Nueve años luego de que las marejadas ciclónicas provocadas por el huracán María destruyeran la troncal sanitaria que transportaba aguas residuales y desechos desde el Barrio La Puntilla en Arecibo hasta la planta de tratamiento en Arecibo, se desconoce el progreso de esta obra de infraestructura, cuánto dinero y cómo se ha invertido en la reparación de estas tuberías.
Debido a que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha producido la información sobre estos trabajos de reconstrucción, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este martes un recurso especial contra la agencia en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Parte de la tubería de la red de alcantarillado sanitario, que cruza el Río Grande de Arecibo y afecta a las comunidades de La Puntilla e Islote, quedó fuera de servicio tras los huracanes Irma y María. Desde entonces opera con un desvío que provoca malos olores cerca de residencias y negocios, y los equipos que mantienen el sistema temporero están expuestos en la vía pública. Por esto, la periodista del CPI Gabriela Carrasquillo Piñeiro solicitó el pasado enero al oficial de información de la AAA Gian Paul Luciano Ramos los informes relacionados al progreso de los trabajos de rehabilitación de esa troncal.
“La falta de transparencia sobre el uso de los fondos de recuperación ha sido un mal de fondo desde que pasó el huracán María. Mucho dinero disponible y una mala gestión, burocracia, y sobre todo, enriquecimiento de ciertas compañías que, a costa de esa burocracia, han hecho buena fortuna. Por eso es imprescindible fiscalizar los proyectos como este de la AAA en Arecibo y el impacto de esta ineficiencia en las comunidades”, señaló la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
En la solicitud de información, Carrasquillo Piñeiro pidió saber además cuánto se ha gastado en cada uno de los proyectos que se han iniciado para solucionar el problema de la tubería y cuántos fondos se han destinado para los gastos de generador eléctrico, combustible, filtros o materiales para las bombas del desvío y servicios de seguridad de este equipo desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2025.
Pese a que la periodista dio seguimiento por correo electrónico, al día de hoy la AAA no ha entregado la información.
“Los vecinos de las comunidades, los comerciantes y los pescadores del área desconocen el estatus de este proyecto, ni han participado en la búsqueda de soluciones, y tampoco conocen detalles de la inversión de fondos públicos para atender el problema que lleva casi una década”, dijo Carrasquillo Piñeiro.
El recurso presentado ante el Tribunal de San Juan surge luego de que el CPI agotara todos los remedios administrativos para obtener los datos y documentos. En la demanda, se establece que la negativa de la agencia lacera “los derechos constitucionales de acceso a la información y de libertad de prensa que asisten al CPI”.
Este recurso especial fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
