La empresa S2 Services Puerto Rico, encargada del sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan, rehúsa cesar operaciones y remover sus equipos, esto a pesar de que recibió una carta de cancelación de operaciones el 25 de agosto.
La denuncia la hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Vetranos de la Cámara de Representantes, José Aponte, quien destacó que el imcumpliento ha sido tan “temerario” que la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) acudió hoy al Tribunal de Primera Instancia de San Juan con un recurso de ‘Entredicho Provisional e Injunction Preliminar y Permanente’
“El 25 de agosto, la Autoridad de los Puertos envió una carta al señor Jonathan Fleming, presidente de la empresa S2 Services, requiriendo el cese y desista de sus operaciones dando unos 90 días para ello, periodo que culminó el 25 de noviembre. Sin embargo, esta compañía ha hecho caso omiso a este pedido, no quiere parar sus operaciones y no se ha llevado ninguno de sus equipos para escaneo de furgones del área de los muelles en Puerto Nuevo”, comentó Aponte en declaraciones escritas.
“Este contrato con S2 Services, quedó nulo para todos los efectos el 30 de diciembre de 2011, según el propio operador del sistema, porque en ese entonces la APPR incumplió con las cláusulas del mismo, las cuales se aplicaron cancelando el acuerdo. En el peor de los casos, el contrato terminó el 11 de agosto de 2023, luego de haber vencido el tiempo-11 años y 9 meses- originalmente establecido en el contrato. De todas formas, ese acuerdo expiró”, sentenció el legislador del Partido Nuevo Progresista.
“La empresa (S2 Services) aceptó la terminación de cualquier consideración contractual con el gobierno de Puerto Rico en una carta enviada a la APPR el 27 de agosto, pero a pesar de esto, todavía no ha hecho nada para remover sus equipos y cesar operaciones. Ésto es una actitud temeraria que infringe los derechos de nuestra gente. Apoyamos la acción de la Autoridad de los Puertos y nuestra gobernadora, Jenniffer González, y nos unimos a la exigencia de que esta empresa remueva sus máquinas de los predios que actualmente ocupa, sin mediar contrato”, agregó el también expresidente de la Cámara Baja.
El programa de escaneo se crea bajo el amparo de la Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2008, mejor conocida como ‘Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria’, así como la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico).
El 7 de octubre de 2009 la APPR firmó el contrato número 2010-000078 en registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico con el propósito de inspeccionar la totalidad de los contenedores que entran a los muelles de la bahía de San Juan.
El 15 de mayo de 2019, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el Informe Especial número CP-19-04, donde señala que el contrato para la inspección de furgones contiene ‘cláusulas leoninas’ pues, mediante enmiendas al contrato original, se estipuló pagar a la compañía contratada una tarifa base por el 100 por ciento de los furgones que entran al puerto independientemente de que estos sean inspeccionados o no.
El 25 de agosto la Gobernadora anunció la cancelación de las operaciones del sistema.
