El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)favoreció el Proyecto de la Cámara 908 el cual impondrá sanciones de hasta 5,000 dólares a los navegantes que ignoren las advertencias de las autoridades durante situaciones de emergencia y utilicen embarcaciones de recreo o vehículos similares.
En vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, el subsecretario del DRNA y Comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz Santiago, manifestó su apoyo a la pieza reconociendo “la necesidad de medidas más firmes para promover la responsabilidad de los navegantes y fortalecer la seguridad pública”.
Ello, ante “la creciente incidencia de personas que desatienden advertencias oficiales durante condiciones atmosféricas peligrosas”.
La agencia presentó enmiendas para “aclarar el procedimiento de imponer los costos y los criterios que justificarían esa determinación”, de modo que quede claramente establecido a las acciones que se enfrentan los violadores de la ley.
Específicamente, sugirió “añadir un inciso que disponga que toda persona que, con conocimiento de advertencia oficiales, incurra en conducta temeraria que provoque la activación de un rescate, será responsable por los costos incurridos y podrá estar sujeta a las disposiciones penales aplicables según la legislación vigente. Esto para reforzar el efecto disuasivo de la medida y evitar que limiten la autoridad estatal”.
Con esta acción, Cruz Santiago sostuvo que la propuesta “le da más garras al asunto” a las agencias de ley y orden para lograr disuadir de estas acciones que han cobrado las vidas de personas que ignoran las advertencias de las autoridades y han puesto en peligro la seguridad de los rescatistas.
Según la medida, presentada por el representante Víctor Parés Otero, por petición del exlegislador Ángel Bulerín Ramos, se establece multas iniciales de $100 hasta $500 por permanecer en cuerpos de agua tras advertencias oficiales.
Además, la agencia tendría la facultad de confiscación de las embarcaciones y vehículos de navegación conforme a la Ley de Confiscaciones del 2011 si se usan durante emergencias.
El deponente planteó que “para garantizar el debido proceso y la consistencia operacional, se recomienda que el estatuto disponga expresamente que se adoptará un procedimiento de notificación, custodia y transferencia, se definirán los derechos del titular y se establecerá un esquema uniforme para la intervención”.
Asimismo, puntualizó la necesidad de incluir en el lenguaje una referencia para que se incluya la coordinación entre la DRNA, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la Policía de Puerto Rico y cuando corresponda la Guardia Costanera, ya que de lo contrario se puede dificultar la ejecución efectiva.
También expresó que además de esta iniciativa, recomiendan que se de paso a la integración del Cuerpo de Vigilantes al sistema 9-1-1 ya que cada mes la Policía de Puerto Rico atiende cientos de llamadas sobre este tipo de incidentes, así que la inclusión de los vigilantes en esta cadena de comunicación amplía los efectivos que pueden responder a las emergencias.
Por su parte, el teniente Wilberto Pérez de la Torre, director de la División de Vigilancia Marítima de la Policía de Puerto Rico, apoyó de igual forma la iniciativa al calificarla como una “propuesta de gran relevancia y necesaria ante las situaciones de emergencias que se suscitan ante el mal tiempo o disturbios atmosféricos que ocurren en los cuerpos de agua”.
Pérez de la Torre propuso que se revalúen las cuantías de las multas paraque se refleje una mayor severidad a estas acciones, elevándolas a un rango de $500 a $1,000 en casos de embarcaciones de recreo o vehículos de navegación en cualquier cuerpo de agua.
Además, sugirió enmiendas al proyecto para que se incluya la facultad de emitir multas “a toda persona que se niegue a desalojar las áreas de bañistas, en playas y cuerpos de agua” aunque no estén utilizando una embarcación, luego que se haya emitido un aviso de condiciones adveras por parte del Servicio Nacional de Meteorología.
A preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, la Lcda. Carla Marrero, ayudante del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, planteó la necesidad que se defina el término de “temeridad” en el proyecto para “que no haya ningún tipo de duda en la aplicación”, cuando se determine que las personas han incumplido con la ley.
Mientras que a preguntas de la representante Odalys González González, los deponentes señalaron que dentro del reglamento se debe determinar cómo se calculan los costos en que incurren las agencias para realizar el rescate.
“Para mí es muy importante seguir trabajando con este tema, porque por sobre todas las cosas tenemos que cuidar a nuestros rescatistas, como salvaguardamos a estos profesionales que ellos con tal de hacer su trabajo están dispuesto a arriesgar su vida, pero hay una familia también que estaría sufriendo”, manifestó la legisladora González González.
La presidenta de la Comisión, la representante González Aguayo anunció que próximamente se realizará otra vista pública y citarán al Departamento de Justicia y la Guardia Costanera entre otras agencias para analizar la propuesta.
“Creo que debemos atender con mucha responsabilidad esta pieza y, más que imponer una multa o imponer la incautación de cualquier embarcación, lo que pretende la medida es ser un disuasivo para que las personas que utilicen estas embarcaciones no pongan en riesgo su vida, y la de los rescatistas cuando ya ha habido una alerta por el Servicio Nacional de Meteorología”, dijo la legisladora.
A la discusión del tema se unió también el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
