Con el firme propósito de liberar al sector empresarial de las trabas burocráticas e impositivas que limitan el desarrollo económico, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), el Dr. Ramón Barquín III, emplazó formalmente al gobierno a ejecutar una transformación profunda en el sistema de permisos y a eliminar de una vez por todas el nefasto impuesto al inventario.
Esta exigencia no es un reclamo coyuntural. El CUD mantiene una postura inquebrantable desde hace más de un año, liderando foros, presentando propuestas técnicas y advirtiendo en repetidas ocasiones ante la Asamblea Legislativa que sostener el impuesto al inventario es atentar directamente contra la seguridad de abastos de la isla. Durante los últimos 12 meses, la institución ha denunciado consistentemente que el sistema actual penaliza el almacenamiento de mercancía esencial, dejando a Puerto Rico en una posición de extrema vulnerabilidad ante emergencias atmosféricas o crisis globales de distribución.
Por su parte, el Dr. Ramón Barquín III asumió una posición categórica al señalar que el estancamiento de estos dos asuntos refleja una falta de voluntad política que asfixia el crecimiento de los comercios locales. El presidente del CUD enfatizó que el andamiaje burocrático de permisos opera como un «impuesto oculto» debido al tiempo y dinero que pierden los empresarios esperando por aprobaciones que deberían ser automáticas.
«Llevamos más de un año sosteniendo la misma postura en todos los frentes posibles: el impuesto al inventario no aguanta más parches de corto plazo ni comisiones de estudio; su erradicación total tiene que ser inmediata. Mi posición como presidente de este gremio es clara: no permitiremos que se siga sacrificando la competitividad de nuestras Pymes para cuadrar presupuestos municipales. El gobierno tiene que mover la reforma de permisos hacia un modelo digital unificado, predecible y libre de burocracia. Es momento de pasar de las promesas a las firmas; apoyar al empresario local es la única ruta sostenible hacia el progreso de Puerto Rico», sentenció el Dr. Ramón Barquín III.
