La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) expresó que el anuncio realizado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, confirmando que acatarán la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los derechos de los usuarios de cannabis, valida el planteamiento central formulado por la organización en el recurso de revisión administrativa presentado ante el Tribunal de Apelaciones.
CODEPOLA compareció ante el foro apelativo en el caso TA2026RA00449 para impugnar la determinación mediante la cual la Policía se negó a restituir la licencia de armas de una paciente de cannabis medicinal, aun cuando los cargos criminales presentados contra ella culminaron con determinaciones finales de no causa probable y el Tribunal de Primera Instancia había ordenado la devolución inmediata de su arma, cargador y municiones.
El recurso sostiene que la Policía no puede revocar ni denegar automáticamente una licencia de armas por el mero hecho de que una persona posea una licencia de cannabis medicinal. Ese planteamiento se fundamenta en la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States v. Hemani, que rechazó que el gobierno pueda privar categóricamente a una persona de su derecho constitucional a poseer armas basándose exclusivamente en su consumo de marihuana, sin evidencia individualizada de adicción, intoxicación actual, uso indebido de un arma o peligrosidad para sí misma o para terceros.
“Hoy la Policía y el Departamento de Justicia reconocen públicamente lo que CODEPOLA ha sostenido desde el primer momento y lo que planteamos formalmente ante el Tribunal de Apelaciones. Una persona no puede ser despojada automáticamente de un derecho constitucional únicamente por ser paciente de cannabis medicinal. El Estado tiene que evaluar cada caso de manera individual y no puede presumir peligrosidad donde no existe evidencia que la demuestre”, expresó Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA.
Torres Meléndez recordó que CODEPOLA había advertido a la Policía sobre la necesidad de revisar sus procedimientos y detener las revocaciones automáticas luego de la decisión del Tribunal Supremo federal. Sin embargo, la agencia mantuvo su postura, dejó transcurrir el término para atender la reconsideración administrativa y obligó a la organización y a la ciudadana afectada a recurrir al Tribunal de Apelaciones.
“La posición anunciada ahora por la Policía y Justicia constituye un reconocimiento inequívoco de que el planteamiento jurídico de CODEPOLA era correcto. Tuvimos que acudir al tribunal para defender un derecho que debió reconocerse administrativamente desde el comienzo. Nos satisface que el Gobierno finalmente rectifique, pero ese cambio tiene que traducirse en acciones concretas y no quedarse en expresiones públicas”, añadió Torres Meléndez.
CODEPOLA aclaró que el anuncio gubernamental no dispone automáticamente del recurso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones ni sustituye el remedio individual solicitado. La organización espera que el Departamento de Justicia comunique formalmente su nueva posición al foro apelativo y que la Policía deje sin efecto la resolución impugnada, restituya la licencia de armas de la recurrente y cumpla con la orden judicial que dispuso la devolución de su arma, cargador y municiones.
Asimismo, CODEPOLA solicitó a la Policía que establezca de inmediato un procedimiento uniforme, transparente y expedito para revisar los casos de personas cuyas licencias fueron revocadas o denegadas exclusivamente por poseer una licencia de cannabis medicinal. Quienes fueron afectados no deben enfrentar nuevos obstáculos, demoras indefinidas ni procesos administrativos innecesarios para recuperar derechos que les fueron restringidos mediante una interpretación que el propio Gobierno reconoce ahora que debe abandonar.
“Esta rectificación representa una victoria importante para CODEPOLA y, sobre todo, para los ciudadanos responsables que fueron tratados como personas peligrosas sin que existiera evidencia para sostenerlo. Continuaremos vigilantes hasta que la nueva posición se aplique efectivamente, se corrijan los casos pendientes y se devuelvan las licencias y armas cuando corresponda en derecho”, concluyó Torres Meléndez.
CODEPOLA reiteró que continuará defendiendo los derechos constitucionales y estatutarios de los poseedores de licencias de armas, incluyendo los pacientes de cannabis medicinal, y todos aquellos afectados por actuaciones administrativas arbitrarias o contrarias al debido proceso de ley.
