En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 920 (A-095), una medida de administración, dirigida a prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas, reforzando así la transparencia, la integridad electoral y la protección del sistema democrático de Puerto Rico.
La pieza legislativa propone enmendar los Artículos 2.004 y 5.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”. La medida prohíbe donativos, gastos independientes y la creación de comités políticos por entidades extranjeras. De esta forma, recibió un informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que dirige el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que trabajó el proyecto. A través del informe se recibió amplio respaldo de agencias fiscalizadoras y el Departamento de Justicia.
“Cumpliendo con el compromiso contraído con nuestro pueblo, este Gobierno reconoce la importancia de garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera, que pueda atentar con nuestro sistema democrático”, cita la medida en su exposición de motivos. Igualmente, añade que de esta manera también “protegemos nuestro sistema electoral de otros intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones. Por ello este Gobierno considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunden en fortalecer el derecho electoral, nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas, y con ello, el sagrado derecho al sufragio universal”.
También, de administración recibió aval el Proyecto del Senado 921 (A-096) para enmendar el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de incluir al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) entre los miembros del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Además, de ampliar las funciones de dicho grupo.
“Con estas enmiendas se busca robustecer el aparato institucional anticorrupción del Gobierno de Puerto Rico, fomentando una cultura de integridad y rendición de cuentas en la función pública. Esta medida se alinea con las mejores prácticas internacionales promovidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otras entidades multilaterales que promueven la creación de mecanismos coordinados, preventivos y basados en riesgos”, señala la medida en su exposición de motivos.
De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 673 de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad, para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Planificación en Puerto Rico”. Además, proveer para que la Junta de Planificación, la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, en colaboración con otras entidades adopten las medidas necesarias para la consecución de esta Ley.
La medida en su exposición de motivos menciona que a pesar del alto interés público que reviste la figura del profesional de la planificación, no existe legislación dirigida a reconocer sus aportaciones en el quehacer puertorriqueño. “Son estos profesionales quienes establecen los mecanismos de orientación, coordinación e integración de la política pública para el desarrollo integral de Puerto Rico”, cita el proyecto.
