Por Angélica Soto Ríos
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, convirtió el 12 de mayo el Proyecto de la Cámara 310 en la Ley 82 de 2026. La medida ha generado discusión pública al establecer nuevos requisitos para la impugnación de permisos de construcción y requerir una fianza mínima del 10% del valor del proyecto propuesto a un individuo, comunidad u organización que solicite su paralización en los tribunales.
Asimismo, la ley enmienda disposiciones del Código Municipal para permitir la reclasificación del suelo rústico en municipios con Planes de Ordenamiento Territorial cuando un proyecto sea catalogado como crítico, prioritario o estratégico, o cuando se cumplan determinadas condiciones de mitigación ambiental.
El proyecto de la Cámara 310 es de la autoría de los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Luis “Josean” Jiménez.
Por su parte, la Coalición Paseo Responsable expresó a Periódico Visión su oposición a la ley 82 de 2026, al considerar que es “inconstitucional”.
“El tema de la fianza que se impone a quienes vayan a impugnar estos desarrollos, que muchas veces son ilegales, coloca una carga económica sobre las personas, comunidades u organizaciones, restringiéndonos y silenciándonos, ya que no tendríamos la capacidad de costear esa fianza.
Básicamente están quitando un derecho constitucional que se tiene para acudir a los tribunales”, opinó la portavoz de la Coalición Paseo Responsable, Carola Acum, quien agregó que los proyectos de desarrollo económico deberían enfocarse en beneficios para la población y no en intereses particulares.
De igual forma, la organización sin fines de lucro Institute for Socio-Ecological Research (ISER Caribe) expuso su punto de vista sobre la medida.
“Estamos en contra de esta ley por tres razones: primero, entendemos que pagar una fianza mínima del 10% del valor del proyecto propuesto es ponerle un precio a la justicia, que es un derecho constitucional. Segundo, demostrar un daño inminente y directo representa una barra bien alta para el acceso a la justicia. Y tercero, entendemos que la reclasificación del suelo es una burla al proceso de planificación del uso de terrenos que, por ley, debe beneficiar a la ciudadanía en general bajo el concepto de proyecto estratégico”, sostuvo el director ejecutivo de ISER Caribe, Braulio Quintero.
El representante Navarro presentó un nuevo proyecto que busca enmendar aclaratorias a la ya firmada Ley 82 de 2026 y flexibilizar los requisitos para impugnar proyectos de construcción.
Propone que, en toda solicitud de paralización de obra en suelo rústico, el Tribunal de Primera Instancia tenga discreción para imponer el pago de una fianza cuya cantidad no exceda el 10% del valor del proyecto propuesto.
Además, al fijar el monto de la fianza, el tribunal deberá considerar cuatro factores: los recursos económicos de la parte peticionaria, la naturaleza de los daños alegados, si existe un riesgo para la comunidad, así como los efectos económicos que tendría la paralización de la obra para la parte afectada por la paralización.
Sobre esto, la portavoz de Paseo Responsable opinó que “aunque parece que se están dando cuenta de que se presta para que beneficie a las personas que cuentan con los medios económicos, están tratando de corregirlo con enmiendas que no responden a la comunidad”.
Acum y Quintero coincidieron en que el enfoque principal debe ser la protección de los recursos naturales y la conservación de los espacios verdes.
Finalmente, Acum indicó que expresar a través de los medios de comunicación su oposición es una de las acciones que la coalición está realizando al respecto tras señalar que no se quedarán con los “brazos cruzados”.
