La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la Legislatura presentó un proyecto que, de convertirse en ley, garantizaría que no se repita en ninguna agencia del gobierno el ejercicio de arbitrariedad y abuso de poder mediante el cual el titular designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó el archivo de varias querellas relacionadas con la ubicación ilegal de casetas en la Parguera, con la tala también ilegal de especies protegidas como los mangles, y con la alteración de hábitats de especies vulnerables.
Entre los imputados beneficiados por la acción del nominado Secretario del DRNA están los suegros de la señora Gobernadora.
“La Orden Administrativa del Sr. Waldemar Quiles no sólo constituye una violación al debido proceso y a la igual protección de las leyes en aquellos casos en que se buscaba adjudicar responsabilidad por actos ilegales contra los recursos naturales; es también un peligroso precedente para otras agencias. ¿Puede un Secretario de Justicia ordenar a su capricho el archivo de casos de corrupción contra funcionarios del partido en el gobierno? ¿Puede el titular del Departamento del Trabajo disponer que se archiven querellas contra patronos que han contribuido a campañas políticas? Con esta medida, buscamos asegurar la clara interpretación de la letra de la ley que, por lo visto, a juicio del régimen González Colón, no basta para guiarles en el curso de la administración de la justicia”, indicó la Senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
El portavoz cameral del PIP, Denis Márquez Lebrón, agregó que “este proyecto que hemos radicado es un mecanismo para proteger el debido proceso de ley en las agencias del gobierno tal y como reclaman los querellantes que exigen que los casos que radican se vean en sus méritos. Es, además, una proteccion al interés público que no puede evadir la responsabilidad de que los casos se decidan en sus méritos”.
“Esta medida busca garantizar la transparencia y objetividad en los procesos que se ventilan ante las agencias. En la medida que la ley esté clara, su letra no estará a la voluntad del despotismo de los gobiernos de turno como el actual que han utilizado un jefe de agencia para resolver un caso a favor de los familiares de la gobernadora”, dijo por su parte el portavoz alterno del PIP en el Senado, Adrián González Costa.
Finalmente, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, representantes por acumulación del PIP, cuestionaron la utilización del poder gubernamental para promover la impunidad en claras violaciones a la ley con el agravante de casos vinculados a familiares o allegados a funcionarios como es el caso de las casetas ilegales en La Parguera.
