAPP.
González Galarza no concedió una entrevista para esta investigación, pero indicó en unas escuetas declaraciones escritas que los cánones de ética y obligaciones que rigen su profesión le impiden confirmar si, como dijo Zapata, no le notificó las serias denuncias de aparente fraude y extorsión que, desde mediados de junio, le llegaron por parte de la representación legal de ERock.
“No me corresponde divulgar ni discutir públicamente comunicaciones con mis clientes, el contenido del asesoramiento brindado, instrucciones recibidas, ni las deliberaciones o análisis realizados en el curso de una representación legal”, sostuvo el abogado.
Al menos desde hace un año y medio, el Gobierno de Puerto Rico, mediante la AEE y la AAPP, ha gastado cerca de $10.7 millones en asesorías legales y técnicas con González & Martínez Law Offices y Regulatory Compliance Services (ReComS) para procurar unos servicios de energía temporera que siguen sin estar disponibles para la ciudadanía en medio de los apagones y crisis de producción del sistema eléctrico, encontró una investigación realizada en alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo, Jay Fonseca PR y Bonita Radio.
ReComS es la compañía que preside el licenciado Osvaldo Carlo Linares, contratada por la AAPP para gestionar las licitaciones y compras del sistema eléctrico. Se le conoce como la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés).
La investigación de agencias federales sobre la irregular transacción de compra de energía temporera ha llegado al más alto nivel, confirmaron varias fuentes que, incluso, sostienen que el fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, tiene conocimiento del asunto. Blanche estuvo en Puerto Rico el jueves, 27 de agosto, para anunciar nuevas iniciativas de las agencias federales para contener delitos relacionados al narcotráfico.
La Fortaleza dijo que en la reunión de la Gobernadora y el Fiscal General no se habló de Power Expectations.
La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico respondió con un escueto «sin comentarios» a la pregunta de si en la visita de Blanche se discutió con la Gobernadora o con alguna agencia de Gobierno el caso de Power Expectations. Tanto el fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, como el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) en San Juan, Carlos R. Goris, conocen del caso toda vez que Carlo Linares los copió en la carta que le envió a la Junta de Control Fiscal el 18 de agosto.
Además, al menos dos empleados del Gobierno de Puerto Rico han sido entrevistados por el FBI, aseguraron las fuentes.
Captura de pantalla
González Galarza, el mismo abogado que cobra $275 por hora para representar a la AEE, comenzó a prestar servicios a la AAPP desde abril de 2025, a razón de hasta $350 por hora. Su bufete González & Martínez Law Offices presta servicios simultáneamente a la AEE y a la AAPP desde abril de 2025 hasta el presente, excepto en el mes de julio de 2025 y 2026 con la AEE.
El abogado inició su contratación con la AEE en 2012, cuando Josué Colón Ortiz era director ejecutivo interino de esa agencia. Ese primer contrato fue cancelado meses después, cuando Juan Alicea Flores entró a dirigir la agencia. Su contrato con la AAPP comenzó en abril de 2025 también de la mano de Colón, quien ahora es el director ejecutivo de la AAPP y Zar de Energía. Sus contratos han sido renovados en ambas agencias.
Carlo Linares y González Galarza son vecinos de oficina. Las dos compañías de las que son dueños tienen sus despachos en el edificio Touchvision Plaza, en la Calle López Landrón en San Juan. Carlo tiene la oficina de su empresa ReComS en el penthouse, y unos pisos más abajo, en la séptima planta, tiene su oficina el licenciado González Galarza.
González Galarza dijo que sus gestiones como asesor legal de la AEE y AAPP no han sido conflictivas. El bufete González & Martínez era asesor de ambas corporaciones públicas cuando se gestaba el billonario contrato que se otorgó al consorcio liderado por Power Expectations, pero según el abogado “el bufete no proveyó representación ni asesoría legal paralela a la AAPP y a la AEE en torno a este asunto”.
Colón confirmó en una conferencia de prensa en La Fortaleza que sobre este asunto recibió, como director de las AAPP, asesoría de González Galarza.
La Directora Ejecutiva de la AEE no accedió a múltiples solicitudes de entrevista que se le hicieron para esta investigación, de manera que abundara sobre el rol de bufete González & Martínez en la contratación de los servicios de generación temporera. Tampoco contestó si le parecía que el bufete estaba obligado a informarle de inmediato sobre el potencial fraude en el contrato con ERock y si los contratos del abogado con la AEE y la AAPP lo pudieron llevar a un conflicto de interés.
El expediente sobre la generación de emergencia en el Negociado de Energía muestra que el bufete González & Martínez representó a la AEE y presentó mociones específicamente sobre este tema.
Según establece el acuerdo, el contratista tiene cinco días para informar si se le presenta algún conflicto de interés en sus labores de asesoría.
El contrato con la AAPP puso a González & Martínez Law Offices a prestar servicios en asuntos de energía, generación, transmisión y distribución, manejar contratos de compraventa de energía y transacciones relacionadas con la AEE, según describe la propuesta de servicios. Cuando se firmó el contrato, el bufete informó a la AAPP que tenía un contrato vigente con la AEE.
¿Quién es González Galarza?
González Galarza es presidente y socio del bufete González & Martínez y fue la persona que acompañó al Zar de Energía a la conferencia de prensa del 9 de agosto en La Fortaleza, dos días después de que Jay Fonseca PR hiciera pública la información de que el multimillonario contrato tenía serias deficiencias, incluso la firma del representante fraudulento de ERock, una de las corporaciones originalmente parte del consorcio con Power Expectations.
“Nosotros referimos eso inmediatamente a nuestro director legal [Lionel Santa Crispín], que se encuentra aquí con nosotros en la mañana de hoy, y al bufete principal legal que tiene la Autoridad para las Alianzas Públicas [González & Martínez], cuyo principal oficial también está aquí en la mañana de hoy”. Así intentó despachar el ingeniero Colón las preguntas de los periodistas sobre las irregularidades con la firma del contrato de energía temporera por el consorcio entre Enchanted Rock, Power Expectations y Reyes Contractor Group.
González Galarza fue parte del Comité Pedro Pierluisi para la elección del 2020, según documentos del Contralor Electoral.
El bufete González & Martínez ha obtenido $17.1 millones en contratos públicos entre el 2022 y el 2026 con la AEE, la AAPP y los municipios de Cataño, Humacao y Juncos.
González Galarza ha donado más de $30,000 a las campañas del Partido Nuevo Progresista desde el 2015 hasta el presente. La donación más reciente la hizo por $600 a la gobernadora Jenniffer González Colón el 29 de junio pasado, 19 días después de que se firmara el contrato con el consorcio para energía temporera. Para esa fecha, ya Enchanted Rock había denunciado a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas presuntas irregularidades de fraude y extorsión.
González Galarza figura como presidente en tres compañías incorporadas en agosto del 2025 para ofrecer servicios legales en el campo de la energía: JG Energy Litigation LLC, JG Energy Management LLC y JG Energy Consulting LLC. Esta última empresa tiene también el propósito de invertir, adquirir, administrar, vender, transferir y disponer de efectivo en valores, acciones, bonos, fondos de inversión, bienes muebles, participaciones en sociedades y cualquier otro tipo de activo o inversión.
SAGL L.L.C., Strain Express L.L.C. y JG Litigation Quiros LLC son otras compañías que González Galarza ha incorporado entre 2021 y 2025.
Al menos dos personas consultadas para esta investigación que tienen experiencia y relaciones en la industria energética dijeron que no conocen a González Galarza como experto en este tema. El abogado no contestó en qué consiste su expertise en temas de energía.
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El rol de González Galarza en la multimillonaria transacción
Al revisar los documentos que se han hecho públicos incluso en referidos al Departamento de Justicia y a las autoridades federales, se observa que el 16 de junio González Galarza, en función de abogado de la AAPP, le escribió a Davis Zapffe, abogado de ERock, en relación a una llamada que tuvieron ese mismo día en la mañana, donde lo pone en conocimiento de que la firma de ‘Jhoby Weaks’, en el contrato por parte de ERock, no es reconocida por su cliente. En el intercambio que hubo por correo electrónico, Zapffe advertía de una posible “conducta criminal”.
“Dada la gravedad de las acusaciones planteadas, y sin pronunciarme en esta fase sobre su veracidad o fundamento, he remitido su comunicación y la información facilitada al Sr. Osvaldo Carlo, director ejecutivo de la Oficina de Contratación con Terceros [3PPO en inglés]”, dice González Galarza en contestación a Zapffe.
En esa comunicación, González Galarza destaca que Carlo Linares “es un antiguo fiscal federal del Distrito de Puerto Rico y cuenta con una amplia experiencia en la realización de investigaciones complejas” y establece que le pidió “una revisión independiente de las acusaciones, evalúe la información disponible, realice cualquier investigación adicional que considere oportuna y presente un informe escrito” lo más rápidamente posible.
“Tenga en cuenta que esta solicitud no debe interpretarse como una determinación de que se haya producido alguna infracción. Más bien, refleja nuestro compromiso de garantizar que todas las denuncias de posibles conductas indebidas se examinen de forma exhaustiva”, expresó González Galarza en su intercambio de correos electrónicos con Zapffe, de ERock.
El deber de divulgar
Las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico que les aplican a los abogados, y que fueron revisadas desde enero de este año, establecen que un abogado no debe representar a un cliente si hay un riesgo significativo de que la representación de un cliente esté limitada por los deberes que ejerce ese abogado hacia otro cliente actual o anterior, o por sus intereses personales.
Si González Galarza asesoró a la AEE sobre el contrato de energía temporera tenía el deber de informar a Zapata sobre las imputaciones de posible fraude y extorsión que supo mientras brindaba servicios legales a la AAPP. Ahora bien, si sus servicios con la AEE no abarcaron esa contratación, no tenía esa responsabilidad ética, explicó el profesor Luis M. Negrón Portillo, experto en temas de Ética y Responsabilidad Profesional.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo.
La abogada y catedrática de derecho constitucional, Yanira Reyes Gil, explicó que, además de las Reglas de Conducta Profesional, un abogado que contrata con el Gobierno tiene también que pasar el crisol del Código de Ética para contratistas del Gobierno y el Código Anticorrupción.
“El [cuidado que hay que tener] de estos conflictos de interés es mayor cuando se contrata con el Gobierno”, explicó Reyes Gil.
“Hay un deber de divulgación cuando hay posible conflicto de interés. Yo entiendo, sin entrar en los detalles, que no los tengo, que el abogado en su deber de representación y de transparencia y de evitar el conflicto de interés tenía una obligación de divulgación completa del posible conflicto. Hay una prohibición de utilizar información confidencial en perjuicio de una parte y en beneficio de otra sobre todo cuando estamos hablando del interés público”, dijo la presidenta entrante del Colegio de Abogados y Abogadas.
Se esconden el Zar y la Directora de la AEE
El 21 de agosto, en una reunión de la Junta de Gobierno de la AEE, la ingeniera Zapata Acosta explicó que en su agencia supieron de la “controversia interna entre Power Expectations y Enchanted Rock” tras recibir una solicitud del programa televisivo Los datos son datos.
“Nos comunicamos directamente ese mismo día con la 3PPO y nos dijeron que sí, que ellos estaban conscientes de ese asunto”, dijo la ingeniera durante la reunión de la Junta de Gobierno. “Lamentablemente, ellos aunque estaban conscientes de ese asunto, aparentemente desde mediados de junio, no nos habían informado nada ni en la reunión tampoco nos informaron nada. Así que nosotros, en la Autoridad, nos vinimos a enterar ese día”, agregó Zapata en referencia a una reunión efectuada el 29 de julio en la que ella participó junto al Zar de Energía, personal de AAPP, incluyendo a González Galarza, Osvaldo Carlo Linares con su equipo del 3PPO y ejecutivos de Power Expectations, Reyes Contractor Group y Flotek.
Ante la Junta de Gobierno de la AEE, Zapata Acosta responsabilizó por su falta de conocimiento sobre el asunto al equipo que dirige Carlo Linares, pero no mencionó que su abogado González Galarza fue la persona que directamente recibió la queja por parte de ERock a mediados de junio.
El 21 de agosto, Colón Ortiz respondió 17 preguntas de la Junta de Control Fiscal tras el escándalo público por la transacción y la revelación de la carta de ERock. Entre esas respuestas, el Zar de Energía justificó haber dejado al margen a Zapata Acosta de las denuncias de aparente fraude y extorsión alegando que los señalamientos se refirieron desde la AAPP al 3PPO, por ser este el ente independiente que había administrado la adquisición y quien poseía el expediente.
El Zar dijo que la AAPP no instruyó al 3PPO a retener información y dejar fuera de ese asunto a la AEE.
Foto suministrada
En la reunión con la Junta de Gobierno, Zapata Acosta también aseguró que desconocía sobre el proceso que se dio para sustituir a Enchanted por la compañía Flotek el cual inició dos días después de firmado el contrato con Power Expectations el 10 de junio. La funcionaria afirmó que supo de la sustitución el 10 de julio por un “seguimiento” que le hizo la gente de Power Expectations. Dijo que en la reunión del 29 de julio la AEE le preguntó a la 3PPO (ReComS) si ellos habían hecho la evaluación de la compañía Flotek para saber si recomendaban que sustituyera a Enchanted Rock.
Colón, en respuesta a la Junta de Control Fiscal, dijo que “P3A [AAPP en inglés] no tomó ni participó en una decisión de retener las alegaciones de Enchanted Rock a PREPA. La recomendación del 30 de julio de 2026… fue preparada y transmitida directamente a PREPA por ReComS [empresa de Osvaldo Carlo]”. Y añadió que “P3A no preparó esa recomendación, no determinó su contenido, ni dirigió la omisión de información sobre la investigación pendiente de Enchanted Rock. P3A fue copiada en el memorando. En consecuencia, P3A no puede proveer el fundamento de por qué la recomendación del 30 de julio no divulgó la investigación pendiente de Enchanted Rock”.
El Zar de Energía fue cuestionado sobre el tema en una aparición que hizo el 31 de agosto al Capitolio, donde fue citado por el representante Víctor Parés para hablar a puerta cerrada sobre temas de energía. Al llegar allí, Colón dijo que ni empleados ni consultores de su agencia participaron en reuniones del 16 de julio con representantes de ERock, aún cuando existen correos electrónicos entre González Galarza y el abogado de ERock, Zapffe, que son parte del referido hecho por el mismo Colón al Departamento de Justicia.
